ONU "raspó" a España en examen de DDHH y le exige eliminar la tortura

España no aprobó la materia de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal, presentado este año ante el Comité de DDHH de la ONU, durante un conjunto de sesiones entre junio y julio, y cuyos resultados fueron dados a conocer ayer.

La Ley de Seguridad Ciudadana, que entró el vigencia el 1 de julio pasado, y que establece severas restricciones a  los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, es uno de los varios incumplimientos ibéricos que motivaron la calificación negativa.


Paradòjicamente otras naciones, como Venezuela, que ha sido atacada en forma constante por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, logró sortear exitosamente el examen y ahora exhibe un informe cargado de anotaciones positivas por parte de un comite con profundos prejuicios hacia el gobierno bolivariano.

Mientras otro cuestionamiento hacia el Reino de España, es la falta de justicia para las violaciones de los derechos humanos en el pasado, en Venezuela fue aprobada una ley para sancionar las violaciones ocurridas durante la llamada IV Repùblica, entre 1958 y 1998. En la nación ibérica subsisten leyes de amnistía que no sólo impiden el castigo sino la misma investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

El uso de perfiles ètnicos por policías y otros funcionarios, al igual que la discriminación para el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, fue otra de las consideraciones que condujeron a la "mala nota" de España. En contrapartida el comité destacó la aprobación en Venezuela de una ley orgánica contra la discriminación racial en agosto de 2011.

Asimismo el organismo de la ONU exigió a España redoblar los esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, asi como incluir en el ordenamiento jurídico la prohibición del otorgamiento de indultos a personas procesadas por este tipo de delitos. En vía contraria el mismo comité felicitó a Venezuela por la adopción de  Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en junio de 2013, promulgada por el actual mandatario, Nicolás Maduro, y que contiene penas muy severas para esta tipología delictual. Incluso pueden llegar a la pena máxima de 30 años y por ser delitos de lesa humanidad, calificados así por la propia Constitucion Bolivariana, quienes hayan sido procesados por estos no pueden acceder a beneficios como indultos o amnistías.

Cabe destacar que todos los sectores de la derecha en Venezuela se vienen apoyando en el gobierno del PP y en las organizaciones de propaganda financiadas por el empresariado hispanoamericano, para denunciar un presunto retroceso en materia de derechos humanos y civiles en la nación suramericana..

Sin embargo, según los documentos oficiales de la ONU, es justamente en la España dirigida por la extrema derecha donde se han profundizado las restricciones a los derechos más elementales.Mientras en Venezuela la ampliación de derechos ciudadanos se expresa nitídamente tanto en lo legal como en lo institucional.

El portal web www.nuevatribuna.es elaboró un detallado análisis de los principales aspectos del informe de la ONU, donde el comité, compuesto de dieciocho personas expertas independientes de las cinco regiones del mundo, constató la falta de progreso de España en la aplicación de las recomendaciones que le había formulado en 2008, con ocasión del examen del quinto informe periódico de España.:


Aplicabilidad interna del Pacto España debe garantizar el pleno cumplimiento, en el ordenamiento jurídico nacional, de las obligaciones que le impone el Pacto. Con ese fin, debe tomar las medidas correspondientes, incluyendo medidas legislativas si fueren necesarias, para garantizar la plena aplicación del Pacto. El Comité reitera su recomendación anterior (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 8) con el fin de dar un seguimiento a los dictámenes emitidos por el Comité con arreglo al Protocolo Facultativo.


Segundo Plan de Derechos Humanos
España debe acelerar la aprobación del segundo plan de derechos humanos, y asegurarse de que ese plan aborde de manera adecuada y efectiva las cuestiones relevantes planteadas por la sociedad civil, el propio Comité y otros mecanismos de derechos humanos. España debe asegurarse también de que, una vez aprobado, el plan se aplique efectivamente, entre otras cosas a través de la asignación de recursos humanos y materiales suficientes y el establecimiento de mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas.

Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica
España debe suministrar al Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica los recursos financieros necesarios para que pueda cumplir con su mandato con eficacia e independencia. Debe, asimismo, acelerar el nombramiento del presidente y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la independencia del Consejo.

Utilización de perfiles étnicos
España debe combatir eficazmente y eliminar la utilización de perfiles étnicos por los policías y funcionarios encargados de la aplicación de la ley, entre otras formas, con el incremento de capacitaciones para esos agentes sobre la sensibilidad cultural y la inadmisibilidad de la utilización de perfiles étnicos. También debe investigar las faltas de conducta por motivos de discriminación étnica y llevar los responsables ante los tribunales.

No discriminación
España debe garantizar la igualdad de trato a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, cualquiera que sea su origen nacional o étnico. También debe intensificar las medidas destinadas a evitar que los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas, incluida la minoría romaní, sean discriminados en el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, la igualdad salarial y la atención de la salud.

Personas con discapacidad
España debe asegurar que se sigan todos los procedimientos para obtener el consentimiento pleno e informado de las personas con discapacidad en la práctica de esterilización en centros de salud. Al respecto, se debe impartir formación especial al personal de salud con el fin de dar a conocer mejor los efectos perjudiciales y los alcances de la esterilización forzada.

Igualdad de género
España incumple las recomendaciones de la ONU en igualdad de género. En este sentido debe procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto. También debe adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad.


