ANÁLISIS
VICTOR HUGO MAJANO
Quienes vivimos en las ciudades dormitorio, aún no perdemos el asombro al ver cómo las líneas de transporte suburbanas fijan sus tarifas (por su cuenta y a la brava) en abierto desafío al Estado, al Gobierno y a los usuarios.
Nunca, en varios años, los transportistas han cumplido con las tarifas fijadas en las resoluciones conjuntas de los ministerios de Comercio y de Transporte y Comunicaciones, que son los entes con las atribuciones de fijar los precios de los bienes y servicios regulados. Y el transporte público está y debe estar regulado, tanto en sus precios como en las condiciones de operación.
El jueves en Ciudad CCS publicamos lo que ocurre: todas las rutas tienen sobreprecios de por lo menos 20% con relación a las tarifas establecidas en la Gaceta Oficial N° 34.403 del 14 de abril de 2010. Y eso, repetimos, hace mucho –quizá 5 o 6 años– que ha sido así.
Para “legalizar” tarifas propias, los transportistas diseñan avisos con la primera página de la Gaceta Oficial, colocan los datos de la resolución y, en letras más grandes, el precio. Pero no el que fijó el MTC y el Ministerio de Comercio, sino el que los directivos de las líneas decidieron. Eso lo decía ayer en otra nota Mario Iriarte, del Comité de Usuarios de Transporte de los Valles de Tuy, y explicaba que los dirigentes firman y sellan los carteles lo que evidentemente es un engaño al ciudadano y un fraude al Estado.Lo habitual cuando se viola la ley es hacerlo a escondidas. Hasta los atracadores se ocultan el rostro cuando actúan. El delito siempre debe expresarse clandestinamente. Pero en este caso, el desacato a la ley y el robo al usuario se ejecuta abiertamente. Y como si no fuera suficiente amenazan con nuevas violaciones: ya decretaron un aumento de 30% para mañana. Y casi no tengo dudas de que lo harán efectivo. Quisiera creer que MTC e Indepabis actuarán diligentemente para hacer respetar los derechos de la gente.
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