Uno revisión de los procesos de la corrupción y de su combate acelerado en los últimos 100 dias tras la destitución de la extitular del MP, Luisa Ortega y la designacion de Tarek William Saab como Fiscal General por la ANC, permite identificar los siguientes elementos clave.
1.Hugo Chávez y el chavismo se propuso desarrollar un modelo socio-productivo inclusivo y que eventualmente se constituyera en una alternativa al capitalismo neoliberal impuesto globalmente, y en consecuencia eso implicaba un desplazamiento de las capas dominantes del control del aparato de gobierno como condición indispensable para reformular la distribución de la riqueza y de la renta petrolera o de la proveniente de los demás recursos naturales.
2.En ese proceso de confrontación por la toma del control del aparato estatal pueden identificarse hitos y episodios fundamentales como los desarrollados en torno a las reformas legales acerca del uso y la concentración de la tierra, tanto la urbana como la de vocación agraria, el referido al manejo de la industria petrolera y el de la política monetaria definida por la llamada autonomía del Banco Central.
3.Tal confrontación tendrá su mayor expresión en el golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero 2002-2003, así como la primera etapa del sicariato contra campesinos y la paramilitarización del campo a partir del 2001. Sin embargo la victoria que, en líneas gruesas, obtuvo el chavismo en estos eventos obligó a las capas dominantes o de la burguesía y sus aliados transnacionales a buscar otros mecanismos para preservar su incidencia sobre las estructuras burocráticas del Estado.
4.Valga acotar que la opción de la confrontación apocalíptica de 2002 se impuso luego de que fracasara una etapa inicial de alianza o negociación con operadores politicos y empresariales que pretendieron rodear y controlar a Chávez. Eso explica la presencia en posiciones claves de actores como Luis Miquilena, Alfredo Peña, Carmen Ramia y otros que representaban a sectores muy específicos de la burguesía local.
5.En ese contexto es posible ubicar a la corrupción como uno de los mecanismos usados por la burguesía, el empresariado y los sectores dominantes para mantener el control sobre las decisiones del aparato de gobierno. Ante la imposibilidad de la consolidación de un mecanismo negociado que le cediera control de algunos aspectos medulares del gobierno y el propio derrocamiento violento, surge como opción la compra o contratación de los funcionarios claves y operativos de los procesos fundamentales para que las decisiones a su cargo favorezcan los intereses de quienes pagan y corrompen.
6.Con estas premisas es posible identificar prácticas corruptas en sectores claves de las actividad productiva como la adjudicación de divisas, las contrataciones de obras públicas, la procura de equipos, insumos y servicios para la industria petrolera y las acciones de intervención estatal sobre la propiedad de la tierra y de activos industriales.
7.En forma secundaria o derivada será posible identificar nuevas prácticas corruptas dirigidas a ocultar, movilizar y legalizar los activos y recursos obtenidos en la fase anterior y que se traducen en la creación de mecanismos sistemáticos de blanqueo de capitales y su colocación en el sistema financiera global, así como otras que evitaran la actuación de los organismos de investigación y sanción.
8.Tanto las prácticas de corrupción en los sectores claves de la economía como en los derivados comenzaron a adoptar una dinámica que pudiera calificarse de industrial por su carácter profesional, masivo y sistemático. En concreto (y en una primera aproximación) nos referimos a que se crearon y desarrollaron estructuras organizativas como despachos legales y contables que se dedicaban a gestionar y procurar las adjudicación de divisas, la obtención de contratos con el Estado o con PDVSA, a proteger y defender jurisdiccionalmente a los involucrados en hechos delictivos o a ocultar y movilizar los capitales robados.
9.Además, en paralelo y como consolidación de las prácticas corruptas y su expresión orgánica, se fueron desarrollando estructuras con características similares y muy parecidas a las de la mafia o grupos del crimen organizado dirigidas a articular los aspectos menos “industrializables” del negocio. Esto contempla el manejo de relaciones personales, familiares y políticas, el empleo de aficiones o debilidades individuales para la extorsión, aspiraciones económicas o de poder o el interés en actividades artísticas, deportivas o recreativas para crear y fortalecer compromisos y complicidades que consolidaran y galvanizaran la organización delictiva.
10.Esto explicaría estructuras como la que se constituyó en un plano geográficamente sectorial en torno a los contratos de las empresas mixtas de la Faja del Orinoco y que tienen como eje articulador al fugitivo alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín. Los datos revelados hasta ahora indican la existencia de un entramado de relaciones personales y empresariales en las que Marín articulaba nexos e intereses económicos, políticos e individuales que permitieron un desfalco en el que pudieran estar invoucrados más de 40 mil contratos por una suma que en seis años sobrepasa los 35 mil millones de dólares. En la que además destaca la ostentación, el desparpajo consumista, incluyendo el empleo sin pudor ni recato de aviones y yates, asi como la contratación de artistas y deportistas por sumas millonarias en divisas. A ello habría que agregar el desarrollo de una estructura de poder económico e institucional con la participación de organizaciones empresariales que incluian redes de comercios, medios de comunicación y funcionarios claves de instancias burocráticas.
