Para los que no conocen las complejidades del caso de extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, la audiencia administrativa del viernes en la Corte de Magistrados de Westminster en Marylebone, en el centro de Londres, hubiera pasado como un modelo ejemplar: una juez extremadamente cortés, con una actuación mesurada y siempre tratando de encontrar una solución práctica a las tantas situaciones que se presentaron en la audiencia, un trato respetuoso por parte de los abogados acusadores y defensores en el caso y el uso de la última tecnología, que permitió a los abogados acusadores comunicarse por vía telefónica, ya que por una confusión de horarios no se encontraban presentes en el tribunal. Pero hasta allí llega esta imagen de perfección de la justicia británica.
Kevin Gosztola, editor de shadowrpoff.com,
dijo después de esta audiencia que “habiendo cubierto el consejo de
guerra de Chelsea Manning en un tribunal militar de los EE.UU.,
permítanme decir esto claramente: a Julian Assange ni siquiera se le
otorgan los mismos derechos mínimos y los mismos estándares de acceso a
la prensa que tenía Chelsea. Es mucho, mucho peor.”
Kevin
fue uno de los periodistas que trató de conectarse con la corte por via
de una conferencia online, pero tuvo que desistir cuando lo conectaron a
otro caso que no tenía nada que ver con el de Assange.
En
la audiencia de lo que ya se conoce como una “Corte de Canguro” las
grietas de la injusticias contra Assange comenzaron a aflorar. Para los
que no los saben, 'una corte canguro’ no es más que una corte donde los
acusados en dichos tribunales a menudo se les niega el acceso a la
representación legal y, en algunos casos, una defensa adecuada y el
derecho de apelación.
Ayer
con la excusa de las medidas sanitarias tomadas por Covid-19 sólo
pudimos entrar cinco periodistas y cinco miembros del público a una sala
que es una de las más pequeñas en esta sede de los tribunales ingleses.
La
imposibilidad de conexión por internet a través de la plataforma de los
tribunales para los periodistas que trataron de hacerlo, garantizó el
velado bloqueo informativo que este caso ha sufrido en los medios
británicos y en el mundo.
Julian
Assange confrontará una pena máxima de 175 años en una corte
estadounidense si los 18 cargos (entre ellos el de espionaje) por los
que Estados Unidos lo acusa son comprobados. Desde marzo Assange no se
ha podido reunir personalmente con sus abogados, y desde que el caso
comenzó el año pasado, han sido contadas con los dedos de una mano las
veces que se ha podido reunir con su equipo defensor.
La
renovación de la acusación para extradción que hizo los Estados Unidos a
última hora -y a la que le han agregado 33 nuevas páginas-, ni siquiera
ha sido leída por Assange y sus abogados no han tenido tiempo
suficiente para elaborar una respuesta escrita a la juez que maneja el
caso.
Los
abogados acusadores insisten en que las nuevas páginas incluye nueva
información de la investigación contra Assange que los Estados Unidos
mantiene vigente, los abogados defensores dicen que la información
incluída se refiere al año 2010 y subsiguientes y de conocimiento
público, por lo que no representa nueva información como tal y por ello
no debería incluirse.
Florence
Iveson, representante de Assange, dijo que la inclusión de estas 33
páginas es un asombroso quiebre del debido proceso y potencialmente un
abuso de conducta por parte de los abogados acusadores. La juez Vanessa
Baraitser declaró que no tiene potestad para decidir si incluir o
excluir esta información. Muy conveniente esta limitación de la jueza de
distrito.
Pero
lo más inusual y preocupante es que aunque Julian Assange técnicamente
se encuentra prisionero en la cárcel de Belmarsh, en el sureste de
Londres, no tiene orden de arresto. En teoría en estos momentos está
prisionero de forma ilegal. Esta situación posiblemente se resuelva el 7
de septiembre, fecha cuando comenzaría el caso de extradición
propiamente dicho, con el llamado, lo más seguro por via internet, de
testigos de una y otra parte. En esta fecha sería arrestado de nuevo
formalmente.
