1. La única opción productiva viable en el mediano plazo, que garantizaría la supervivencia de la capa dominante de la burguesía colombiana, exige el control geopolítico del eje fluvial binacional conformado por los ríos Meta, Arauca, Apure y Orinoco, pues este constituye la ruta de desplazamiento de la producción agroindustrial de la Orinoquia colombiana.
2. El área más apetecida de la Orinoquia está conformada por la altillanura localizada en los llamados Llanos orientales y que comprenden los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, donde se estima que hay unos 8 millones de hectáreas de tierras aprovechables para el desarrollo industrializado de cultivos como maíz, arroz y soya.
2. El área más apetecida de la Orinoquia está conformada por la altillanura localizada en los llamados Llanos orientales y que comprenden los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, donde se estima que hay unos 8 millones de hectáreas de tierras aprovechables para el desarrollo industrializado de cultivos como maíz, arroz y soya.
3. No es exagerado decir que es la única opción de producción extractivista de riqueza, toda vez que las reservas petroleras de Colombia no superan los 6 años y la extracción de carbón en los departamentos de César, Guajira y Norte de Santander tienen elevados costos tanto financieros como sociales, ambientales y de infraestructura, que aparentemente ni la burguesía ni sus socios transnacionales están dispuestos a asumir. De hecho las principales facilidades de exportación se encuentran en territorio venezolano (puerto de La Ceiba, en el estado Trujillo).
4. Por otro lado la opción exportadora ligada con la firma del tratado de libre comercio con EEUU no es viable por la propia naturaleza del mismo, que está destinado a favorecer la actividad de industrialización de las grandes corporaciones de alimentos que ven a Colombia como un mercado más que como un centro de producción. Los resultados indican una caída en las exportaciones tras la firma del tratado.
5. Por lo tanto desde hace cerca de una década los sectores dominantes del empresariado pusieron su atención en esta región con el fin de entregarla a las corporaciones mundiales de producción de materias primas de origen agrícola para la producción industrial intensiva. Eso ha exigido el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas a través de la violencia paramilitar, reformas legales para permitir la concentración de tierras y la realización de estudios dirigidos a sustentar la viabilidad económico-financiera y especialmente garantizar la movilidad de equipos, insumos y de la producción por medio de rutas fluviales. Es decir, el uso de los ríos que conforman una autopista fluvial al conectarse con el Orinoco y conducir al mar, como vía de exportación.
6. Esto exige, en consecuencia un control geopolítico y social de la burguesía nacional colombiana sobre el territorio venezolano, especialmente sobre la ribera norte del canal fluvial, lo que comprende los estados Apure, Barinas, Amazonas, norte de Bolívar y sur de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.
7. Ese requerimiento de Colombia ha conducido, sin duda alguna, a una colombianización del territorio venezolano, lo cual ha incluido el desarrollo de prácticas y de una trama de relaciones productivas y sociales orientadas a asegurar en el mediano plazo y por la vía de los hechos el control de dichos espacios.
8. Uno de los mecanismos más eficientes para tal propósito ha sido la defensa y el fomento del latifundio, lo cual ha tenido sus expresiones más definidas en Apure y Barinas, donde se vienen utilizando técnicas propias del paramilitarismo colombiano para impedir el avance de la Revolución Agraria impulsada por el Comandante Chávez y cuya expresión jurídico-institucional es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
9. Un ejemplo de esta situación lo constituye el predio conocido como Gavilán-La Chaqueta localizado en el sur del municipio Barinas, parroquia Santa Lucía, el cual fue declarado improductivo por el Inti y finalmente ordenado su rescate total en agosto de 2015, así como autorizado el ingreso de las familias campesinas organizadas a un área de resguardo. Llama la atención que la serie de actuaciones, a favor del latifundio y contra un colectivo campesino que intenta rescatar el predio de más de 4 mil hectáreas, se amparó en la presunta existencia de algún interés o vínculo de importantes dirigentes del chavismo con la posesión de dicho de predio. Este es un resumen puntual de la situación que se registra allá.
