VCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS
ILUSTRACIÓN ETTEN CARVALLO
La revelación de historias basadas en los llamados Papeles de Panamá ha evidenciado la existencia de una doble moral con respecto a un supuesto derecho que tendría la empresa privada de esconder sus activos.
De hecho, el criterio usado para seleccionar las “historias” que merecen ser divulgadas se sustenta en la premisa del “interés público”. La argumentación ofrecida por Alfredo Meza, del portal Armando.info, precisa que la información sobre los bienes “mal habidos” de un exfuncionario público merece ser expuesta abiertamente. Mientras que los de un particular, que se protege de demandas de una esposa celosa y ambiciosa, podrían recibir la indulgencia de la privacidad.
El criterio, expuesto por Meza en el programa TV Foro, transmitido por VTV el pasado domingo, se sustenta en el hecho de que los recursos de funcionarios provendrían de fondos públicos y, por tanto, los contribuyentes tienen derecho a escrutar esa clase de aspectos considerados privados.
Entretanto que los fondos de un particular son de carácter privado ya que se parte, por defecto, que los obtuvo legítimamente y con su propio esfuerzo. En consecuencia, puede disponer libremente de los mismos y llevárselos a donde le dé la gana, para esconderlos o simplemente para evadir el fisco.
Esa perspectiva, construida como un producto ideológico, es la misma que le otorga el derecho al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, de viajar cuando quiera a disfrutar de su apartamento en Nueva York, mientras condena al presidente Nicolás Maduro cuando le ha tocado viajar por razones de Estado. Y es la misma que usaban para atacar al presidente Chávez por elegir ser tratado por médicos cubanos.
Con ese desarrollo moral es muy sencillo matizar la condena social que normalmente merece un evasor fiscal, o inclusive exonerarlo de toda culpa a través de una justificación de su conducta.
Eso ocurrió cuando se divulgó, a mediados del año 2011, que Empresas Polar había “vendido” su marca Harina PAN, a un operador canadiense de propiedad intelectual. Cuando se develó la trama y no había explicación consistente, voceros oficiosos de la ensambladora de alimentos revelaron lo que habían hecho para impedir que el “régimen” intentara apoderarse de la imagen de la cocinera.
Sin embargo la verdad surgió y mostró que la razón de la venta simulada era transferir divisas, obtenidas con tasas privilegiadas, al “propietario” de la marca.
Algo similar ha hecho Farmatodo, cuya marca es propiedad de la compañía Premier Pharma Holding, domiciliada en la isla portuguesa de Madeira. Se trata de una firma que pertenece a los mismos accionistas de la comercializadora de medicamentos, pero ese dato no es accesible por la opacidad que rodea el sistema de registro mercantil de esa área.
Paradójicamente, el criterio de “conspiramanía” que se ha venido usando para entender los Panamá Papers, no es suficiente para explicar la filtración de los 11 millones de registros del escritorio jurídico Mossack Fonseca.
Si bien es innegable el vínculo de los periodistas involucrados con grupos de la oposición venezolana, la descalificación por la vía partidista es sumamente débil, pues desconoce el valor de la fuente documental.
Lo mismo ocurre con las teorías que atribuyen la filtración a un conflicto entre gestores financieros, vista la relación que una fundación del magnate Georges Soros, tiene con el ICIJ, el consorcio de periodistas de investigación.
ESCUPIR PARA ARRIBA…
El investigador y periodista Alberto Aranguibel describió acertadamente el proceso de los Papeles: “Fue un escupitajo para arriba del capitalismo global”, dijo en una entrevista en VTV.
La dinámica tras las primeras y más impactantes historias demostró que la información contenida en el legajo digital, salpicaba a casi todos los involucrados.
Y eso no podía ser de otra manera puesto que son justamente los más ricos y los que quieren ocultar algo, quienes utilizan sistemáticamente los paraísos fiscales.
Y lo más ricos son las grandes corporaciones de carácter transnacional. Mientras que los que quieren ocultar algo son los más corruptos y pervertidos.
En Venezuela, entre los más ricos se puede incluir a transnacionales como Procter & Gamble, que tiene una filial comercial en Suiza, aunque allá no produce ni un solo componente de sus pañales. Está en el principal paraíso fiscal europeo y emite facturas, ya que es una forma de proteger, tras el velo fiscal, cualquier fraude vinculado con el comercio global.
Esto incluye ventas con sobrefacturación y “precios de transferencia” artificialmente inflados.
Si bien no se sabe si P&G aparece en los Papeles, es muy probable que esté allí y que en este momento alguien esté haciendo el mayor esfuerzo para evitarle al fabricante de Pampers ser una de las víctimas del escupitajo global.
También es probable que otros grandes y medianos importadores venezolanos se encuentren, si no en los Papeles de Mossack Fonseca, sí en los del cualquiera de los centenares de despacho legales de Panamá que registran compañías para apoderarse de las divisas protegidas a través del llamado “fraude importador”.
De acuerdo con Isabel Delgado, exministra de Comercio, más de 50 por ciento de las importaciones venezolanas se facturan en zonas portuarias de “paraísos fiscales”, lo que evidencia la sistematicidad del método de apropiación de recursos.
Además es frecuente encontrar a muchos importadores con compañías en Panamá, Florida (EEUU), Hong Kong o Singapur, que están destinadas a servir de contraparte en transacciones ilegales.
Es decir, el importador utiliza una empresa suya en el país de origen de la importación con fin de asegurarse una sustancial sobrefacturación que le garantice un abusivo margen de ganancia por la vía más especulativa.
De hecho, todas las importadoras investigadas administrativa o judicialmente por fraudes cambiarios, cuentan con compañías propias en los grandes centros mundiales de comercio, las cuales han sido formadas luego de 2 o 3 años de haber comenzado a recibir las divisas preferenciales.
La aparición de esos papeles (que son de uso público y no requieren una aparatosa operación de espionaje) certifica que en torno a los procesos de comercio internacional se produce una ordenada y precisa fuga de capitales que termina fortaleciendo las economías de esas naciones receptoras de fondos.
Y al mismo tiempo nombres como los de empresarios devenidos en políticos, como Julio Borges y Armando Briquet, son ignorados sin ningún remordimiento.
POLAR EN NUEVA ZELANDA
La web ofrece desde hace varios años acceso a datos precisos, muchos de ellos originales, sobre las transacciones que se realizan en Panamá, Florida, España y hasta Nueva Zelanda.
Así ha ocurrido con Empresas Polar que viene utilizando ciertas características de opacidad fiscal existentes en Nueva Zelanda para poner a buen resguardo fiscal su riqueza y encaminarla a otros proyectos de inversión al otro del mundo.
Así, Polar actualmente tiene en esa jurisdicción cinco compañías fiduciarias. Fueron registradas tres en septiembre de 2008 y las otras dos en noviembre de 2009. Las de 2008 son Chimalli, Ayolt y Aztlan, todos términos de la cultura maya.
Mientras que las de 2009 son Gambrinus (un héroe de leyendas europeas y símbolo de la cerveza) y POBA, de acuerdo con los registros que obtuvo el blog La Tabla en un investigación documental.
El hallazgo ha permitido determinar que la alianza con Pepsi en México, para la producción de bebidas, tiene nacionalidad española, al igual que la operación en Colombia, cuyo control fue arrebatado a la casa matriz venezolana y entregada a una firma registrada en Madrid.
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