La investigación del multimillonario desfalco a PDVSA por contrataciones con sobreprecios de al menos 200 por ciento, ha revelado la existencia de una estructura mafiosa que reunía a altos funcionarios del Ministerio Público, importantes gerentes petroleros y empresarios de distintas magnitudes detrás del botín de las millonarias contrataciones en divisas requeridas para las operaciones en la mayor reserva energética del mundo.
Este documento muestra, punto a punto, los mecanismos y principales actores del esquema de corrupción que desde hace varias semanas viene develando la Fiscalía General, tras la destitución de la anterior rectora del organismo responsable de impulsar la acción penal.
Estos son los datos:
Pedro León Rodríguez, como director ejecutivo de la Faja del Orinoco, desde 2010 hasta febrero de 2017, otorgó contratos o facilitó la contratación a una serie de compañías de servicios y de suministros en los que se ha podido determinar, a través de auditorías realizadas por PDVSA, la existencia de sobreprecio en una magnitud superior al 200 por ciento.
Pedro León Rodríguez, exdirector ejecutivo de la Faja del Orinoco
En concreto, un estudio de una muestra de 12 contratos adjudicados directamente a 10 compañías(definidos como de alto riesgo) arrojó como resultado un sobreprecio de 230 por ciento.
Estos 12 contratos se hicieron por un monto de 114 millones de dólares, sin embargo los precios referenciales de los pedidos efectuados en realidad eran de 38 millones. Es decir, se determinó que el sobrecosto fue de 75 millones de dólares.
La auditoría reveló que el impacto financiero de las contrataciones de estas empresas fue de cerca de 200 millones de dólares. El cálculo se realizó considerando un conjunto de pagos, por 472 millones de dólares, efectuados a las 10 compañías en los seis años del estudio.
Las compañías involucradas en el desfalco, en este primer estudio piloto, son: Nalco Venezuela, SDV Energía e Infraestructura, Sumiservic 2021, Capriservis, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicios, Construcciones y Mantenimiento Romara, Constructora Urbano Fermín (Cuferca), Metroemergencias, Tradequip, y Derwick Associates.
Un ensayo de clasificación de las compañías indica que las dos primeras son de corporaciones transnacionales con más de 30 años de constitucion.
Las siguientes cinco son de reciente creación (10 años), relacionadas con empresarios y políticos locales y con un acelerado crecimiento tanto en el sector petrolero e industrial, como en actividades de comercio y servicios en Venezuela y el Caribe.
Mientras que las últimas tres están relacionadas con organizaciones impulsadas por capitales nacionales, aunque con participación de capital internacional y relacionadas con denuncias por irregularidades en contrataciones con PDVSA en otras unidades o proyectos.
La compañía Cuferca, propiedad de un grupo empresarial liderado por Carlos Urbano Fermín, es una de las más llamativas del conjunto. Se trata de un conglomerado formado originalmente por la constructora, una compañía de transporte y una distribuidora de maderas. Sin embargo a ese núcleo hay que incorporar el diario El Norte, que habría sido adquirido en 2014.
Asimismo hay señalamientos sobre la integración y asociación con un consorcio denominado Meditotal, que incluye clínicas en varias ciudades de Anzoátegui, una red de farmacias en todo oriente, servicios odontológicos. En el exterior Urbano Fermín aparece como directivo de tres compañías inscritas en Miami en 2012, incluyendo una constructora y la firma Gran Coque, que lo liga con negocios relacionados con el manejo de este subproducto del proceso del petróleo pesado. También es dignatario de seis firmas creadas en Panamá en 2014, y de una en República Dominicana en 2016.
El grupo Cuferca es socio de la empresa mixta, Servicios Logísticos Petroleros Orinoco, con PDVSA como socio principal, constituida en octubre de 2014. Una inspección del cuerpo de inspectores de la Presidencia no logró tener acceso a los documentos de la compañía mixta, según un informe de junio de 2015 que fue filtrado.
Cuferca mantiene una relación de negocios con el alcalde de Guanta, Jonathan Marin, la cual quedó demostrada en febrero y marzo de 2017 tras realizarse varios allanamientos (por otra investigación por la adquisición de monoboyas) en los que hallaron contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde.
En un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA, se localizaron documentos de las empresas que habían sido del alcalde Marín, y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, como la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro. Al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron documentos que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos.
