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| El pollo descompuesto era tratado con químicos para ocultar su mal estado |
Se trata de Antonio Sergio Henríques Dos Santos y Almirio Nunes de Ornelas quienes son los accionistas de las empresas Comercializadora Avicomar y Distribuidora de Alimentos Biangimar, ubicadas en la Zono Industrial de El Tambor, Los Teques, capital del estado Mirando, a unos 25 kilómetros al sur de Caracas.
Antonio Sergio Henriques, socio mayoritario
Otro lote de pollo fue tratado con químicos para ser posteriormente vendido.“Estamos en presencia de un acto de acaparamiento de productos desde el mes de enero, pero también debemos resaltar el hecho criminal de alterar con químicos esta mercancía y pretenderla vender atentando contra la salud del pueblo venezolano”, señaló Contreras.
La autoridad destacó que al momento del primer abordaje la Contraloría Sanitaria ordenó el cierre del establecimiento por 120 horas, por los altos niveles de insalubridad presentados en el local, donde además se detectó la manipulación y alteración con químicos de los alimentos almacenados en las cavas refrigeradoras.
“Encontramos 19 mil 458 kilos de pescado los cuales no están aptos para el consumo humano y 37 mil 781 kilos de pollo y gallina los cuales estamos esperando los resultados de laboratorio por parte de la Contraloría Sanitaria”, acotó la autoridad.
Especulación y evasión fiscal mediante “clientes V.I.P.”
Contreras detalló que al revisar la operatividad comercial de las empresas se detectó la venta a clientes denominados V.I.P. para evadir la regulación establecidas por la Sundde.
“La empresa distribuía el pollo a clientes denominados V.I.P. que son empresas prestadoras de servicio de catering, con altos márgenes de sobreprecio, recordamos que el kilo de pollo entero está regulado a Bs 850 y ellos lo vendían a Bs 2.125, generando un margen especulativo de 150%”.
Entre los clientes de las empresas se encuentran Restoven, Sodexho, Evcaven, Alservi y Pdvsa Intevep, entre otras, según el Servicio Nacional de Contrataciones.
Agregó que los dueños de esta empresa tienen además granjas de cría de gallina, pollo, centros de distribución, y establecimientos comerciales en el Mercado Mayor de Coche.
Por su parte se pudo verificar, en la investigación adelantada por LaTabla.com que también son propietarios o están relacionados con panaderías y supermercados en el centro comercial La Cascada (en Carrizal), El Cabotaje (en Los Teques) y en OPS y El Picacho en San Antonio de Los Altos.
En relación a los delitos socioeconómicos penados por la Ley Orgánica de Precios Justos, cometidos por las empresas, señaló acaparamiento (art. 52), boicot (art. 53), desestabilización económica (art. 54), especulación (art. 49) así como “violentar el derecho a la alimentación y poner en peligro la salud del pueblo no solo son delitos económicos, también son delitos de derechos humanos”.
El procedimiento continúa en proceso de investigación toda vez que sean entregados los resultados de laboratorio de los exámenes hechos a la carne del pollo. “Aquí seguramente habrán detenidos y severas sanciones. Hay que denunciar los mecanismos de la guerra económica y del cómo operan”, aseguró.
Por su parte el Jefe de la Zona de Defensa Integral del estado Miranda, G/D Pedro Álvarez Bellorín, manifestó que en la inspección se encontraron siete mil 057 bombillos ahorradores de luz, pertenecientes a la misión de ahorro energético (Misión Luciérnaga), “no hay ningún elemento comprobante que les permita tener estos productos en sus depósitos”.
Reiteró el compromiso del cuerpo castrense en cuanto al acompañamiento de la seguridad de los organismos pertenecientes a la GMASS. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana solo resguarda las instalaciones visitadas por los organismos civiles, esto no significa una militarización como señala la oposición, por ello hacemos un llamado a los trabajadores de esta empresa que sus derechos laborales serán respetados”, indicó.
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