Estos son los elementos claves del proceso que hoy conmociona a Venezuela:
1. Entre los planes del Comando Sur de EEUU para derrocar a Nicolás Maduro se encuentra un conjunto de medidas para provocar el colapso de la industria petrolera a través de la reducción de la producción en forma catastrófica. Hay al menos dos formas de hacerlo sin generar sospechas inmediatas de un sabotaje.
2. Una de esas es la programación de fallas y averías derivadas de la suspensión deliberada de los programas de mantenimiento. De esa manera se causarán "accidentes" como roturas de tuberías, colapso de válvulas, detención de dispositivos de control y pérdidas de fluidos inflamables que puedan generar incendios y explosiones. Este proceso de sabotaje no es desarrollado como una acción conspirativa directa sino por omisión y estimulado por la posibilidad o la necesidad de contratar o comprar, en forma de adjudicación sin concurso, servicios y productos necesarios para restablecer operaciones tras las fallas. Este mecanismo explica que más del 60% de las órdenes de compra en la FPO se hayan hecho en los últimos años sin concursos.
3. El otro mecanismo es la creación de dificultades para garantizar el suministro de agregados emulsionados requeridos para el procesamiento de los crudos pesados y semipesados. Se trata de insumos importados en torno a los cuales se han fomentado dificultades para eliminar los créditos comerciales de corto plazo aceptados por los proveedores, o promoviendo conflictos para que grupos de poder escojan arbitrariamente a un proveedor. Al igual que en el punto anterior, la justificación para tal acción es el interés de gerentes en una comisión por adquirir tales insumos. Un caso que muestra cómo funciona esta modalidad de sabotaje es el de Petrozamora en el estado Zulia, develado hace dos semanas.
4. La mayoría de las empresas y sus directivos y socios involucrados en el desfalco de la FPO mantiene compañías y propiedades como viviendas y aeronaves en territorio de EEUU, a donde viajaban frecuentemente y sin ninguna restricción. Incluso, varios de ellos se habían mudado en forma permanente quizás con el fin de evadir la acción de la justicia. Hay serios indicios que permiten suponer que todo ello se venía haciendo con la aprobación del gobierno de EEUU. Paradójicamente los jefes de los poderes públicos de Venezuela y cuadros militares y de inteligencia fundamentales se encuentran sancionados por el gobierno estadounidense.
5. Adicionalmente, debe reseñarse que en la FPO la participación necesaria de funcionarios de dirección en el esquema de corrupción, así como dirigentes políticos locales. En este caso concreto destacan el ex director ejecutivo de la Faja, Pedro León, y el actual alcalde de Guanta, Jonnathan Marín. Las investigaciones han comprobado una relación de negocios entre estos dos funcionarios y el grupo Cuferca, quienes desarrollaron una estructura empresarial que incluye un diario, una red de clínicas y farmacias, proyectos hoteleros en el Caribe y compañías de gestión de inversiones en Panamá y el sur de Florida, en EEUU. Destaca la frecuencia, cinco veces este año 2017, de viajes de Marín al territorio estadounidense y la inmensa gama de activos a nombre de su familia.
6. En el caso de Petrozamora, el órgano de investigación -la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)- determinó que parte del grupo de gerentes habría recibido ofertas de la inteligencia gringa para facilitar su asilo en su territorio y legalizar todo o la mayor parte de los capitales obtenidos fraudulentamente.
7. La reciente comparecencia del general corrupto Hebert García Plaza ante las audiencias especiales de la OEA, demuestra cómo es el mecanismo del golpismo y la conspiración con la captación de cuadros del Gobierno y sus empresas para el sabotaje. El objetivo final es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
8. Las acciones de sabotaje ya descritas han impactado negativamente a la industria con una importante reducción del volumen producido (podría estar cerca del 20% menos del tope del acuerdo OPEP-No OPEP), y un incremento de los costos de producción que ya supera los 20 dólares por barril.
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