Burguesía importadora usa declaratorias de emergencia para mantener flujo de divisas

Víctor Hugo Majano
Misión Verdad

Las declaratorias de emergencia, tanto alimentaria como farmacéutica, impulsadas desde la Asamblea Nacional tienen como propósito principal obligar al Gobierno a mantener el flujo de divisas destinadas a financiar las importaciones de la capa comercial de la gran burguesía y de las corporaciones transnacionales dedicadas a la comercialización de bienes de consumo masivo.

Si bien la agenda propuesta también tiene objetivos de política nacional y de carácter geopolítico, su centro es garantizar que una parte específica del ingreso petrolero sea transferido a las empresas importadoras de alimentos, agrupadas en la patronal Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea).

El gremio es un apéndice operativo del conglomerado de alimentos y bebidas Empresas Polar, y es dirigido por funcionarios de la organización. Su actual presidente (2015-2017) es Manuel Larrazábal, director de Alimentos Polar, y lo precedió Pablo Balayar, director de operaciones del grupo.

Por lo tanto, sus propuestas son similares a las que también ha presentado el presidente de Polar, Lorenzo Mendoza Giménez, lo cual se puede verificar al comparar los planteamientos de Cavidea, divulgados el jueves 28 de enero, y los del empresario el martes 2 de febrero.

Claves de la situación planteada:

El plan de Cavidea-Polar está anclado en cuatro objetivos, a saber, uno, el acceso oportuno y "suficiente" a las divisas; dos, el incentivo a la producción nacional de cuatro rubros agrícolas (maíz blanco, café, arroz y cacao), que son materia prima del sector; tres, ajustar y revisar precios de productos regulados; y cuatro, derogar de hecho las protecciones laborales previstas en la LOTT.
Con respecto al acceso a las divisas, el carácter de "suficiente" ya lo determinó Cavidea, cuando el pasado 10 de diciembre informó que las necesidades del sector sumaban el 10% de los ingresos petroleros a precios actuales. Es decir, entre 3 mil 500 y 4 mil millones de dólares, con base en un ingreso de 40 mil millones de dólares.
Adicionalmente el gremio (y Polar tras la propuesta) exige el reconocimiento de la deuda comercial con los proveedores externos. Para ello incluso proponen un refinanciamiento con base en títulos de la deuda soberana, deuda de Pdvsa o emisiones de nueva deuda. Y adicionalmente exigen mecanismos de pagos a la vista para reactivar el suministro de materia prima, empaques, entre otros. Esta exigencia ha sido reiterativa de Polar y explica los planteamientos de la conversación Hausmann-Mendoza, en la que planteaban la necesidad de recurrir a financiamiento del FMI. Asimismo, en agosto de 2014, Hausmann y su equipo asomaron posturas sobre la necesidad de reconocer la deuda comercial incluso planteando como opción la declaratoria de una suspensión de pagos.
Con respecto a la revisión de los precios regulados, Cavidea ha propuesto ajustes tales como que la harina precocida de maíz se debe incrementarla a 81 bolívares/kilo, el arroz a 102, la pasta a 141 y el aceite vegetal a 212 bolívares/litro. Eso equivale a ajustes de entre 400% y 1000%.
Por lo tanto, la declaratoria de emergencia alimentaria apunta a impulsar en concreto las acciones propuestas por Cavidea por la vía de la presión política y pública sobre el Ejecutivo y sobre los distintos organismos con competencias concretas. Por ejemplo, obligar a las inspectorías del trabajo a aprobar calificaciones de despido o a la Sundde a ajustar los precios.
Por otro lado, también la fracción empresarial en la AN va a impulsar la aprobación de la Ley de Producción Nacional, que forma parte de la oferta legislativa presentada por la alianza opositora durante la elección parlamentaria. Esta es una ley paraguas que busca impulsar una acción de desregulación generalizada con la idea de un proceso de simplificación de trámites para estimular la productividad, entre otros fines.
Con la propuesta de emergencia alimentaria (y antes la farmacéutica) la oposición construye su propia versión de la emergencia económica, previstas como estado de excepción, y presentada en el decreto del 15 de enero. Debe anotarse que en la medida en que el Ejecutivo no avanzó en la concreción de las medidas delineadas en el decreto, se creó un vacío que ha sido asumido por la MUD y un sector empresarial para imponer su visión y sus opciones de gestión de la situación, aun preservando y explotando acertadamente el carácter excepcional de la misma. Lo más preocupante es que ha colocado al equipo económico en una posición que se interpreta como de paralización, mientras se asume que deben tomarse decisiones urgentes, en virtud de la emergencia.
Adicionalmente, la declaratoria de emergencia alimentaria tributa a la agenda global, de carácter geopolítico, que impone un conjunto de condiciones políticas y simbólicas que justifiquen, legalicen y legitimen una intervención externa, bien sea multilateral o, incluso, unilateral.

Líneas de acción propuestas:

En lo político y simbólico el gobierno debe retomar la agenda del decreto de emergencia económica, es decir, reiterar que la situación de escasez inducida y caotización de la distribución es parte de una ofensiva contra la nación y que, por tanto, requiere de acciones extraordinarias conforme al carácter excepcional de una "guerra económica".
Más allá de las medidas ya previstas o delineadas en el decreto, el gobierno debe ejecutar un conjunto de acciones que garanticen que sea percibido como poseedor de la autoridad y como acompañante del pueblo en un momento tan difícil. Eso incluye tareas como inspecciones públicas de las plantas y centros de distribución de las empresas de alimentos privadas y/o públicas, actuaciones directas del presidente Maduro y de los ministros de la economía en centros de producción y disposiciones administrativas que puedan incidir en procesos esenciales (por ejemplo, una instrucción para masificar el acceso a puntos de ventas para simplificar los pagos). Obviamente todas estas acciones tendrían una extraordinaria y contundente difusión.
Informar sobre el plan de Cavidea-Polar para seguir apoderándose de los ingresos petroleros y anunciar una revisión detallada del destino de las divisas que se le adjudiquen. Comenzar a hacer la acupuntura digital de divisas propuesta por el presidente Maduro.
Para el gobierno, y posiblemente para ningún inversionista, no tiene sentido operar unos activos con procesos tan onerosos, ineficientes y altamente dependiente de las importaciones, como los de Empresas Polar. Por lo tanto no estaría planteada ninguna expropiación, confiscación o intervención, u otro mecanismo distinto a lo previsto en el decreto de emergencia económica. Al contrario, lo que está planteado es la participación de todos en la superación de los efectos de la guerra económica.
Abrir el debate sobre la revisión y ajuste de los precios de los bienes regulados, tanto de los actuales como de los correspondientes al Plan 50. Esto pasa por una exposición transparente de todos los componentes de costo así como de los métodos usados para su cálculo.
Acompañar al pueblo e impulsar en lo político, comunicacional y tecnológico lo que la sociedad está haciendo para superar las consecuencias de la guerra económica, como, por ejemplo, la producción alternativa de alimentos o de productos de higiene personal y del hogar.
Asegurar la difusión y promoción de todas las tareas que el gobierno y la gente han asumido para enfrentar la guerra económica. La idea es transmitir una visión de actividad constante y de respuesta a cada cosa.
Garantizar que los aspectos geopolíticos involucrados en este y otros procesos sean divulgadon oportunamente y comprendido por amplios sectores sociales.

Misión Verdad