Una bebé de tres meses de nacida y otro pequeño de año y medio deben permanecer o ir a la cárcel diariamente para ser amamantados por sus madres que están presas desde hace una semana por ponerse a producir alimentos en un país bloqueado y condenado al desabastecimiento de artículos esenciales por EEUU y la UE.
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| Juana María y su madre Angélica Palencia |
No estaban allí arbitrariamente sino por una orden del Instituto Nacional de Tierras (INTI) que incluía una medida de aseguramiento y el inicio de un procedimiento de rescate. Así lo certifica un documento firmado por el actual presidente del INTI, Luis Soteldo, que pudimos observar.
La decisión fue tomada el año pasado por el directorio del instituto cuando era presidido por José Rafael Avila y se fundamenta en un informe de inspección técnica que precisa que la finca La Magdalena, de 881 hectáreas, tiene un 60 por ciento del área cubierta por "malezas de paja peluda", que no sirven para alimentar a ningún animal.
Cuando eso sucede, la vigente ley de tierras prevé un procedimiento para asegurar que las tierras comiencen a producir con la participación de personas o grupos organizados que han manifestado su compromiso de integrarse a la actividad agrícola. La ley pues no castiga la propiedad sino la improductividad.
Pero además el área no es privada sino que es propiedad de la Nación según un documento registrado bajo el número 14, folios 29 al 33, Protocolo 1, Tomo 2, 1er. Trimestre de 1972.
El predio, que está ubicado en el municipio Obispo Ramos de Lora, tiene como sus pretendidos poseedores a un grupo familiar de apellido Celis Aranguren, quienes mantienen posesión sobre otras 8 o 9 fincas.
Es gente de abolengo que habría heredado las tierras en la perpetuación de un régimen de concentración de la propiedad rural apuntalado por la producción de ganado en forma extensiva, sin ninguna técnica y con escaso o nulo trabajo.
Lo paradójico es que son terrenos con suelos de categoría 1 y 2 que permiten sembrar de todo y cuyo uso menos recomendado y eficiente sería ese tipo de ganadería.
Para no alargar la historia, el caso es ese viernes en la tarde se presentó al sitio un grupo de funcionarios de la policía judicial, un contingente de la GNB con un camión que denominan "convoy" y hasta una fiscal del Ministerio Público, para certificar que allí había una invasión y para llevarse a dos o tres líderes del grupo.
Los apresaron y los montaron en el vehículo militar, y sus compañeros decidieron que si se los llevaban a los tres se los tendrían que llevar a todos. Y entonces se montaron los 29, incluyendo varias madres con sus hijos.
Se los llevaron y a todos lo bajaron en el CICPC de la principal ciudad de la subregión, donde los dejaron presos y los pusieron a disposición de la justicia.
El lunes o martes los llevaron a un tribunal (el 7mo de Control de Mérida), donde la juez Rosario Méndez ordenó privarlos de libertad a todos por delitos como invasión, desacato a la autoridad y daños al ambiente, entre otros. La medida fue solicitada por dos fiscales, mujeres ambas, la 23, Miriam Briceño, y la 7ma, Geraldine Zambrano.
No parece tener mucho sentido que una gente autorizada por el órgano competente para sembrar en el predio sea calificada como invasora. Y tampoco que cultivar auyamas y yuca, cuidar su crecimiento y cosecharlas sea un ataque al ambiente.
Las fotos que me enviaron indican claramente que allí lo que había era gente trabajando y produciendo alimentos, que son justamente de extrema necesidad en este duro período de ataque a Venezuela.
Pero si eso resulta absurdo lo que viene es descaradamente inmoral. Con las mujeres apresaron a Angélica Palencia y a Alba Márquez, madres de una niña de tres meses y de un niño de año y medio, respectivamente.
La niña, llamada Juana María Granado Palencia, pues inevitablemente es una lactante, cuyo alimento principal y quizá exclusivo, es la leche provista desde las teta de sus progenitora.
Mientras que el niño, Kennedy Camacho Márquez, pese a su edad aún necesita recibir lactancia original.
Juana, que normalmente como todo bebé, exige comida cada dos horas, está con su mamá y tan presa como ella. Duerme en una cobija colgada como hamaca improvisada en la "habitación" donde se le permite permanecer a su madre junto con otra prisionera.
Mientras que Kennedy es llevado cada día para poder mamar.
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| La "habitación" donde duerme Angélica y Juana María |
Ni Angélica ni Alba son delincuentes, eso es evidente, pero a pesar de ello deberán permanecer privadas de libertad por al menos 45 días cuando tendría lugar la llamada audiencia preliminar que determina si hay elementos para ir a un juicio o desechar los cargos.
Entretanto Juana y Kennedy tendrán la cárcel como su lugar de alimentación.
Los datos de esta historia han sido suministrados por el vocero campesino Hebert Castillo, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, el abogado Juan Carlos Alviarez, quien atiende el caso, el esposo de Angélica, Rafael Granado y el cronista Marco Teruggi quien se trasladó hasta el sitio. Teruggi también envió las fotos que acompañan el texto.
Hoy comenzó el asueto de la Semana Santa y ya se confirmó que la Pasión de las dos madres y sus niños se prolongará estos días. Ojala no llegue a crucifixión y muerte sino que se convierta mucho antes en resurrección y vida.
Los valores de la propiedad privada que condenan la producción de alimentos y la lactancia materna no deben triunfar.
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