Violencia de género y doméstica
España debe seguir intensificando sus esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y, en particular, aumentar las medidas para proteger a las mujeres de origen romaní, velando por que ellas tengan acceso efectivo a mecanismos de denuncia. Debe continuar facilitando el acceso a los servicios de asesoramiento y apoyo existentes para las mujeres víctimas de la violencia especialmente vulnerables y marginadas, e investigar las denuncias de esos casos de violencia, iniciar acciones judiciales y, en caso de ser condenados, castigar a los responsables.

Interrupción voluntaria del embarazo
España debe asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo. También debe continuar sus esfuerzos en los programas de educación de carácter formal (en las escuelas) e informal (a través de los medios de difusión y otras formas de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, y asegurar su aplicación.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por la policía
España debe:
a) Redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura y los malos tratos, entre otras cosas, reforzando la formación en derechos humanos de las fuerzas del orden y de seguridad, a la luz de los estándares internacionales en la materia;

b) Establecer órganos de denuncia independientes para atender las quejas de malos tratos policiales;

c) Velar porque todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia;

d) Asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada que incluya servicios de salud y de rehabilitación;

e) Asegurar que los exámenes forenses de los presuntos casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del Estado sean imparciales, exhaustivos y se lleven a cabo de acuerdo con el Protocolo de Estambul;

f) Prohibir en su ordenamiento jurídico la concesión de indultos a las personas declaradas culpables por el delito de tortura; y

g) Asegurar la utilización de la grabación de interrogatorios en las dependencias policiales y otros lugares de detención respecto de todas las personas privadas de libertad.

Centros de Internamiento de Extranjeros
España debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar el uso recurrente de la detención de los solicitantes de asilo, y garantizar que la detención de los extranjeros sea siempre razonable, necesaria y proporcionada en vista de sus circunstancias individuales; que se recurra a la detención durante el período más breve que proceda y únicamente si se han examinado debidamente y considerado inapropiadas las alternativas existentes. Asimismo, debe tomar todas las medidas necesarias para que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Condiciones de la privación de libertad
España debe velar porque se disponga en todos los centros (incluidos los CIE) de instalaciones sanitarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Pacto y con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Régimen de incomunicación del detenido
El Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 14) y recomienda nuevamente que se tomen las medidas legislativas necesarias para eliminar la detención en condiciones de incomunicación y que se reconozca a todos los detenidos el derecho a un médico y a la libre elección de un abogado al que puedan consultar de manera plenamente confidencial y que pueda estar presente en los interrogatorios.

Expulsión de los solicitantes de asilo
España debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y garantizar que todas las personas que solicitan protección internacional tengan acceso a procedimientos de evaluación justos e individualizados y a la protección frente a la devolución sin discriminación, y tengan acceso a un mecanismo independiente con autoridad para suspender las decisiones negativas.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza en las operaciones de expulsión de solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados
España debe adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que no se someta a los inmigrantes a malos tratos durante su deportación y expulsión. Además debe tomar las medidas necesarias para garantizar que autoridades extranjeras (Marruecos) no cometan violaciones de derechos humanos en territorio español, y que los policías y personal de fronteras reciban formación adecuada con respecto al uso de la fuerza en las interacciones con los inmigrantes, y asegurar que cualquier uso excesivo de la fuerza sea investigado y los responsables sancionados, cuando necesario. Asimismo, debe realizar una investigación completa y efectiva sobre los hechos en El Tarajal (Ceuta) y, si es necesario, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación adecuada a las víctimas.

Ley de seguridad privada
Debe asegurarse la subordinación de la seguridad privada a la pública, y el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación eficaces para las víctimas de hechos cometidos por las agentes de seguridad privada. España debe asegurar también la capacitación de los agentes de seguridad privada en materia de derechos humanos.

Violaciones a los derechos humanos del pasado
El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la ley de amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. España debe velar por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. España debe revisar también su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, se le alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en sus recientes observaciones finales (CED/C/ESP/CO/1, para. 32). Asimismo, España debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos, y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto.

Trata de personas
España debe continuar investigando de manera sistemática y enérgica las denuncias de trata de personas, enjuiciar a los responsables y, en caso de condena, castigarlos y otorgar reparación integral a las víctimas. También debe intensificar sus medidas de apoyo y protección a las víctimas y los testigos, incluidas las medidas de rehabilitación.

Menores no acompañados
España debe elaborar un protocolo uniforme para la determinación de la edad de los niños no acompañados y velar por que los procedimientos de determinación de la edad se lleven a cabo con métodos seguros y científicos, respetando la sensibilidad de los niños, evitando todo riesgo de violación de la integridad física del niño. Asimismo, España debe velar por que el principio del interés superior del niño se tenga en cuenta debidamente en todas las decisiones relativas a niños no acompañados.


Doble instancia penal y secreto de sumario
A la luz de las recomendaciones anteriores del Comité (CCPR/C/ESP/CO/5, para. 17 y 18), España debe acelerar el proceso de reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y asegurar que ésta garantice la plena aplicación del artículo 14 Pacto (restringir el secreto del sumario y garantizar el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior).

Ley de Seguridad Ciudadana
España debe garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica que asisten a todo individuo y velar por que las restricciones al ejercicio de estos derechos cumplan las estrictas condiciones establecidas en el Pacto, según la interpretación que figura en la observación general n.º 34 (2011) del Comité sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, y en los artículos 21 y 22, párrafo 2, del Pacto. España debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley n.º 4/2015 y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados, con el fin de asegurar su estricta conformidad con el Pacto.

Descargue las observaciones finales del Comite de la ONU


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