Celis es parte de la familia propietaria de la finca La Magdalena, la misma donde en marzo encarcelaron a 32 campesinos y a dos bebés.
Según el relato de Norka (vocera del consejo campesino Maisanta ) Celis aseguró que todo está decidido para sacar a los campesinos que se mantienen en las tierras y permitir el desarrollo aceitero. Les dejó claro que para eso habrían pagado y comprado funcionarios del INTI.
El viernes 6 me llamó Judith (otra de las voceras ) informando que al menos tres hombres con motosierras habían comenzado a derribar los árboles de la finca.
El predio, antiguamente productor de leche, está en proceso de rescate ya que está subutilizado u ocioso. Prácticamente su producción es nula y eso es verificable a simple vista.
Desde marzo está parcialmente ocupado por tres organizaciones con más de 100 familias, cuyos integrantes son hijos y nietos de antiguos obreros del fundo.
Tienen casi una década peleando por esa tierra.
Apostaron por eso y no han abandonado la opción.
En mayo, cuando era virtualmente inevitable que el Inti acordara el procedimiento, surgió un elemento discordante consistente por la pretensión de incorporar a 400 familias más otras organizaciones que también demandan tierras.
Además de extemporánea, la pretensión era inviable en términos productivos ya que los lotes a repartir apenas superarían 1 hectárea por grupo familiar.
Y el otro elemento es que apostaba a un enfrentamiento entre organizaciones campesinas.
En todo caso el asunto implicaba una situación que entrababa o complicaba el proceso.
Esta nota no la pude terminar. Hoy domingo 8 de julio me acaban de informar que Judith está en un hospital que lesiones causadas por un motosierrista que la golpeó. Se trata de Máximo Quintero uno de los hombres contratados por Celis para derribar árboles y sembrar palmas.
Agrega el relato que en una unidad de la GNB (El Pinar 222) se negaron a tramitar la denuncia.
Nota en desarrollo
@vhmajano
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