Contrabando y estafa figuran en prontuario delictivo del nuevo presidente de Argentina

Nunca podrá ser más cierta la frase “no tiene currículo sino prontuario” que cuando se aplica al presidente que la República Argentina estrenó ayer.

Mauricio Macri y varios de sus familiares directos han sido imputados y procesados penalmente por diversos delitos en distintas ocasiones, según lo certifican documentos judiciales de consulta pública.

En octubre del año 2000, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Francisco Macri (el padre, que habitualmente usa el nombre de Franco), por el delito de contrabando agravado que prevé penas de dos a 10 años de prisión, según una reseña del diario La Nación.

Mauricio Macri posee un historial certificado de imputaciones delictivas

En cuanto a su hijo Mauricio, el tribunal revocó la falta de mérito dictada en primera instancia y dejó abierta la posibilidad de que hubiera participado en la maniobra.

La causa contra Macri se inició en 1997, a partir de la observación de las exportaciones por parte de Sevel Argentina de kits de automotores a Uruguay, a empresas de la compañía, las que a su vez armaban los vehículos y los reingresaban en la Argentina.

De este modo, según el tribunal, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial de 2%. Además, según el fallo, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.

Pocos meses después, los Macri lograron “salir” formalmente del aprieto gracias a una decisión de la Corte Suprema, donde operaba la llamada “mayoría automática”, impuesta por el expresidente Carlos Menem.

Sin embargo, como para asegurar el registro, el caso de los Macri terminó por ser uno de los investigados en 2003 por el Parlamento, que a solicitud del entonces presidente Néstor Kirchner procuró la destitución de tales magistrados.

Mientras las maniobras judiciales en Argentina suspendieron el proceso de contrabando, al otro lado del Río de la Plata, en Uruguay continuó.

Eso permitió determinar que los Macri presentaron en la aduana despachos de importación que tenían firmas apócrifas de particulares, que ignoraban su calidad de importadores directos. Esto lo hicieron para aprovechar un régimen que favorecía las importaciones realizadas por particulares y burlas a los aranceles establecidos por el fisco uruguayo.

LAS 214 CAUSAS CONTRA MAURICIO
Sin embargo, eso fue antes de convertirse en el año 2007 en jefe de Gobierno de Buenos Aires.

Una investigación efectuada por el portal El Destape, y publicada en octubre pasado por la agencia oficial Telam, indica que Macri acumulaba 214 denuncias en su contra desde que asumió el cargo.

Entre las acusaciones que pesan sobre el expresidente del Boca hay presentaciones que le adjudican la comisión de “estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos” y “amenazas y abandono de personas”.

Se incluye una denuncia de la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien considera que el funcionario incurrió en “omisión maliciosa y falsedad ideológica” al presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (AO). Sostiene que la documentación oficializada por Macri, en su condición de postulante presidencial, es distinta a la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2014 de su gestión en la ciudad.

Macri sigue procesado en una causa por escuchas ilegales en la que está involucrado desde mayo de 2010 como integrante de “una asociación ilícita” dedicada a espiar a particulares.

En el informe que se presenta, el sitio web reseña que tanto Macri como la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y el responsable de prensa del Ejecutivo de la Ciudad, Miguel de Godoy, se encuentran denunciados por “lavado de activos, peculado y falsificación de documentos” por Carlos Valenzuela, titular del canal 4 de Posadas.

Adicionalmente, en 2012 una grabación furtiva mostró cómo una veintena de inmigrantes bolivianos trabajaban en condiciones de esclavitud en una fábrica clandestina de prendas de vestir de la marca Cheeky, propiedad de Juliana Awada y esposa desde 2010 de Macri, y por tanto, ahora, la primera dama. Ya los hechos habían sido denunciados previamente y nunca hubo una sanción.

Publicar un comentario