Herminia Díaz, vocera de un grupo de familias campesinas que buscan tierras para producir alimentos en el eje andino del Estado #Barinas sigue privada de libertad por un proceso judicial impulsado por grupos ligados con la extracción y tráfico de madera.
La señora Díaz, de 51 años, fue aprehendida el 16 de octubre cuando abordaba un transporte público luego de asistir a una reunión con autoridades del Ministerio de Ecosocialismo en Barinas para discutir sobre el conflicto de uso en la reserva forestal de #Caparo.
Al respecto vale destacar que uno de los principales aspectos en la discusión fue la negativa de los campesinos a permitir la movilización de un importante lote de madera de teca que había sido cortado a finales del año pasado.
No está claro si la madera, que permanece en el área de la estación #Caparo de la ULA, pertenece a la universidad o a terceros pero lo cierto es que la negativa tuvo como resultado una ruptura de la negociación y la aplicación de acciones penales que determinaron la captura de la vocera del grupo.
Ese curso de acción contrasta significativamente con el clima de diálogo y respeto que había marcado la relación entre campesinos y autoridades como se evidencia en estas declaraciones del anterior ministro de Ecosocialismo, Ramon Velasquez.
A Herminia Díaz le imputaron cinco delitos tipificados en la Ley Penal del Ambiente, lo cual era previsible por ser Caparo un ABRAE con restricciones puntuales ambientales. Cabe sin embargo el cuestionamiento al empleo de la jurisdicción penal para dirimir un conflicto de uso del suelo.
Todos los delitos ambientales imputados tienen aparejadas penas pecuniarias (expresadas en unidades tributarias) en reemplazo de la sanción de arresto o prisión. Pero aún cuando se aplicaran sanciones corporales ninguna supera los cinco años, por lo que procederían medidas alternativas de cumplimiento de la pena, si ese fuera el caso
Es decir, Herminia Díaz no estaría presa si la acción judicial se hubiera limitado a lo ambiental, así hubiera sido condenada o admitiera los hechos. Resulta que en una actuación de mala fe también se le imputó incitación al odio conforme a la Ley Contra el Odio, con una pena de entre 10 y 20 años, por lo que supera los límites para optar a una medida sustitutiva.
Pese a no haber elementos para imputar el delito de odio ni relación con los delitos ambientales (lo que llevaría a ser desechado en la audiencia preliminar) ya Herminia Díaz está pagando una pena corporal de al menos 45 días.
Los allegados de la vocera campesina sospechan que el propósito de su aprehensión es descabezar la organización y lograr la movilización de la madera una vez que los asociados bajaran la guardia.
Si bien Herminia Díaz ha sido imputada por aprovechamiento de especies forestales y sus compañeros señalados por cortar árboles, ha quedado claro que ellos no tienen interés en la madera. Son los que exigen su salida de la reserva quienes desean extraer los árboles ya derribados
Se argumenta a favor de los madereros que la teca es una especie exógena, cultivada para su posterior cosecha. Pero no mencionan que antes (dónde hoy hay teca) había especies originarias que fueron eliminadas en una explotación no controlada. Permitir su explotación ahora equivale a premiar la deforestación de dos o tres décadas atrás.
Un dato pertinente es que el colectivo de campesinos había asumido el compromiso de reforestar el área del comodato de ULA y tenían en producción los semilleros y viveros de especies originarias de #Caparo.
En todo caso el elemento esencial que motiva estas observaciones desde #LaTabla es la salud y la vida de Herminia Díaz, quien padece de una dolencia cardíaca grave. Por tal motivo sus familiares están solicitando una medida humanitaria de libertad que permita continuar su tratamiento en su lugar de residencia.
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