En 1995, la jurista inició su carrera política al ser electa como concejal del Ayuntamiento de Madrid en el listados del PP, el cual estaba encabezado por José María Álvarez del Manzano.
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| La juez y exconcejal de Madrid, María Tardón Olmos |
En esa ocasión, ocupó la tercera tenencia de alcaldía y fue la responsable de las áreas de policía municipal, Protección Civil y Atención Social.
Sin embargo, sus vínculos con la política no se quedaron allí. También fue consejera general en la asamblea de Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), entre los años 2003 y 2005, durante la presidencia de Miguel Blesa, financiero que estuvo condenado a seis años de prisión por casos de corrupción ligados a las tarjetas “fantasmas”.
El también caso de las tarjetas “black” que se dio a conocer en 2014, se descubrió que consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia disfrutaron al menos diez años (entre 2003 y 2012) de tarjetas de crédito de empresa a las que cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros.
Por este caso, pagaron Blesa, quien estuvo muy ligado al ex presidente español José María Aznar, quien estuvo detrás del golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002; Rodrigo Rato, ex presidente de Caja Madrid y el exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
Un dato importante es que Rodrígo Rato fue puesto al frente de la cuarta entidad financiera más importante del país europeo, por el líder del Partido Popular Marianao Rajoy, quien estando al frente del Gobierno español fue uno de los principales impulsores de las sanciones por parte de la Unión Europea a Venezuela.
Debido al caso de las tarjetas “Black”, en el que también está involucrado Pedro Sánchez, actual jefe del Gobierno español; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 2014 apartó a María Tardón de juzgar al ex juez Elpidio Silva, quien fue el encargado de dictar sentencia contra Blesa.
En esa ocasión, la propia jurista se negó a abstenerse de la causa y comunicó al tribunal que su antigua relación con Caja Madrid no le impedía realizar su trabajo. Sin embargo, para el tribunal si existe la sospecha de dicha vinculación entre Tardón y Blesa.
“La circunstancia de que la Sra. Tardón hubiera cesado como Consejera de Caja Madrid algunos años antes de la comisión de los hechos que se imputan a su Presidente, Sr. Blesa (que, al parecer, tuvieron lugar en los años 2008 y 2009), no desvanece por completo la huella dejada por aquel objetivo vínculo o relación inicial”, dijo el tribunal.
Pero esta no es el único encuentro entre Tardón y Silva. En mayo de este año más de dos mil taxistas comenzaron una querella contra las empresas Uber y Cabify, por los delitos de estafa, contra la hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración del precio de las cosas con engaño.
Sin embargo, Tardón, el pasado 3 de octubre acordó el archivo de dicha querella al considerarlo que partió de una “premisa falsa” porque este mercado está carente de regulación. Dicha apelación fue recusada por Silva, quien representa a los taxistas, por lo que la instó a abstenerse y trasladar la causa a otro juzgado por conflicto de intereses.
María Tardón también rechazó a finales de septiembre investigar al jugador del Barcelona FC Lionel Messi, junto a sus familiares, por delitos contra la hacienda pública, delitos contables, estafa y blanqueo de capitales en relación con la Fundación que tiene el jugador.
La denuncia fue realizada por un ex trabajador de la fundación, quien aseguró que la familia Messi había utilizado la entidad para recibir pagos que no fueron destinados a fines sociales para evitar pagar a Hacienda.
Tardón decidió archivar la denuncia asegurando que la misma no dispone "de ningún elemento que avale racionalmente la verosimilitud" de los supuestos hechos delictivos.
Además, este lunes, la jurista ordenó registrar el domicilio y el despacho del abogado chileno Gonzalo Boye, quien representa a Carles Puigdemont, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña y principal líder del movimiento independentista quien actualmente se encuentra en Bélgica.
Según las versiones de prensa, la orden emitida por Tardón se debe a “un presunto delito de blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas”, procedentes de la red criminal dirigida por el narcotraficante gallego alias “Sito Miñanc”, de quien Boye fue abogado hasta hace 15 días.
Boye fue encarcelado seis años por colaborar con el grupo ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Aunque siempre defendió su inocencia por este delito. En 2013 presentó una querella contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por delito fiscal, tráfico de influencias y falsedad contable.
También formó parte del equipo jurídico que defendió a Edward Snowden, quien hizo públicos documentos de alto secreto sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) sobre el programa de espionaje que desarrolla Washington en todo el mundo.
La jueza, según un artículo de Europa Press, el pasado 7 de octubre aceptó asumir la causa contra “los altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA)” que han blanqueado capitales en España.
Tardón incluye como objeto de la investigación que dicho blanqueo se realiza mediante una estructura transnacional del Grupo Swissinvest, que es una sociedad de inversión controlada por el argentino, Luis Fernando Vuteff, yerno Ledezma, y quien el año pasado fue detenido en España en medio de la Operación Carabela.
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