En Venezuela el Estado ha confirmado disposición y capacidad para investigar y sancionar violaciones de DDHH

Ampliación de las investigaciones y revisión de calificación de delitos en casos estudiados por la fiscalía de la CPI, confirman disposición y capacidad del Estado de investigar y sancionar sobre DDHH.


En por lo menos 4 casos incluidos en uno de los expedientes de la CPI, el MP cambió su actuación (David Vallenilla, Juan Pablo Pernalete Cap. Acosta Arévalo y Fernando Albán.

El fiscal, Karim Khan y su equipo, de visita oficial en Venezuela, debe decidir si corresponde llevar adelante una investigación formal -conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de Roma- o el Estado demuestra una verdadera voluntad y capacidad de llevar adelante esos procesos.


Al analizar la capacidad de un Estado de impulsar procesos nacionales genuinos, el Estatuto de Roma dispone que los jueces deben considerar “si el Estado no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio”.

Sin embargo, en por lo menos 4 casos incluidos en el expediente para investigar al Estado venezolano en la CPI, el MP ha cambiado su actuación, tras ampliar las investigaciones. Enumeraremos por lo menos los más mediatizados: David Vallenilla (disparo a quemarropa en La Carlota), Juan Pablo Pernalete (golpeado por bomba lacrimógena), Cap. Acosta Arévalo (torturado) o el concejal Fernando Albán (simulación de suicidio).

En el primero caso, de David Vallenilla, en menos de 24 horas el MP apeló el dictamen de absolución al Sargento de la Policía Aérea, Arli Méndez Terán, (27SEP2021) y dos días después la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Caracas anuló la resolución.

“El sargento no fijó su atención al principio de la proporcionalidad y el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ” y por tal razón fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica.
Otro de los casos es el de Juan Carlos Pernalete (26ABR2017). Luego de dos años de investigaciones, el 01MAY2021 el MP anunció que fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Se imputaron nueve GNB del delito de homicidio preterintencional -más allá del propósito- en grado de responsabilidad correspectiva.
El tercer caso fue el supuesto suicidio del concejal Fernado Albán. El 08OCT2018, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que el detenido se lanzó al vacío desde el décimo piso del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela, mientras iba a ser trasladado a tribunales.
Sin embargo, tras nuevas investigaciones, el 01MAY2021 el MP admitió que el concejal del Municipio Libertador de Caracas fue asesinado y solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios del Sebin: inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno.
Le fueron imputados los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido.

Otro caso también, fue el del Cap. Acosta Arévalo. El fiscal general informó una nueva imputación del MP contra los GNB, Ascanio Tarascio Mejía y Estiben Zárate Soto, por homicidio intencional y tortura. Falleció el 29JUN2019 bajo custodia de la Dgcim y antes de ser presentando a tribunales por una investigación de supuesto terrorismo.

El último caso, con medidas a favor de la víctima luego de una investigación más exhaustiva fue el del concejal del municipio Libertador (Caracas), Fernando Albán, miembro del partido PJ. Albán falleció mientras estaba detenido en el Sebin. El 08OCT2018 el fiscal informó al país que el concejal se suicidó lanzándose al vacío desde el piso diez.
Sin embargo, el 01 MAY2021, el MP anunció la acusación formal del inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno, por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia del concejal Albán. Se solicitó orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido.

En el caso más reciente (29OCT2021) la corte de apelaciones confirmó una sentencia contra exfuncionarios de la PNB por violación y trato cruel. El Fiscal General informó que fue a solicitud del MP. Los ocho ex funcionarios de la PNB fueron condenados a la pena de 24 años y 3 meses de prisión por los delitos de violación y trato Cruel contra Javier Campos Amaya.
"Los ex funcionarios Alvis Labarca, Yoxy Quiroz, Kendry Osorio, Lizsujey Niebles, Michael González, Rolando Baleta, Carlos Contreras y Manuel detuvieron a Campos Amaya el 28/07/2017 y posteriormente lo trasladaron a una instalación de Corpoelec, donde la víctima fue golpeada, agredida y sometida a violaciones.
Ante la disposición del MP criollo de trabajar junto a la Fiscalía de la CPI el resultado podría ser mantener la cooperación conjunta con base en el principio de complementariedad.

Recordemos que la CPI es un "tribunal de última instancia", que actúa sólo en casos muy concretos y conforme a criterios de admisibilidad para determinar la disposición o poder del Estado para investigar y juzgar.

Son dos los casos de Venezuela en la fiscalía de la CPI: uno por los hechos de violencia de 2017 -que apuntan contra el Estado- y el otro presentado en FEB2020 por el gobierno, que denuncia las consecuencias de las medidas coercitivas. Ambos permanecen en "examen preliminar" con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación.

#LaTabla
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