También otros documentos que relacionan las empresas de la pareja Marin-Villanueva con empresas del grupo Cuferca. Entre otros, cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva-
El alcalde Marín ha actuado públicamente como un socio de Cuferca y ha prestado su apoyo durante conflictos laborales de trabajadores de esa empresa, según reportes de prensa. Su esposa, Esneidy Villanueva, aparece como representante de varias empresas y/o cooperativas en Venezuela, que antes habían sido propiedad del alcalde. También figura como directora de tres firmas creadas en el estado de Florida, en EEUU. Medios digitales han reportado frecuentes viajes en aeronaves privadas a Bahamas, República Dominicana y Miami. Un dato reciente refiere cinco viajes de Marín a Florida en el transcurso de 2017. El funcionario ha reconocido la realización de al menos un viaje y ha alegado que se dio por invitación de un empresario y un alcalde dominicanos interesados en una inversión turística en Guanta. En todo caso no hay elementos precisos que permitan explicar el aparente incremento del patrimonio del funcionario y su esposa y su evidentemente costoso estilo de vida.
Los accionistas del grupo Cuferca y sus relacionados que no son formalmente socios hacen uso ostentoso de bienes como yates de más de 70 pies de eslora y aviones jet con autonomía de vuelo. Uno de esos aviones es el Lear Jet 55, siglas YV-598T que ha sido usado por los hermanos Urbano, el alcalde Marín y su familia y el exdirector de la Faja, Pedro León.
Uno de los documentos localizados en la sede de la empresa de Marín y su esposa es una planilla de inscripción de un hijo de Pedro León en una escuela de idiomas de Boston, Massachusetts, EEUU, y en la que la esposa de Marin, Esneidy Villanueva, firma como garante de los pagos.
Es un hecho público que la familia Marín-Villanueva vivió algún tiempo en la quinta ONIX, ubicada en la urbanización Las Villas, de Lecherías, propiedad del empresario Constantino Bonaducce, quien estuvo procesado y privado de libertad varios meses en 2015 por irregularidades en una contratación de mantenimiento integral de todos los supermercados de Abastos Bicentenario. Bonaducce también recibió una concesión para desarrollar áreas comerciales y de servicios en todos los aeropuertos del país, en una contratación autorizada por el entonces ministro de Transporte Aéreo y Marítimo, García Plaza, fugitivo desde hace varios años y protegido por las autoridades estadounidenses. En la lujosa residencia de diseño marítimo se encontraban habitualmente disponibles dos yates de gran calado.
Es un hecho público que la familia Marín-Villanueva vivió algún tiempo en la quinta ONIX, ubicada en la urbanización Las Villas, de Lecherías, propiedad del empresario Constantino Bonaducce, quien estuvo procesado y privado de libertad varios meses en 2015 por irregularidades en una contratación de mantenimiento integral de todos los supermercados de Abastos Bicentenario. Bonaducce también recibió una concesión para desarrollar áreas comerciales y de servicios en todos los aeropuertos del país, en una contratación autorizada por el entonces ministro de Transporte Aéreo y Marítimo, García Plaza, fugitivo desde hace varios años y protegido por las autoridades estadounidenses. En la lujosa residencia de diseño marítimo se encontraban habitualmente disponibles dos yates de gran calado.
Jonathan Marín recibió un evidente respaldo político y financiero de parte de la estructura de dirección del sector petrolero venezolano, lo que lo convirtió en un actor con alta capacidad de decisión en las contrataciones de la Faja.
El abogado José Rafael Parra Saluzzo fue contratado por Cuferca para que asesorara a la empresa en la defensa penal por el proceso iniciado con la investigación de las monoboyas.
La SUDEBAN detectó transacciones que fueron consideradas como irregulares entre Cuferca y Parra Saluzzo, por lo que emitió un reporte de actividad sospechosa (RAS) con la información en julio pasado. Esto movilizó a las autoridades policiales, quienes actuaron contra el jurista.
Parra Saluzzo mantenía estrechas y frecuentes relaciones con funcionarios de confianza de la entonces Fiscal General, Luisa Ortega. Concretamente intercambiaba correos, recomendaciones de personas y pasajes aéreos con la abogada Gioconda González Sánchez, directora de despacho durante casi 10 años de la señora Ortega. Estas evidencias fueron localizadas en el teléfono Apple del abogado por expertos de la policía.
Además una serie de fotografías de unas vacaciones en la capital francesa, en las que se ve a la destituida fiscal con Parra y su grupo familiar, evidencian la cercana relación de ambos. Por tales motivos se presume que el jurista actuaba como una especie de intermediario entre Cuferca (o cualquier empresa involucrada en delitos) y el Ministerio Público. Tal conexión era presentada como de carácter contractual entre un profesional del derecho y su cliente.
Parra Saluzzo también es el abogado contratado por Odebrecht en febrero o marzo de este año para la defensa penal de sus directivos en Venezuela. Hay evidencias físicas del pago de 2 millones de dólares a través de una fundación inscrita en Panamá.
Este último jueves el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, precisó en una comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, que el abogada era el operador del despacho de la antigua jefa del Ministerio Público para extorsionar a personas y empresas involucradas en delitos con alto impacto financiero.
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