Buques venezolanos podrían ser embargados por deuda de 500 mil dólares con naviera de Uruguay

Un buque de Venezuela podría ser embargado en cualquier puerto del mundo debido a una deuda de sólo 500 mil dólares que el gobierno de esa nación mantiene con una empresa uruguaya de servicios marítimos, y que no ha sido cancelada por retrasos burocráticos.







La medida, que incluye una interdiccion o prohibición de salida de puerto, podría ser intentada en cualquier momento y puerto del mundo por la compañía Grupo Atlansur que prestó servicios de logística portuaria a Venezuela durante 2012 en el marco de una alianza estratégica con la estatal Venezolana de Navegación (Venavega).

La deuda ha sido reconocida por las autoridades de la empresa de navegación venezolana desde el año 2015 y por el Ministerio de Transporte según documentos a los que tuvo acceso el portal de periodismo de datos La Tabla.

Sin embargo el pago no se ha podido concretar por razones burocráticas ya que falta la autorización de la Procuraduría General de la República, solicitada por el Ministerio de Transporte el 20 de junio, tras la aprobación del correspondiente punto de cuenta hace dos meses. Para el representante de la empresa uruguaya no está claro el motivo del retraso, pues paradójicamente se disponen de los recursos en divisas para hacerlo a través del fondo formado por las tasas y servicios que cobra el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

La medida de embargo y la interdicción de buques está prevista en el derecho marítimo internacional de acuerdo con el Convenio Internacional de Ginebra de marzo de 1999.

El mecanismo le permite a los beneficiarios de "créditos marítimos" solicitar ante un juez el embargo y la retención por parte de las autoridades portuarias del buque que se constituye en garantía de las obligaciones.

La medida está orientada a causar daños al deudor y forzarlo a cumplir en forma inmediata con el pago, ya que la embarcación queda fuera de operación.

Si bien la acción no ha sido tomada, un vocero cercano a la compañía uruguaya confirmó que ya iniciaron consultas en tal sentido.

Se trata además de una medida de muy rápida aplicación pues sólo requiere el envío de un telegrama al capitán del puerto donde se haya localizado la embarcación. La interdiccion de salida es inmediata y el solicitante tiene un lapso de 72 horas para sostener su requerimiento ante un juez.

La acción podría incluso ser ejecutada contra buques petroleros venezolanos o contra buques de otra bandera que transporten mercancía por cuenta del gobierno venezolano.

La ejecución de una medida de ese tipo pudiera causar graves daños al sistema de abastecimiento en Venezuela pues pudiera ser imitada por otros acreedores o usada por otros actores como parte de la guerra no convencional contra la nación suramericana.
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