11.Con caraterísticas similares, aunque con una incidencia más global y en un nivel superior, se puede entender la organización de gestoría y lobby empresarial de Diego Salazar Carreño. El carácter ostentoso de sus actuaciones, que incluye la compra completa de edificios de apartamentos y de oficinas en Caracas, el obsequio de relojes Rolex, los supuestos (o reales) paseos en un Ferrari rojo por las calles de Las Mercedes seguido de una moto de alta cilindrada con un mesonero presto a servir un costoso espumante ante un gesto del lobbista de contratos es equivalente al del exalcalde del norte de Anzoátegui. A ello habría que sumar episodios certificados como el envío de una propina de 90 mil euros al mayordomo de un hotel de Paris y la contratación de al menos cuatro exmisses en su equipo de asistentes en su firma InverDT de “asesorías empresariales”. Y sin duda, como colofón, la certeza de la impunidad que le impidió escapar antes de que se ejecutara la orden fiscal de aprehensión.
12.En ambos casos destacan los nexos con centros financieros y de negocios y con localidades con legislaciones que aseguran un mayor o menor grado de opacidad fiscal. Marin y su familia y su entorno más cercano podría estar relacionado y tener intereses en una veintena de compañías en EEUU, Panamá y República Dominicana. Mientras que Salazar y sus colaboradores en unas 50 en Europa, EEUU y el Caribe. Ambos también han disfrutado de libertad de movimientos y de inversiones, pese a la abundante información sobre los posibles hechos delictivos en los que estarían involucrados, mientras que, en contrapartida, los principales líderes de la Revolución Bolivariana han sido sancionados severamente.
13.Una pieza fundamental en este proceso de industrialización de la corrupción en Venezuela lo ha desempeñado la Constructora Norberto Odebrecht, cuyas operaciones en toda América Latina se orientaron a desarrollar un servicio corporativo de gestoría y lobby de contratos. Para ello no sólo montó una estructura contable y de pagos para canalizar los sobornos, sino que contrató y fomentó organizaciones (al menos asi ocurrió en Venezuela) para tramitar la obtención de contratos y realizar los pagos a los funcionarios de gobierno y directivos de empresas públicas donde actuaban. La confesión realizada en EEUU, en el marco del acuerdo de lenidad, indica que en un sólo caso los directores de una compañia del Estado recibieron 39 millones de dólares de los 98 que reconocen haber pagado desde su estructura en Caracas. Pero adicionalmente Odebrecth se convirtió en el mecanismo para que las grandes empresas de proyectos y construcción de la gran burguesía venezolana continuaran contratando con el Estado pese a la declarada intención de Chávez de disminuirles el soporte financiero que implicaba la inversión pública.
14.Aparejedo con esta estructura surgió otro servicio delictivo destinado a proteger de la acción de los cuerpos de investigación y del propio Ministerio Público y demás instancias jurisdiccionales a los involucrados en hechos de corrupción. En el caso de las redes de complicidad y extorsión que operaban desde el propio despacho de la exfiscal general Luisa Ortega la información al respecto es abundante. Hay al menos un abogado penalistas, José Rafael Parra Saluzzo, procesado y privado de libertad, cuya actuación se ha determinado en múltiples causas y con una ya desmostrada vinculación de negocios y personal con la anterior fiscal y su entorno.
15.Por otro lado, o como consecuencia de los actos de corrupción, también es posible identificar grupos de asesores legales, contables y fiscales que se dedicaron a prestar el servicio de blanqueo de los capitales ilícitos. Nombres de abogados y asesores de “nuevos empresarios” venezolanos se repiten en filtraciones de documentos como los OffshoreLeaks, Panamá Papers y Paradise Papers, entre otros. Una vez abiertas las cuentas iniciales a nombre de los consultores o adquiridos los activos, al cabo de algunos meses son colocados a nombre de familiares cercanos o lejanos (tíos, primos, suegras y hasta esposas) o entregados por medio de poderes universales.
