La burguesía comercial en Venezuela no
sólo ha impulsado la escasez y el caos en el comercio sino que viene
atribuyendo las responsabilidades a la sociedad y al Estado, usando
métodos similares a los de la oligarquía colombiana en el combate
antinsurgente
VICTOR
HUGO MAJANO
CUATRO
F
El empresariado
comercial-importador venezolano ha desarrollado a lo largo de este
año un conjunto de mecanismos destinados a evadir su responsabilidad
sobre la escasez inducida y la caotización del comercio, promovida
desde 2013 en el contexto de la llamada “guerra económica”.
Se trata de mecanismos
que transfieren a otros sectores sociales o a procesos irregulares,
provocados por las propias acciones de las empresas comerciales, la
culpa de la escasez y de las dificultades para tener acceso a los
bienes y servicios esenciales, tal y como se puede comprobar por
medio del análisis.
Estos mecanismos pueden
ser comparados con los procedimientos desarrollados por la fuerza
pública colombiana para involucrar a personas inocentes en hechos
delictivos vinculados con la lucha antisubversiva o contra el tráfico
de drogas, y que son conocidos con el término de “falso positivo”.
El uso de la figura del
“falso positivo” tuvo su mayor auge a partir de 2008, durante el
gobierno del expresidente Alvaro Uribe Vélez, siendo su ministro de
Defensa el actual mandatario, Juan Manuel Santo, e incluye tanto el
asesinato de civiles, que eran presentados como combatientes
guerrilleros, como la manipulación de investigaciones judiciales
para involucrar en actos delictivos a líderes políticos, sociales y
a periodistas, y desviar la atención sobre los verdaderos
responsables.
En el caso de Venezuela,
las organizaciones gremiales del comercio, los medios de difusión y
las propias empresas han presentado sistemáticamente un conjunto de
“falsos positivos” que en cierta medida les ha permitido ocultar
sus responsabilidades y achacarla a la sociedad y al Estado.
Valga acotar que la
“guerra económica”, declarada por esos factores productivos,
tiene como propósito recuperar los recursos de carácter petrolero
que históricamente quedaban en su poder, y que a partir del gobierno
de Hugo Chávez comenzaron a ser transferidos a la sociedad a través
de los servicios de educación, salud, transporte y subsidios a los
alimentos y bienes básicos.
Una rápida revisión de
la evolución de la guerra económica permite identificar al menos
cinco “falsos positivos” clave:
1) Las colas: como
consecuencia de las restricciones a la oferta, determinadas por las
cadenas de distribución, desde finales del 2014, se presentó el
fenómeno de las colas en los establecimientos comerciales. Sin
embargo, lo que es producto de la actuación empresarial, comenzó a
ser presentado como expresión del fracaso del modelo impulsado por
la Revolución Bolivariana, y en consecuencia se generaron
actuaciones destinadas a “controlar las colas” e incluso a
criminalizar a quienes las hacían. Eso ha incluido la implantación
de mecanismos como el maltrato a los consumidores por personal de
seguridad, la ubicación de las filas bajo el sol o expuestas a
condiciones ambientales hostiles y hasta la prohibición de hacer
colas en determinados lugares u horarios. Paradójicamente, el gran
beneficiado por la cola es el circuito comercial, ya que se trata de
la creación de una demanda compulsiva que permite acelerar la
circulación de las mercancías y reducir el ciclo, lo que se traduce
en una baja de costos de operación y en la aceleración del retorno
de la inversión.
2) El bachaqueo:
la misma restricción de la oferta y el caos fomentado por los
establecimientos comerciales, especialmente cadenas de supermercados
y tiendas, fomentó el surgimiento del llamado “bachaqueo”, el
cual consiste en la compra para la reventa de productos básicos para
cuya adquisición se requiere la realización de enormes colas. El
consumidor promedio normalmente se ve en grandes dificultades para
someterse a esas condiciones impuestas deliberadamente por los
comercios, por lo que puede verse obligado a pagar los sobreprecios
que decidan imponer quienes descubrieron (en clara complicidad con el
comercio) que había un mercado para su actividad especulativa. Lo
contradictorio es que quienes optaron por dedicarse a esa actividad,
que beneficia esencialmente al comercio, también se convierten en
los “culpables” de la escasez y de las dificultades para adquirir
los productos, desviando la atención sobre la real responsabilidad.
Incluso, han logrado que parte de los recursos de supervisión y
control del Estado, se hayan orientado a perseguirlos en lugar de
concentrarse en los grandes circuitos de distribución que determinan
la aparición de este tipo de fenómeno.
3) Las compras
“nerviosas”: obviamente la sistemática “incapacidad” del
comercio para abastecer en forma estable al consumidor provoca
comportamientos individuales destinados a aumentar los volúmenes de
compra. Pero, ademas, es común que los propios establecimientos
fomenten la venta de más unidades que las requeridas por el
consumidor: se “obliga” a llevar un “combo” con, por ejemplo,
seis kilos de azucar y cuatro de arroz, aunque es probable que esas
cantidades no sean consumida antes de la siguiente compra. Y luego se
culpa de la escasez a las “compras nerviosas” impulsadas por los
comerciantes y por el clima de alarma que fomentan los medios y los
voceros de las empresas importadoras-distribuidoras.
4) El “ausentismo”
laboral: desde la reducción de la jornada laboral, contemplada
en la Ley del Trabajo, promulgada en abril del 2012 por el presidente
Chávez, las grandes empresas venezolanas comenzaron a atribuir su
baja productividad al “ausentismo” laboral. Pero no se trata de
que los trabajadores no cumplen con sus obligaciones, sino que las
horas de descanso o los días de asueto (cuando se cumple jornadas en
sábado o domingo) son calificadas como “ausentismo”.
5) Los
controles del Estado: y la favorita de la burguesía
es justamente atribuirle la culpa de su baja productividad programada
a los controles del Estado. Especialmente lo hacen con respecto al
control de los precios, materia que desde el 2011 está regulada por
la ley de Precios Justos, que le otorga a los importadores y
productores un margen de ganancia del 30 por ciento. Constantemente
los voceros empresariales advierten sobre la ausencia de un producto
a menos que se autoricen “ajustes” de su precio. Y ese “falso
positivo” ha sido tan eficaz que en noviembre del 2014 la Sundde
(Superintendencia de Precios Justos) aprobó la providencia 057/2014
que define que el “precio de venta justo: es aquel fijado para el
usuario o la usuaria final por: (...) 2.- El productor o
importador...”. Esa norma les ha permitido no sólo aumentar los
precios, con sus propios criterios contables, sino achacarle al
Gobierno Bolivariano dicho incremento.
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