El proceso, de carácter agrario, derivó a una situación en la que se usa la jurisdicción penal para criminalizar las actuaciones administrativas y judiciales y culminó con la privación de libertad de tres de los voceros de los productores. Estos son Wiston Olivera, Nancy Molina (aprehendidos el jueves 31 de marzo de 2016) y Alexander Soto (aprehendido en el Circuito Penal de Barinas, cuando asistía a la audiencia de presentación de sus compañeros). El proceso fue impulsado por la fiscalía tercera de Barinas ante una denuncia del presunto propietario del predio, Manuel Edgardo Mansilla, quien los señala como invasores en virtud de la ocupación parcial del área por instrucciones del Inti tras la aprobación del rescate. Valga precisar que de acuerdo con la sentencia N° 1881 dictada por la Sala Constitucional el pasado 8 de diciembre de 2011 se ratificó la desaplicación de los artículos 471-a y 472 del Código Penal Venezolano, en aquellos casos donde se observe un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria. Durante la presentación de Alexander Soto, la juez de control María Violeta Toro lo agredió verbalmente y calificó como “basura” a los campesinos. Los tres estuvieron privados de libertad hasta el 21 de abril de 2016 luego de que se aprobara una medida sustitutiva, tras una manifestación campesina. El rescate se inició en 2012 cuando la cooperativa El Samán Liberador denunció la situación improductiva.. En diciembre de 2014 el directorio del INTI declaró el carácter ocioso de las tierras. Y finalmente el 10 de agosto de 2015 el mismo directorio aprobó el rescate total de las 4 mil 312 hectáreas. Once días después el representante del latifundio introdujo una solicitud de medida de protección de la producción agroalimentaria y un amparo constitucional al derecho de propiedad por ante el tribunal superior agrario cuarto de Barinas. El 24 de agosto de 2015 el juez Douglas Villamizar otorgó esas medidas. Para entonces los campesinos se encontraban ejecutando una medida de resguardo y realizando actividades productivas en un área de 40 hectáreas definida por el Inti, organismo que autorizó su ingreso al predio el 14 de marzo de 2015. El 18 de diciembre el juzgado agrario comisionó a la GNB para que practicara el desalojo que fue ejecutado el 24 de diciembre. Tres días después, el 27, Mansilla ingresó 700 mautes al hato con la intención de simular que las tierras se encontraban en producción.. En dicha operación unidades de la GNB custodiaron los camiones con el ganado. El 13 de enero de 2016 una nueva inspección del Inti ratificó el carácter improductivo del hato y que el ganado que allí se encontraba no se había desarrollado en el área. Sin embargo, con el cambio de autoridades en el ente de tierras, el proceso se detuvo. Ante la falta de salidas inmediatas el colectivo decidió ingresar nuevamente al hato el pasado miércoles de la semana santa. Es necesario precisar que ingresaron con el fin de continuar con la producción por lo que la acusación de incendio, formulada por Mansilla, es absurda pues sería atentar contra los recursos que garantizan su gestión de agricultura y cría. El señor Mansilla actua como apoderado de una firma mercantil que dice poseer unos 14 predios que sumarían un área de entre 20 mil y 25 mil hectáreas. Se trataría por tanto de uno de los grandes latifundios de los Llanos occidentales. Datos de organizaciones campesinas indican que unas 4 mil familias de la entidad deambulan en distintos sectores de la región en busca de tierras para trabajar y producir alimentos. A esto hay que sumar el incremento de la población debido a que el efecto de la situación económica ha promovido una importante migración de retorno al campo.
10. Como se evidencia de las notas se trata de un procedimiento sistemático y ordenado tendiente a desplazar del territorio a pobladores locales que puedan ejercer actividades productivas, sociales y políticas en el marco del Plan de la Patria y que de ese modo podrían obstaculizar los planes de ocupación que favorezcan a la burguesía colombiana.
11. En esa región está documentado que se realizan actividades de contrabando de extracción de alimentos y combustibles por vía fluvial, toda vez que se trata de un predio ribereño del río Apure. Datos de autoridades en la materia reportan que la estación de gasolina ubicada en Santa Inés registra un muy elevado volumen de ventas y que la población de Santa Lucía consume tanto arroz con la ciudad de Barinas, capital de la entidad.
12. Asimismo los lugareños reportan que cada noche se escuchan y observan pequeñas aeronaves que sobrevuelan el área a baja altura, realizando probablemente el transporte de droga con destino final a EEUU a través de las islas del Caribe, Honduras y México.
13. Debe recordarse que el eje Bruzual-Libertad-Guanarito, que permite conectar tres estados con el centro del país, ha sido usado por capos de tráfico de drogas y jefes paramilitares colombianos para ocultarse en los últimos 6 años.
14. Llama la atención la existencia de una aparente colaboración de oficiales locales de la GNB con las personas que se proclaman poseedores de tales tierras.
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