Toda
esta situación irregular se originó porque los Estados Unidos introdujo
su renovación de la acusación contra Assange muy tarde, el 12 de
agosto. De hecho, ya los abogados defensores mencionaron que aunque su
intención es que el caso de extradición comience lo más pronto posible,
en las condiciones en que está ahora no pareciera que pudiera comenzar
el 7 de septiembre como se tiene previsto.
Pareciera
que los Estados Unidos busca retrasar este caso de extradición para
después de las elecciones presidenciales de noviembre en ese país, lo
que demostraría que el caso contra Assange es político.
Una misteriosa juez y otra no tanto
En
una audiencia anterior del pasado 7 de abril en la misma Corte de
Magistrados de Westminster en Marylebone, que se celebró en condiciones
de encierro, la jueza de distrito Vanessa Baraitser dijo que los
procedimientos de extradición continuarían contra Julian Assange, a
pesar de que sus abogados argumentaron que el bloqueo del coronavirus
significa que no podían preparar su defensa.
En
esa oportunidad los abogados de ambas partes presentaron argumentos por
teléfono y Assange no pudo asistir a la audiencia a través del enlace
de video debido a las restricciones de Covid-19 de la prisión de
Belmarsh, que es donde se encuentra detenido desde hace más de un año.
Una
búsqueda en internet de la jueza Vanessa Baraitser nos dice poco sobre
ella, excepto los casos legales de alto perfil en los que está o ha
estado involucrada. Uno de ellos se relaciona con un individuo llamado
el empresario francés Alexandre Djouhri que supuestamente canalizó
dinero del exlíder libio Muammar al-Gaddafi para financiar la campaña
presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy.
Sarkozy,
quien después de la exitosa campaña se desempeñó como presidente de
2007 a 2012, ha negado haber recibido financiación ilícita para la
campaña.
Djouhri
fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow de Londres en enero de 2018
con una orden de arresto europea (EAW) emitida por Francia después de
llegar en un vuelo desde Suiza, donde tiene residencia.
En
febrero de 2019, Baraitser ordenó su extradición por las acusaciones de
corrupción, incluido el blanqueo de dinero, la corrupción activa de un
funcionario público extranjero y la conspiración para malversar fondos
públicos.
En
el fallo celebrado en el Tribunal de Magistrados de Westminster en
Londres, escribió: "Estoy convencida de que no hay pruebas suficientes
de que las autoridades francesas hayan manipulado o utilizado
procedimientos para oprimir o perjudicar injustamente al Sr. Djouhri ...
Por lo tanto, ordeno la extradición a Francia de Alexandre Djouhri “.
Pero
la jueza de distrito Vanessa Baraitser, sólo se encarga del aspecto
administrativo del caso de Assange. La jueza principal que supervisa los
procedimientos de extradición del editor de WikiLeaks, es Lady Emma
Arbuthnot.
Arbuthnot
recibió beneficios financieros de dos organizaciones asociadas del
Ministerio de Relaciones Exteriores británico antes de su nombramiento,
información revelada por Matt Kennard y Mark Curtis de Declassified UK.
Los
periodistas también confirmaron que Lady Emma Arbuthnot fue nombrada
Magistrada en Jefe en Westminster por consejo de un ministro del
gobierno conservador con quien había asistido a una reunión secreta
organizada por una de estas organizaciones asociadas al Ministerio de
Relaciones Exteriores dos años antes.
Liz
Truss, entonces secretaria de Justicia, "aconsejó" a la reina que
nombrara a Lady Arbuthnot en octubre de 2016. Dos años antes, Truss, que
ahora es secretaria de Comercio, y Lady Arbuthnot asistieron a una
reunión extraoficial de dos días en Bilbao, España.
Una
organización llamada Tertulias pagó los gastos de la visita, presidida
por el esposo de Lady Arbuthnot, Lord Arbuthnot de Edrom, un exministro
de defensa conservador con importantes vínculos con el ejército
británico y la comunidad de inteligencia expuestos por WikiLeaks.
