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| Autoridades militares y policiales han actuado contra los campesinos por orden de un fiscal y una juez |
En conversación telefónica la mañana de este sábado, Soto explicó que durante el acto la juez María Violeta Toro le dijo que "los campesinos son una basura y son los responsables de la situación del país".
Agregó que la magistrada lo maltrató verbalmente y que se "parcializó totalmente con Manuel Mansilla", el apoderado del latifundio y quien realizó los señalamientos contra los productores.
"Ese fue un acto bochornoso, daba pena, el fiscal y la juez parcializados con Mansilla", precisó.
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Además de Soto, por el conflicto agrario se encuentran privados de libertad la geóloga Nancy Molina y el productor Wiston Olivera, quienes fueron aprehendidos el jueves 31 de marzo en el área del predio. Soto fue apresado el domingo 3 de abril en el circuito judicial de Barinas, cuando esperaba el resultado de la audiencia de presentación de sus compañeros.
El conflicto se inició en 2012 cuando 80 familias de pequeños productores, agrupados en 17 cooperativas y consejos campesinos denunciaron ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) que el hato se encontraba ocioso, tal como lo contempla la Ley de Tierras.
En noviembre de 2014 el directorio del INTI aprobó la Declaratoria de Tierras Ociosas (DTO). Y finalmente el 10 de agosto de 2015 el mismo directorio aprobó el rescate total de las 4 mil 312 hectáreas.
Sin embargo 11 dias despues el representante de la compañía Hacienda La Gran Familia (que reclamala titularidad del latifundio) introdujo una solicitud de medida de proteccion de la producción agroalimentaria y un amparo constitucional al derecho de propiedad por ante tribunal superior agrario cuarto de Barinas.
El 24 de agosto de 2015 el juez Douglas Villamizar acordó el otorgamiento de la medida de protección a una supuesta producción que no existía y el amparo a una propiedad que había quedado desvirtuada en el procedimiento del rescate acordado por el Inti.
Sn embargo las medidas judiciales fueron el soporte para que en noviembre pasado las autoridades del Inti declararan la nulidad de su propia medida de rescate.
Para entonces los campesinos se encontraban ejecutando una medida de resguardo y realizando actividades productivas en un área de 40 hectáreas definida por el Inti, organismo que autorizó su ingreso al predio el 14 de marzo de 2015.
El 18 de diciembre el juzgado superior agrario comisionó a la GNB para que oracticara el desalojo de las familias asentadas, procedimiento que fue ejecutado el 24 de diciembre a partir de las 6 de la mañana.
Tres días después, el 27, el apoderado de la firma, Manuel Mansilla ingresó 700 mautes al hato con la intencion de simular que las tierras se encontraban en producción, explicó Alexander Soto.
El 13 de enero de este año, el Inti, ante la presión campesina, practicó una nueva inspección y la misma ratificó el caracter improductivo del hato y que el ganado que alli se encontraba no se había desarrollado en el área.
Sin embargo, con el cambio de autoridades en el ente de tierras, el proceso, que aspiraban los campesinos sirviera para ratificar el rescate, se detuvo. Ante la falta de salidas inmediatas el colectivo decidió ingresar nuevamente al hato el pasado miércoles de la semana santa.
El día miércoles 30 de marzo, Mansilla presentó una denuncia ante la fiscalía en la acusaba a los tres voceros campesinos de haber ingresado al predio y provocado un incendio que afectó 2 mil 500 hectáreas.
El testimonio ofrecido hoy por Soto además de revelar una posible parcialización de la juez actuante, refleja un prejuicio sobre la capacidad productiva del campesino venezolano y refuerza culturamente el reconocimiento del latifundio.
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