Comenzó hoy inspección para determinar productividad del Hato Piñero en Cojedes

El Instituto Nacional de Tierras (INTI), con el acompañamiento del movimiento campesino, comenzó hoy (miércoles 22) la inspección del Hato Piñero, un gigantesco latifundio ubicado en el sur del estado Cojedes, expropiado por el gobierno venezolano en 2005, y que desde entonces ha sido manejado por empresas estatales sin arrojar resultados positivos.


La inspección, según informó Domingo Aponte, vocero de cerca de 400 familias campesinas que vienen proponiendo asumir el manejo del predio, tiene como propósito determinar la productividad del complejo, situación del rebaño ganadero así como las condiciones en que se encuentran las instalaciones. También se pretende definir la situación ambiental del conjunto, el cual es considerado una importante reserva de fauna silvestre del país.

El predio fue ocupado desde principios de la década de los años 50 por la familia Branger (una de las más acaudaladas de la nación sudamericana) que desalojó con métodos violentos a unas 800 familias campesinas que habitaban y producían ganado en la región. Se estima que unas 100 mil cabezas de ganado y otros animales menores fueron exterminados durante el proceso de desplazamiento de los grupos humanos asentados, según los testimonios publicados en portales web como el prochavista Aporrea.

En 2005 el presidente Hugo Chávez impulsó la recuperación del predio en el marco de la política de revolución agraria y combate al latifundio. Sin embargo, una vez concretado el rescate, el mismo entregado al gubernamental Centro Genético Florentino y en 2011 a la también estatal Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL). En ambas gestiones los resultados no han sido los esperados según lo señalan los informes publicados en la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Adicionalmente en el esquema de manejo del hato no se incluyeron a las comunidades campesinas de la zona, cuyos integrantes son descendientes de las familias originarias desplazadas por el grupo Branger, conforme explicó Oscar Farfán, también vocero del grupo.

Esta demanda se mantuvo en el tiempo y las familias organizadas en cerca de 20 colectivos, constituidos en consejos campesinos y unidades de producción, han impulsado una propuesta para asumir integralmente el manejo del hato de unas 75 mil hectáreas (equivalente a la superficie de la capital venezolana).

La propuesta contempla la administración del ganado (cuya cantidad debe determinar la inspección) así como reactivar la actividad turística (paralizada desde hace varios años) y garantizar la preservación de las especies de fauna silvestre que habitan en el gigantesco conjunto rural, precisó Aponte.

Durante el pasado fin de semana los colectivos, que se agrupan en el movimiento campesino José Rafael Nieves (un soldado originario de la zona quien murió durante la rebelión dirigida por Hugo Chavez en 1992), discutieron y afinaron las propuestas concretas para la toma de control del predio, agregó

La inspección, que podría tomar varios días y contempla la revisión de registros documentales además de la visita y examen de las instalaciones, la dirige el Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo ejecutor de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada en 2001.

Prensa del Monte/Agencia Campesina
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