Se trata de Ana Karina Marcano Salazar, quien fue aprehendida en flagrancia y puesta a la orden de la fiscalía y presentada en un tribunal de control.
Marcano es asociada del bufete Salaverría, cuya sede principal está en Barcelona, y es dirigido por el abogado José Getulio Salaverría Lander.
El secretario de trabajo del Sindicato de Trabajadores de empresas Polar y Pepsi Anzoátegui, Mauricio Barrero, informó que el pasado 14 de junio el despacho laboral dictó la providencia para la restitución en sus puestos de trabajo a 19 personas dependientes de la empresa Avast Service, contratada por Pepsi, que habían sido destituidas de sus cargos en febrero de este año.
Asimismo, decidió la permanencia de 11 trabajadores que sufren enfermedades ocupacionales y que al parecer han sido obligados a regresar a sus anteriores puestos, lo que pone su salud en riesgo.
Pero, según el dirigente sindical, ninguna de las órdenes fue cumplida.
La mañana de ayer funcionarios del ministerio visitaron la empresa por sexta vez, en menos de dos meses, para exigir la ejecución de las medidas. A las 5:00 de la tarde la PNB procedió a detener a la abogada por desacatar los artículos 425 y 538 de la Ley Orgánica del Trabajo.
El diputado José Castro, presidente de la comisión de Salud, Desarrollo Social y Económico del Consejo Legislativo, dijo que se declaró flagrancia y que la profesional del Derecho podría recibir una sanción de 6 a 15 meses de cárcel.
A su juicio, estas acciones deben servir de ejemplo ante la arremetida que se está generando en contra de la clase trabajadora en todo el territorio nacional “cada vez que hacen despidos violando la inamovilidad laboral y desmejorando la calidad de vida de las personas”.
Edgar Urrieta, de 36 años y quien trabaja en el almacén, señaló que en 2010 le detectaron una hernia discal y que en consecuencia no debe alzar un peso superior a 10 kilos. Sin embargo, aseguró que el patrono le exige que regrese a su anterior puesto como ayudante de flota pues aduce que la patología desapareció.
Dijo que este caso fue evaluado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) que determinó que su antiguo puesto representa un peligro para su salud.
Nota tomada del diario El Tiempo
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