Siguen sin sentencia empresarios venezolanos que confesaron hace seis años conspiración para controlar compras de PDVSA en EEUU

En menos de 5 años, y con una "inversión" en sobornos qué no habría superado el millón de dólares, dos empresarios petroleros venezolanos, establecidos en Texas (EEUU) obtuvieron contratos de PDVSA por más de 1 mil millones de dólares.

Aunque la trama de corrupción fue descubierta al menos hace seis años y los involucrados admitieron su culpabilidad en 2016, aún no han sido sentenciados por un tribunal del Distrito Sur de Texas, que ha tenido a cargo la investigación de los hechos.

Los principales involucrados son Roberto Rincón Fernández (principal accionista de empresas como Tradequip y Clover) y Abraham Shiera (Vertiz) , qué en 2009, diseñaron un esquema para tomar control de las compras internacionales de la petrolera venezolana en Estados Unidos.


En líneas generales lo que hizo Rincón (junto con Shiera) fue desarrollar un artificio para que, con empresas controladas por ambos, se cumplieran artificialmente las condiciones formales de participación y competencia en procesos licitatorios y de compras en la jurisdicción estadounidense, realizados por la filial PDVSA Services, Inc.

¿Cómo funcionaba el esquema?

Según la acusación, presentada por la fiscalía y el Departamento de Justicia gringo el 10 de diciembre de 2015 , Roberto Rincón y Abraham Shiera, cada uno con seis compañías, se pusieron de acuerdo para manipular los procesos licitatorios.

Eso lo hicieron a partir de octubre de 2009 y la acción incluyó un acuerdo con el gerente de compras y los funcionarios compradores, para que conformarán el panel de la licitación solo con las empresas controladas por ambos contratistas.

Para ello se comprometieron con el personal de alto nivel de PDVSA Services a cancelarles una comisión o soborno, previamente acordada, por su actuación para manipular a favor de Rincón y Shiera, los procesos de selección de los proveedores.

La investigación logró localizar un correo con el esquema propuesto por el propio Roberto Rincón, enviado a los compradores con las instrucciones para la ejecución del fraude.

Asimismo logró establecer relaciones entre la emisión de órdenes de compra y la consignación de coimas o depósitos de dinero en las cuentas del personal ejecutivo de PDVSA.

También pagaron viajes vacacionales, alojamiento en hoteles, alquiler de vehículos y hasta una caja de whisky como parte de los sobornos entregados.

Incluso una de las funcionarias recibió un crédito hipotecario para la adquisición de una casa de lujo en Houston.

La acusación documenta más de una docena de contratos, todos por montos millonarios, en los que se aplicó el artificio para manejar a favor de los contratistas en referencia las decisiones de selección de proveedores.

Conspiración para prácticas corruptas

La investigación evidenció la existencia de una conspiración para defraudar a PDVSA y a las empresas de energía que podrían haberle prestado servicios.

Este tipo de delitos está sancionado por la llamada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.



Está legislación busca evitar que a través de prácticas ilegítimas como el soborno, empresas estadounidenses puedan afectar el derecho a la libre competencia de otras compañías de esa misma jurisdicción, que realicen contratos o presten servicios a entidades en otros países.

Realmente el propósito de la ley no es evitar el fraude a empresas extranjeras sino garantizar que no hayan ventajas indebidas que afecten a una u otra empresa estadounidense.

Con el delito de conspiración para realizar este tipo de actividades (qué les permitiera obtener indebidamente los contratos) se desarrolla otro delito qué es el lavado de los capitales obtenidos en ese proceso de contratación.

Confesiones sin sentencia

Tras su detención en diciembre de 2015, ordenada por la corte del Distrito Sur de Texas, tanto Roberto Rincón cómo Abraham Shiera se declararon culpables por los cargos de conspiración.

En marzo lo hizo Shiera y en junio Rincón, según reseñó el diario The New York Times.

En el periodo de 2009 a 2014, precisó el rotativo estadounidense, más de mil millones de dólares se recaudaron con la conspiración y Rincón, ciudadano venezolano que vive en Texas, se apropió de 750 millones según los documentos de la corte.

Al declararse culpable, Rincón admitió que él y Shiera accedieron a realizar sobornos para asegurar que sus compañías ganaran las licitaciones de Pdvsa y obtuvieran lucrativos contratos, dijeron los fiscales.

Mientras al menos 4 ejecutivos, a cargo de la unidad de compras de la filial de PDVSA, recibieron sentencias de entre 18 y 36 meses, las sentencias de empresarios no han sido emitidas luego de 6 años de su declaración de culpabilidad.

¿Testigo protegido de EEUU?
  
De acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, Roberto Rincón, sería un testigo protegido por el gobierno de Estados Unidos.

Así lo informó en noviembre de 2017 tras la captura, en Caracas, de Francisco Jiménez, presidente de la filial Bariven, responsable hasta esa fecha de las compras internacionales de PDVSA. 


En esta oportunidad también dijo qué la trama de corrupción que involucraba a Rincón estaba incluida en ese proceso

En mayo de 2018 ofreció detalles sobre la investigación y fijo en más de 1.162 millones de dólares la cifras de contratación qué favoreció a las empresas de Rincón y Shiera así como otras que obtuvieron contratos irregulares.

Los resultados presentados por Saab son los más completos y sistemáticos de las investigaciones realizadas hasta ahora.

Mientras la pesquisa de la fiscalía estadounidense se concentró solo en Rincón y Shiera y extrajo, anecdóticamente, una docena de eventos delictivos, la del Ministerio Público de Venezuela examinó la data de más 23 mil contratos por una suma cercana a los 12 mil millones de dólares.

Fueron 32 las empresas que aprovecharon el esquema irregular de contrataciones y y qué causó un daño patrimonial a la petrolera estatal venezolana por un monto cercano a los 1 mil 200 millones de dólares.

Aunque la investigación en lo mediático se centró en Rincón y Shiera (y en cuatro de sus compañías) Saab hizo la precisión de que se trata de decenas de ciudadanos a los que se le ha dictado órdenes de aprehensión



Asimismo en esa misma comparecencia pública informo qué el Ministerio Público iniciaría todas las formalidades respectivas para que esos ciudadanos comparezcan ante la justicia venezolana.

Sobre los resultados de tal gestión no hay información disponible, posiblemente por la ruptura de relaciones derivadas del reconocimiento gringo del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó.

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