Tertulias, un foro anual que se lleva a cabo para líderes políticos y
corporativos en el Reino Unido y España, es considerado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido como una de sus
“asociaciones”. El evento de 2014 en Bilbao contó con la presencia de
David Lidington, el Ministro de Europa, mientras que el Ministerio de
Relaciones Exteriores financió en el pasado la asistencia de Lord
Arbuthnot al foro, como revelaron Kennard y Curtis.
Según
Declassified UK, Lady Arbuthnot también se benefició económicamente de
otro viaje con su esposo en 2014, esta vez a Estambul para el Tatlidil
británico-turco, un foro establecido por los gobiernos del Reino Unido y
Turquía para personas de “alto nivel” involucradas en la política y los
negocios.
Tanto
Tertulias como Tatlidil son reuniones secretas sobre las que se sabe
poco y no están obviamente conectadas, pero Declassified ha descubierto
que la dirección en el Reino Unido de las dos organizaciones ha sido la
misma.
Lady
Arbuthnot presidió personalmente el caso de Assange como juez desde
finales de 2017 hasta mediados de 2019, emitiendo dos fallos
controvertidos. Aunque ya no está escuchando personalmente los
procedimientos de extradición de Assange, sigue siendo responsable de
apoyar y orientar a los jueces menores en su jurisdicción (como la juez
de distrito Vanessa Baraitser) y muchos la consideran la verdadera juez
del caso.
Lady
Arbuthnot se ha negado a declarar ningún conflicto de intereses en el
caso, a pesar de que recibió obsequios y hospitalidad en relación con su
esposo de una empresa militar y de ciberseguridad expuesta por
WikiLeaks. De paso, según Declassified UK, el hijo de los Arbuthnots
está vinculado a una empresa contra la filtración de datos creada por el
sistema de inteligencia del Reino Unido y cuyo personal está formado
por funcionarios reclutados de las agencias de inteligencia
estadounidenses detrás del procesamiento del fundador de WikiLeaks en
ese país, como lo afirma Declassified.
¿Tortura en el Reino Unido?
El
relator especial de la ONU sobre tortura y tratos inhumanos, Nils
Melzer, hizo un informe sobre el caso de Assange en febrero de este año
en conformidad con una resolución acordada por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
En
su informe, Melzer, que ocupa la cátedra suiza de Derechos Humanos en
la Academia de Ginebra, sostiene que Assange es víctima de tortura
psicológica. Melzer destaca la difícil situación de Assange en su
informe.
Melzer
dijo que la redacción del informe, donde se incluye la definición de
tortura psicológica, era necesaria debido a la ausencia de una
definición clara de este tipo de tortura. Quería proporcionar a los
tribunales "una base de definición para identificar la tortura
psicológica”, como se señala en un artículo de Al-Jazeera.
En
opinión de Melzer, el caso Assange muestra que la percepción de que
"democracias maduras" como el Reino Unido y Estados Unidos no practican
la tortura psicológica es falsa.
Melzer
también afirmó que aunque la tortura psicológica se considera menos
grave que la tortura física, no existe una jerarquía entre las dos.
En
el caso de Assange pareciera que lo único que se ha respetado es el
tratado de extradición entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Todo
lo demás ha quedado derogado, como el derecho a una defensa justa, el
respeto al debido proceso en las cortes inglesas y la prohibición de
tortura de cualquier tipo a un prisionero. Y cada día que pasa queda más
claro que Julian Assange es un prisionero político y que su caso tendrá
repercusiones importantes para los periodistas del mundo.
Y
es que, como lo dice Amnesty International en su portal: “La implacable
persecución del gobierno estadounidense contra Julian Assange por la
publicación de documentos a los que tuvo acceso sobre posibles crímenes
de guerra, entre otros, cometidos por el ejército de Estados Unidos no
es sino un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión.”
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