Como heredero de una de las más encumbradas familias de la burguesía venezolana López Mendoza recibió una exquisita formación. Su primaria y secundaria la cursó en el Colegio Santiago de León, el más importante centro educativo de carácter laico reconocido por las capas más pudientes de la capital venezolana.
En 1989 inicia estudios universitarios de economía en el Kendon College, en Ohio, Estados Unidos. Se trata de un centro de estudios creado en 1824 y cuya matrícula anual tiene un costo cercano a los 60 mil dólares, según la revista Forbes.
Al culminar en 1993 sus estudios de pregrado, López se inscribe en una Maestría de Teología en la afamada Universidad de Harvard. Sólo el 13% de los aspirantes logran ingresar por lo que, posiblemente, su elección de una carrera de menor demanda fue una táctica para quedar dentro.
Su padre para 1994 aún era presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y López Mendoza recibió una beca para financiar sus estudios en Harvard, según denuncia formulada por el actual vicepresidente Jorge Arreaza, en julio de 2008.
Posteriormente el dirigente político se cambió de área de estudio y se inscribió en un MBA (Master in Business Administration, Maestria en Administración de Negocios), por lo que "su programa de gobierno involucra la privatización y el neoliberalismo, porque para eso se formaron".
Leopoldo López regresó a Venezuela en 1996 y comenzó a trabajar en la oficina del economista jefe de PDVSA, José Toro Hardy, uno de los promotores de la desnacionalización petrolera.
Al mismo tiempo se integró a la Asociación Civil Primero Justicia, núcleo del partido del mismo nombre.
Con el apoyo de su madre, alta directiva de PDVSA Petroleo y Gas, tramitó y obtuvo una donación de 60 millones de bolívares para el partido encubierto por una asociación civil. El dinero se entregó a Julio Borges a finales de 1998, cuando ya había triunfado el comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales.
En el 2000 López se convierte el alcalde del municipio Chacao, postulado por Primero Justicia, y desde esa posición impulsa la conspiración contra el gobierno de Chávez.
En abril de 2002, utilizó su policía municipal como fuerza de choque para llevar una marcha opositora al casco de Caracas. Y luego del golpe de Estado organizó la captura y la agresión al entonces ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacin, quien fue sacado esposado y expuesto a una turba enfurecida que lo golpeó salvajemente.
Continuó su actuación contra el gobierno bolivariano y en 2004 apoyó manifestaciones callejeras, conocidas como “guarimbas” en las calles de Chacao. Previamente, en 2002, respaldó activamente una parodia de rebelión militar en la plaza Altamira y poco después el sabotaje petrolero.
En 2007 se separó de Primero Justicia y se integró a Un Nuevo Tiempo, donde permaneció hasta 2009, mientras preparaba un proyecto político propio que se concretó en la formación de unas “redes populares” y del partido Voluntad Popular.
Esa organización ha integrado a los movimientos y lideres estudiantes más radicales y violentos del país, incluyendo a quienes promueven los disturbios en Mérida, Táchira y Trujillo.
Inhabilitados
Papá, mamá e hijo López Mendoza han sido objeto de reparos y sanciones administrativas por parte de la Contraloría General de la República.
Es bastante conocido el proceso sancionatorio que incluyó la inhabilitación política contra Leopoldo López y su madre Antonieta Mendoza, por la donación de 60 millones de PDVSA a Primero Justicia.
Pero poco se sabe de la medida de control fiscal contra Leopoldo López Gil por una transacción con bonos de la deuda pública cuando ocupaba la presidencia de Fundayacucho.
En septiembre de 1994 la Fundación recibió una oferta de venta de bonos de la deuda pública venezolana de parte de un corredor de bolsa. El caso es que el monto a pagar era 474 millones de bolívares (de los viejos), y López y otro funcionario ordenaron pagar 488 millones.
El pago lo hizo el Banco Mercantial contra los recursos de un fideicomiso de Fundayacucho. Luego el padre de Leopoldo argumentó que no sabía porque habia pasado y le echó la culpa al banco.
Sin embargo la Contraloría aplicó la sanción en noviembre de 1998 (antes de la 5ta República) y logró que el TSJ rechazara un recurso de nulidad presentado por los sancionados, con lo que el reparo quedó firme.
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