Un análisis realizado desde La Tabla permite identificar tres elementos que evidencian inconsistencias y omisiones en la narrativa del evento, que fue presentado como si hubiera ocurrido el fin de semana, y motivó la actuación inmediata de los órganos jurisdiccionales, que determinaron la orden de aprehensión de seis funcionarios de la unidad FAES de El Vigía.
El primer aspecto que llama la atención es la contundencia de la denuncia y la celeridad con que se actuó pese a que no es la primera vez que en esa misma región ocurren actuaciones posiblemente ilegales de grupo FAES.
El Fiscal General, Tarek William Saab, anunció el 17NOV de 2020 órdenes de aprehensión contra Jesús Alberto González, Félix José Morales Arroyo, Manuel Leandro Maiz, José Martín Rico Vásquez, José Alejandro Guzmán y Omar Antonio García.
Se les imputan los delitos de trato cruel, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad.
Este mismo año se registraron actuaciones protagonizadas por los mismos funcionarios contra grupos campesinos que mantienen conflictos con terratenientes por la posesión y uso de la tierra.
Así ocurrió el 24MAY cuando funcionarios encabezados por Jesús González (uno de los imputados por el caso del hacendado Ledezma) amenazó con armas largas a las familias campesinas que realizan el rescate de tierras del predio El Trompillo.
El 09SEP, también en El Vigía, Mérida, los cooperativistas Osmeiro Carrero, Edgar García y Miguel Cordero fueron extorsionados y tuvieron que pagar "vacuna" (entre 800 y 2000 dólares).
Allanaron sus viviendas, detuvieron sus vehículos de trabajo y los amenazaron de muerte.
Asimismo el 24SEP fue aprehendida ilegalmente la vocera del grupo, Isabel Granados. Fue traslada a la sede del organismo, amenazada y, finalmente, liberada por presión pública. Esa actuación se repitió una semana después. A diferencia del caso Ledezma no hubo una investigación.
El segundo aspecto resaltante es la difusión de los datos y documentos que habrían motivado la actuación del FAES en el predio de Américo Ledezma Nava, un predio en el estado Zulia denominado La Caraquita.
El 01SEP, según la información publicada en el diario Últimas Noticias, se denunció la desaparición de un obrero en la finca del Municipio Francisco Javier Pulgar, Zulia.
El 23OCT el MP emitió la orden de inicio de averiguación. El vídeo corresponde a la inspección de la finca el 03NOV2020. Se trató de una investigación ordenada por la fiscal María Gabriela Urdaneta Vergel (23OCT) ante una denuncia por la desaparición forzosa de un extrabajador hace 3 años.
En el caso está involucrada la Policía Municipal del Municipio Pulgar (que intervino y fue quien grabó la acción). El vídeo se divulgó 15 días luego del hecho, sin embargo los difusores de la información omitieron ese dato.
El último aspecto resaltante es que los promotores iniciales del vídeo-denuncia son reconocidos antichavistas vinculados con los grupos de poder en Colombia y quiénes actúan como portavoces del paramilitarismo colombiano en Venezuela.
Entre ellos Carlos Albornoz, expresidente de Fedenaga y ex vicepresidente de Fedeagro, (más de 5 mil retuits). Diosdado Cabello lo ha acusado de promotor del paramilitarismo. Participó el 02DIC2020 en el XXXV Congreso de la Federación de Ganaderos de Colombia junto a María Corina Machado.
Javier Tarazona de la Fundación Redes del Táchira (y presidente del colegio de profesores de Venezuela) aseguró en Twitter que el FAES actúa conjunto con el ELN, FARC, EPR y el Frente Bolivariano de Liberación -todos grupos guerrilleros-. No se refirió a los grupos paramilitares que también actúan en la zona fronteriza.
Tarazona fue la primera persona que divulgó e impulso el los videos en el predio de Ledezma y aseguró que la intención era ejecutarlo.
TWS: procedimiento fue irregular
El Fiscal General reveló a La Tabla que las irregularidades del procedimiento del FAES contra el productor agrícola del Zulia son: ausencia de fiscales del MP, denuncia anónima interpuesta en El Vigía, Mérida, para actuar en el Zulia y la comisión foránea no coordinó con el MP.
"El allanamiento ilegal se convierte -tal y como lo reflejan los vídeos- en un secuestro del productor y los obreros a quienes obligan a cavar una fosa", resaltó Tarek William Saab.
Además, el Faes no es un cuerpo de investigacion penal y el denunciante nunca dijo que el obrero de Ledezma estaba desaparecido en esa finca.
La persona contactada por el MP (el hermano) dice que hizo la denuncia vía telefónica así que la presunta acta de entrevista con su firma es falsa.
excelente análisis profundo concreto y con mucha veracidad
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