#Tablazo "Procurador" chimbo de Guaidó actuó como "experto pagado" por #Crystallex en el juicio para embargar activos de Citgo en #EEUU.
Aquí está la declaración que prueba su relación al servicio de la minera en 2017 y que fue el principal argumento para rechazar apelación de PDVSA.
José Ignacio Hernández fue contratado por #Crystallex para que, como abogado constitucional, demostrara la relación de la República Bolivariana de Venezuela y de #Citgo, con el fin de exigir que sus activos le fueran entregados a la compañía aurífera por la demanda ganada en CIADI.
#Crystallex inevitablemente usó cómo su principal argumento, ante la apelación presentada por PDVSA que Hernández, quien fungía como representante de la República era el mismo experto que en el juicio demostró que los activos de #Citgo son de Venezuela.
Hernández tiene una formación académica de excelencia y un reconocido desempeño profesional por lo que su decisión de permanecer como "representante de la República" en una situación de tan alto riesgo no podría explicarse como un "error".
José Ignacio Hernández tiene 44 años, es docente en la UCAB y en la Universidad Monteávila, el investigador del centro para el desarrollo internacional de Harvard University.
Es socio del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco cuyo principal cliente es Empresas Polar.
El conflicto con Crystallex se inició en mayo 2008 cuando las autoridades negaron un permiso sobre aspectos ambientales por incumplimientos y daños causados por la minera en la mina Las Cristinas, en el sur de Venezuela.
Finalmente en febrero de 2011 el gobierno venezolano a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) notificó la rescisión del contrato de explotación argumentando que la actividad estuvo paralizada y exigió la entrega de la mina en 90 días.
Crystallex decidió recurrir al mecanismo de resolución de conflictos del CIADI para exigir un acuerdo o una compensación de Venezuela, y alegó haber cumplido con un plan de inversión por 350 millones de dólares.
Según su alegato la actividad se paralizó por la negativa del Ministerio de Ambiente para la entrega de los permisos en esa materia. Por lo tanto es incorrecta la definición del origen del conflicto como una expropiación.
La minera, tras obtener del arbitraje en el #CIADI una decisión firme en abril de 2016, acudió a la justicia de EEUU (un tribunal de distrito de Delaware) a pedir autorización para embargar activos de Citgo. Esto lo hace al argumentar que la petrolera estadounidense es parte ("otro yo") del Estado venezolano.
En noviembre de 2018 el gobierno de Venezuela (es decir, de Nicolas Maduro) detuvo la acción contra Citgo al acordar con Crystallex (en un tribunal de Ontario) un plan de pagos a partir de 2021, y la cancelación, en ese momento, de 425 millones de dólares.
Pero con la autoproclamación de Guaidó y su reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos, la situación cambió y ante el tribunal de Filadelfia dónde se analizaba la apelación de la acción contra Citgo, quedó como contraparte el seudoprocurador designado por la AN y por el supuesto presidente interino.
La actuación del Procurador del gobierno constitucional, Reinaldo Muñoz no se permitió, lo que dejó indefensa a la República. Mientras que el tribunal del tercer circuito de Filadelfia autorizó la participación de los tenedores de bonos de deuda como los fondos BlackRock y Contrarian.
Vale reiterar que en ésta instancia surge hecho absurdo e inexplicable de que el representante de Venezuela, el supuesto procurador José Ignacio Hernández, también había actuado como "experto" contratado por Crystallex en la etapa del juicio en Delaware.
¿Por qué Hernández, un abogado con la mejor formación posible, cometió un "error" tan tonto? Aún no hay respuesta.
Una hipótesis es que el error de Hernández fue deliberado. Es decir, sabía lo que estaba y su intención era brindar a Crystallex la posibilidad de ganar el caso usando el argumento del abogado o experto que cambia de cliente en el curso del proceso. Es decir, que Crystallex tomara el control de Citgo.
En este punto se entra en el plano de la conspiranoia pues resulta que Crystallex no existe y quien actúa es un fondo de inversión de Nueva York que adquirió en 2013 los derechos legales que pudieran derivarse de las operaciones de la compañía.
Una definición acertada diría que es un fondo de cobertura de Nueva York que compra derechos legales en situaciones donde se cree que podría haber reclamos de arbitraje internacional.
Ahora la pregunta cambia y dice: ¿Quien está detrás de Crystallex realmente?
Y es así porque éste tipo de fondo está diseñado para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios del capital invertido y usado para las operaciones.
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