En entrevista exclusiva con La Tabla precisó que las muestras seminales tomadas de un boxer del niño objeto del abuso sexual, fueron manejadas sin cumplir con los protocolos de la “cadena de custodia” lo que habría permitido su sustitución antes de que se realizara la prueba genética para determinar si el semen correspondía a uno de los dos docentes imputados inicialmente.
En consecuencia el resultado de la prueba de ADN arrojó la existencia de varios perfiles genéticos en las muestras seminales que no son coincidentes con las muestras tomadas a los profesores de natación Richard Marín y Juan Carrillo, de acuerdo con las conclusiones presentadas en el acto conclusivo de la causa.
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Explicó que las anomalías se comenzaron a evidenciar el día 4 de julio cuando la fiscalía 107 decidió “relevar” de la investigación a la División de Protección de Niños y Adolescentes del CICPC, la cual había iniciado el proceso tras la denuncia formulada una semana antes.
Esta decisión fue tomada sin argumentos expuestos formalmente y sólo trascendió que estaba motivada porque había “fuga de información”. Sin embargo el despacho fiscal a cargo de la dirección del proceso no abrió ninguna investigación para determinar las responsabilidades por la supuesta filtración de datos que trascendieron a algunos medios de comunicación.
Concretamente el denunciante destacó que la entrega de las muestras desde el área de identificación genética del CICPC hasta la Unidad de Criminalística del Ministerio Público se hizo sólo con un oficio genérico sin atender a las normativas de la llamada “cadena de custodia” que contempla la identificación plena de los funcionarios responsables del manejo de las evidencias.
La entrega de las muestras se hizó el 6 de julio y ese mismo día el padre del niño acudió al laboratorio del Ministerio Público a entregar otras prendas de vestir y allí la subdirectora de la unidad, la doctora Blanca Sánchez le informó que debía practicarle con urgencia una prueba de ADN. El requerimiento lo habría hecho la directora de la División de Protección de la Familia del Ministerio Publico, doctora Luz Marisol Flores Villamizar.
El hombre se negó en virtud del carácter informal del requerimiento, que no estaba soportado por ninguna solicitud fiscal ni judicial, y comenzó a intuir que había la intención de involucrarlo como un sospechoso del abuso sexual del que había sido víctima su hijo. De hecho, en las redes sociales usuarios que publicaban mensajes a favor del colegio también comenzaron a señalar al padre y a supuestos allegados como posibles agresores.
La situación con el requerimiento de la prueba de ADN fue informado por el padre en su oportunidad al fiscal 66, Felipe Hernández a quien le advirtió que podía haber una manipulación del estudio para utilizarlo en su contra. “Le advertí que las muestras seminales corrían riesgos en ese Laboratorio, que cuidara al máximo la transparencia del proceso o que buscara otro laboratorio para análisis de las mismas, situación que no ocurrió”, relató.
Sin embargo Hernández le pidió que se quedara tranquilo y le aseguró “yo resuelvo esto”. Varias semanas después le informó que la doctora Flores (la que pidió la muestra al padre) había sido removida de su cargo. “Eso me motivo a seguir confiando en la investigación que él llevaba”, explicó.
Como dato complementario, el denunciante recordó que el día que le solicitaron la muestra había ido al laboratorio del Ministerio Público, requerido para que llevara con urgencia una franela y un mono del niño que usaba el día que reportó la agresión sexual. Esas prendas no habían sido recibidas el primer día ya que se alegó que el boxer era absolutamente convincente. Cabe destacar que ambas piezas estaban llenas de heces en la parte trasera. Sin embargo esa información no fue incluida en el acta que redacta el Dr. Felipe Hernández, y “solo refiere estas como manchas”.
Semen de varias personas y ninguno coincidente
El examen genético practicado en el laboratorio de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, tuvo resultados absolutamente sorprendentes.
Específicamente las muestras correspondientes a segmentos de telas del boxer impregnados de material presunta naturaleza seminal, resultaron estar “constituidas por una mezcla de perfiles genéticos”, según el informe que maneja el padre y que forma parte del acto conclusivo.
Esas muestras “no presentaron coincidencia alélicas para el total de marcadores analizados con las muestras” pertenecientes a Marín y Carrillo, los dos maestros procesados, aunque los testimonios y entrevistas psicológcas sólo involucraban al primero.
Es decir, puntualiza el análisis, “los perfiles genéticos observados NO presentan un origen biológico en común”. No deja lugar para la duda.
En el caso de las muestras obtenidas de la franela y del mono las mismas no pudieron ser empleadas para el análisis de compraración por “NO presentar un perfil genético autosómico apto para su análisis”.
Sin embargo, al denunciante le llama la atención que la conclusion del fiscal en el documento pudiera prestarse a confusión. No precisa el dato sobre la no coincidencia de los perfiles genéticos, y en cambio destaca que una parte de las muestras (las del mono y la franela) “resultó en este caso insuficiente para determinar un perfil genético suficiente a ser comparado”. Cabe destacar que en ningúna parte el informe científico usa el término insuficiente.
Por otro lado en el acto conclusivo, advierte el padre, no se incluye la descripción detallada de las muestras del boxer tomadas por el laboratorio biológico del CICPC, lo cual contempló su análisis morfológico, con datos como color, dimensiones y forma de contacto.
Estos elementos indican que entre los cinco segmentos de tela tomados del boxer había poco más de 20 centímetros cuadrados de área de mancha seminal, por lo que le causa suspicacia que la unidad de criminalística del MP reporte que cuatro de las muestras de los segmentos del boxer fueron “consumidas en su totalidad” durante las pruebas.
Confianza en la Fiscal General
El padre (cuyo nombre debe ser mantenido en reserva para proteger la identidad del niño víctima) expresó su confianza en la fiscal general con respecto a su postura indoblegable de combate contra los vicios y la corrupción dentro de la institución responsable de dirigir los procesos de investigación penal.
“Yo he visto como ha actuado la doctora Ortega en situaciones donde funcionarios y fiscales se han involucrado en la comisión de delitos”.
No tiene dudas sobre la manipulación y los vicios que han ocurrido durante el proceso que se inició el pasado 29 de junio con la aprehensión de los docentes.
Asegura que tras esa situación se encuentra una maquinaria muy poderosa y bien articulada que está tratando de evitar que salga a la luz lo que pudiera ser un caso de violaciones masivas, en virtud de que el docente señalado por los niños (Marín) tiene más de veinte años en la institución.
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