16.Una relación no exhaustiva de tramas de corrupción que sistemátcamente han sido abordadas por el MP son las siguientes: 1 / Fraude cambiario importador con divisas Cadivi-Cencoex 2 / Desfalco a PDVSA vía contratos en divisas con sobreprecio (Empresas Mixtas Faja Petrolífera) 3 / Sabotaje a la producción petrolera para generar contrataciones de emergencia e imponer proveedores. (Faja Petrolífera y Petrozamora) 4 / Carteles de extorsión desde el MP y otras instancias jurisdiccionales para amparar organizaciones o procesos delictivos. (José Rafael Parra Saluzzo y Despacho de la ex Fiscal) 5 / Organizaciones delictivas de gestoría y tráfico de contrataciones públicas (Sobornos Odebrecht) 6 / Servicios de legitimación de capitales (Caso Banca Privada de Andorra, Parra Saluzzo, Papeles de Panamá) 7 / Delitos económicos contra el consumidor (fraude en precios, desvío de alimentos). Están relacionados con antiguos fraudes importadores. (Cadivi-Cencoex) 8 / Sustracción, tráfico y contrabando de partes y piezas con materiales estratégicos como cobre, aluminio y aleaciones (PDVSA, Corpoelec, Cantv y empresas básicas del hierro-acero y bauxita-aluminio)
17.Mientras que una lista de situaciones delictivas que constituyen nuevas líneas de investigación son: 1 / Corrupción en el sector eléctrico con adqusiciones y contrataciones con sobreprecio o fraudulentas, incluido el cobro de comsiones, desde PDVSA. 2 / Anomalias en la asignación de cupos y venta ilegal de mineral de hierro, productos siderúrgicos y aluminio primario desde los complejos industriales del hierro-acero y bauxita-aluminio en la CVG. 3 / Fraude cambiario relacionado con la importación de maquinarias y repuestos para la actividad agropecuaria, insumos para la producción, alimentos balanceados y animales para la cría y reproducción. 4 / Cobro de comisiones en la compra y pagos de expropiaciones de empresas estratégicas entre 2007 y 2011. 5 / Otorgamiento de instrumentos agrarios como certificaciones de fincas productivas tras pago de comisiones por parte de terratenientes y ocupantes de latifundios establecidos en tierras del Estado.
18.La respuesta de los sectores vinculados con la corrupción ha apuntado a posicionar la idea de que las acciones de investigación y sanción obedecen a una disputa interna en el chavismo y a un proceso calificado como purga hacia exfuncionarios de altisimo nivel que estuvieron bajo las órdenes del comandante Hugo Chávez. Sin embargo los hechos que han motivado la actuación fiscal ocurrieron casi todos en los últimos 2 años y han involucrado a funcionarios designados durante la administración del presidente Nicolás Maduro. Ello no excluye la posibilidad obvia de que la ampliación de las averiguaciones se extienda a años o períodos anteriores. También se ha argumentado que las investigaciones se han limitado a PDVSA cuando en realidad ha abarcado otros sectores y organizaciones como el fraude con divisas preferenciales de Cadivi y Cencoex y los sobornos de Odebrecht.
19.En este contexto ha llamado la atención la posición extremadamente polémica del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien ha advertido que las acciones constituyen una especie de persecusión politica en su contra por sus opiniones en materia económica. Sin embargo tal situación no se ha expuesto en ningún momento y todos los elementos que permiten relacionar a Ramírez con la situación son sus nexos familiares con algunos de los involucrados y sus declaraciones avalando contrataciones que han resultado fraudulentas. Tal es el caso del alquiler en 2010 de los barcos taladros de Petrosaudi o el hecho innegable de que Diego Salazar es su primo hermano.
20.Finalmente en estas claves no deben faltar las líneas discursivas que se han evidenciado de las actuaciones del Ministerio Público y de las declaraciones del Fiscal General y el propio jefe del Estado que respalda abiertamente el proceso en desarrollo:
En todos estos hechos las víctimas son el pueblo venezolano y la Revolución Bolivariana.
Los victimarios, como se ha demostrado en las investigaciones, son grupos de la burguesía tradicional aliada con organizaciones de características mafiosas. Son ellos los beneficiarios.
Estas alianzas del crimen captaron y compraron a funcionarios de la administración y de las instituciones jurisdiccionales.
Estos hechos han causado un severo daño a la moral de la propuesta revolucionaria y existe evidencia de que fueron alentados, apoyados y ahora protegidos por agencias de inteligencia de EEUU. (Por ejemplo García Plaza o Rodríguez Torres).
La actitud de omisión y complicidad que mantuvo el Ministerio Público durante la prolongada dirección de Luisa Ortega Díaz ante estos hechos promovió la impunidad y convirtió los mismos en bandera para la oposición política, amparó la corrupción desde sectores empresariales y dio sustento a la ofensiva desde los centros de la hegemonía global.
La corrupción ha sido un componente estratégico y medular de la ofensiva de guerra no convencional contra el Gobierno Bolivariano
La impunidad en esta materia tiene un impacto muy negativo especialmente en las bases del chavismo. Hay una precisa conciencia del daño causado por estas prácticas a la economía nacional y le atribuyen una muy importante cuota de responsabilidad en la situación de escasez y especulación que se experimenta cotidianamente desde el año 2014.
La lucha contra la corrupción no sólo es imperativa como parte de los mecanismos de sobrevivencia frente a los ataques del bloque hegemónico, sino que también es indispensable para garantizar la estabilidad política y social al convertirse en un factor unificador. Se trata de una meta colectiva que trasciende las posturas y opiniones partidistas.
Es necesario establecer unos consensos mínimos para garantizar el desarrollo de un programa nacional de investigación, persecución, sanción y erradicación de prácticas corruptas, equivalente a las operaciones globales que se han realizado en países como Italia y China, entre otros.
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