El último caso son treinta y dos campesinos detenidos el pasado 16 de marzo en el rescate de 350 hectáreas de la hacienda La Magdalena, en Obispo Ramos de Lora, en el Sur del Lago. Siguen presos hasta el día de hoy, a pesar de tener un documento del Inti nacional que haya declarado las tierras como ociosas, y los autoriza a producir, cosa que hacen: han sembrado yuca, plátano, auyama, maíz. Se los acusa de invasión, obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad, tala y quema. El objetivo es que las tierras queden en manos del terrateniente Celis Aranguren, quien participó en los hechos de violencia de mayo del 2017, donde fue atacada la alcaldía, y quien habría pagado para lograr la detención de los campesinos.
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| Vivienda campesina incendiada en Suruguapo, estado Portuguesa |
Noticias como esta muchas veces no
trascienden por fuera de los territorios donde suceden. Los casos que se
lograron difundir este año fueron los ataques e intentos de desalojos a
campesinos de Portuguesa, del Consejo Campesino El Esfuerzo, y Barinas, en el
Hato Gavilán La Chaqueta. Emergieron porque algunos medios los cubrieron, por
la violencia del accionar. Tuvieron lugar más amedrentamientos, intentos de
sacar al campesinado de los rescates, que son muchos en el país. Como ejemplos,
en el Sur del Lago existen cerca de veinte rescates, en cuanto a Barinas cerca
de treinta y cinco.
Todos estos casos -parte de un mapa
nacional de rescates- tienen una característica similar: están a la espera de
respuestas. Ha habido gestiones, papeles temporales, recorridos por los
predios, comprobación de que efectivamente son tierras improductivas que los
campesinos pusieron a producir. Las resoluciones finales no llegan, la
posibilidad de ser desalojados, amedrentados, encarcelados, está ahí, latente. Sucede
crónicamente, como el año pasado cuando en pocos días tuvieron lugar varios
desalojos violentos consecutivos en Barinas. Se sabe, mayor es la posibilidad
cuanto más lejos están las cámaras. Y el periodismo en Venezuela tiene
epicentro en Caracas.
Se trata de una cuestión compleja.
Así como no se puede decir que la revolución tiene por política desalojar
campesinos, cabe la pregunta de por qué las respuestas favorables cuestan
tanto, qué subyace tras esa situación. Tanto en términos de intereses concretos,
de poderes, como de política agrícola regional/nacional en curso, en esta época
tan compleja de guerra desatada por el imperialismo y las clases dominantes.
Lo primero es resaltar que la lucha
contra el latifundio ha sido una marca central del proceso chavista. Se avanzó
allí donde otros procesos contemporáneos en el continente no lo hicieron. Se
puede medir en términos de hectáreas rescatadas/regularizadas/expropiadas, así
como a través de las muertes: cerca de trecientos campesinos sicariados.
Según los diferentes análisis ese
avance contra el latifundio duró hasta el 2010, con hechos emblemáticos como el
rescate simultáneo de dieciocho fincas en el Sur del Lago. A partir de esas
fechas se entró en etapa de estancamiento, situación que se extiende hasta la
actualidad, donde, lo que se ha mantenido, es un avance en regularizaciones de
tierras donde productores vienen trabajando desde hacía años. Ya no se habla de
la batalla contra las grandes extensiones improductivas de tierras en manos de
una sola persona/familia. Esto, paradójicamente, en una situación de dificultad
de abastecimiento y precios.
El debate es doble: la propiedad de
la tierra y la producción.
Los casos recientes de desalojos
permiten armar un tablero de actores contrarios a los rescates: terratenientes,
empresarios, funcionarios locales del Inti, de municipalidades, gobernaciones, tribunales,
fuerzas de seguridad regionales. Un bloque de intereses que busca ocupar
tierras en disputa, recuperar aquellas que fueron expropiadas, y avanzar sobre
nuevos territorios. Detrás de todo desalojo campesino hay un negocio en marcha
-desde México hasta Argentina.
Este cuadro de actores permite
llegar a una hipótesis: existen poderes fácticos regionales con
alianzas/compras políticas, que tiene la capacidad para ordenar desalojos, y
dar pasos en una tendencia restauradora que emerge. Es un asunto propio a cada
estado, donde, como se evidenció en algunas oportunidades, puede producirse un
conflicto entre la instancia nacional y la instancia regional de una misma
institución.
Esta hipótesis permite explicar lo
concreto de muchos casos de desalojos, pero no responde a la pregunta del
cuadro nacional respecto a la política contra el latifundio y, junto a eso, al
apoyo al campesinado y pequeños productores. ¿Hacia dónde está orientada la
apuesta en lo agrícola? ¿A fortalecer las tramas comunales, de pequeños
productores asociados, propiedades sociales y estatales, o a buscar acuerdos
cada vez más numerosos con el sector privado, es decir los grandes productores,
terratenientes, empresarios emergentes?
La respuesta parece estar orientada
hacia la segunda opción. En términos políticos significa que, en este cuadro de
guerra, se opta por la defensa/conservación a través de acuerdos. Esto puede
traer un retroceso: se le da más poder a quienes se ha combatido, que son
también muchas veces cómplices o autores directos de ataques actuales.
En lo económico significa que la
apuesta mayoritaria es hacia el privado, en un movimiento que también es de
ideas: es ese sector quien podría sacarnos de esta situación. No aparece
entonces como viable la productividad del campesinado, pequeños productores,
comunas, la propiedad social articulada a lo estatal. La fuerza debe estar centrada
en el privado. ¿Por qué los grandes propietarios serían ahora sí productivos, y
además en clave de consumo nacional y precios justos, dentro de un plan
nacional de transición al socialismo enfrentado a una guerra?
Esto no significa que no se deba
trabajar con el privado, medianos productores, ni buscar alianzas dentro un
modelo de tres tipos de propiedad. Significa que existe una trama productiva de
campesinos, pequeños productores, economías comunales, que, aunque no tenga la
dimensión actual para abastecer al país entero, carga una potencia política
económica que desató Chávez, y sin la cual resulta difícil pensar una salida
que conduzca a la resolución de las urgencias a la vez que al avance en el
proyecto histórico. Ese universo productivo requiere apoyo, insumos, cadenas
completas. Tiene deudas también, al igual que las tienen el Estado y los
privados. El debate es político, ¿hacia dónde va la apuesta estratégica?
Desde esa hipótesis se pueden
enmarcar los casos regionales de desalojos y ataques. Son producto de situación
estadales, no son una política nacional, pero se dan dentro de la orientación de
buscar acuerdos con ese gran privado, ofrecerle nuevos negocios. Eso parece
significar no dar pasos en nuevos rescates de tierras, no confrontar, aunque sean
tierras improductivas y los campesinos demuestren que tienen la capacidad para
ponerlas a producir.
¿Es una hipótesis errada? Tal vez. Para
eso el debate en un eje donde es poco lo se sabe, y periódicamente aparecen
casos de ataques violentos a campesinos en diferentes estados del país. La
pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué se dan los desalojos?
Marco
Teruggi
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