Ambos instrumentos formaron parte de un
paquete legislativo de 21 leyes aprobadas en el contexto de una ley
habilitante que marcaba una ruta hacia la inclusión y la
construccion de una alternativa al capitalismo.
Chávez, por su origen llanero y por sus experiencias como joven oficial del Ejército en territorio apureño, sabía cual era el impacto que tenia el latifundio en la conformacion de la burguesía venezolana y la fuerza del mismo como garantía de su hegemonía.
Por eso su decisión de caracter estratégico, para el desarrollo de la confrontación con las fuerzas del capital, se orientó a desmontar la estructura de dominación desarrollada históricamente por la clase terrateniente. Esto lo hizo incluso antes de la confrontación defintiva con los sectores ligados con la explotacion petrolera.
La visión estratégica de la ofensiva contra el latifundio estaba conectada con aspectos demográficos, económicos, políticos y geopolíticos que eran consustanciales con esa formación de la hegemonía conocida como “la IV República”.
En primer lugar los efectos del latifundio son de caracter nacional,a diferencia de otros sectores de la economía con precisas localizaciones geográficas. Pero, además, estos efectos no sólo se focalizan en el ámbito rural, sino también en los grandes centros urbanos, a donde históricamente deben desplazarse los jóvenes del campo ante la ausencia de oportunidades derivadas de la propia concentración de la propiedad de la tierra.
Este hecho tiene una expresión sobre la economía relacionada fundamentalmente con una ralentización de la actividad productiva ya que los habitantes del campo no tienen acceso al principal recurso que es la tierra. Esto se traduce en una muy baja productividad, pobreza y migración hacia las ciudades.
Mientras que en lo político históricamente los grandes propietarios del campo han constituido la base económica de los sectores partidistas que estuvieron al frente del aparato de gobierno hasta el triunfo electoral del comandante Chávez en 1998.
Los dos grandes partidos de la IV República, AD y COPEI, auparon la renovación de la burguesia agraria a través de la cesión de tierras y el financiamiento directo con recursos, muchas veces no reembolsables.
Una gran parte de los latifundios existentes al inicio de la Revolución Bolivariana se formaron o desarrollaron a partir del pago de favores a los terratenientes tradicionales, por una parte, y a la formación de otra capa de poseedores provenientes de contratistas de obras públicas, quienes contaban con recursos economicos para hacer compras forzosas a pequeños productores y campesinos.
Y ambos sectores de propietarios contaban con contactos políticos para “legalizar” sus tierras por la vía administrativa, con apoyo de jueces o por la fuerza brutal (y brutal) de algunos oficiales de cuerpos de seguridad.
Y finalmente en lo geopolítico el latifundio venezolano estableció nexos precisos con factores de poder mundial con el fin de garantizarle a las potencias suministros seguros de alimentos e insumos, como proteina animal y azucar. Es el caso de los grandes complejos azucareros, tales como el Central Venezuela, en el sur del Lago, establecido con capital estadounidense para asegura el azucar de EEUU durante la Primera Guerra Mundial. O las posesiones para producción de ganado de la llamada Compañía Inglesa o Agroflora, destinada a proveer de carne a las ciudades del Reino Unido.
Y por otro lado, el modelo de agricultura industrial, hacia el que se orienta una parte de estas grandes posesiones, formula alianzas con los principales productores de maquinarias, equipos, semillas modificadas, agroquímicos y otros insumos. De allí el peso politico y económico de Monsanto, Jhon Deere o Agroisleña en la dínámica del campo venezolano, y en consecuencia el interes de los gobiernos de los países de origen de dichas corporaciones en las decisiones que se tomaran
Chávez sabía, como lo saben hoy los campesinos venezolanos, que el futuro de la Revolución Bolivariana dependía del éxito del desmontaje del latifundio en virtud de que funcionaba como el pivote de toda la maquinaria de la dominacion. Incluso con una incidencia mayor que el propio sector petrolero, ya que sus efectos son más directos.
Por eso las amenazas abiertas del sector empresarial contra el gobierno bolivariano fueron muy contundentes. El presidente de entonces del gremios de ganaderos, José Luis Betancourt, participó en un acto público en el que quemó la Constitución y la Ley de Tierras..
Entre ese acto de desafío y la ejecución del golpe no pasaron más de cuatro meses. El fugaz ascenso del presidente de Fedecamaras, Pedro Carmona Estanga, a una presidencia usurpada, reveló la profundidad del compromiso del sector empresarial con la conspiración dirigida a eliminar de raiz al chavismo.
Golpe continuado
La burguesía venezolana, y sus
operadores políticos, no han dejado de intentar la repetición del
golpe. Lo hacen cada día y de distintas formas.
El sector de terratenientes ha sido uno de los más activos y para ello han asesinado a unos 300 campesinos y pescadores, se han aliado con antiguos paramilitares colombianos y han metido en su haciendas a delincuentes comunes para atacar a los trabajadores sin tierras que pretendan participar en el mandato de Chávez de acabar con la rémora del latifundio.
No conformes con el ataque físico, también han incorporado los asesinatos morales, en los que aacostumbran a descalificar como delincuentes a su adversarios de clase. Los acusan de ladrones, traficantes o simplemente de invasores.
Como lo hacían en la IV República, ofrecen dinero a funcionarios administrativos, pretenden comprar decisiones de jueces y fiscales y ofrecen favores a oficiales de la FANB para que agredan a la gente del campo.
Sin embargo la fuerza del legado de Chávez impide que el pueblo abandone su compromiso con el mandato de la Revolución Bolivariana y que cada día desmonte uno, dos o más intentos de golpe.
Nota publicada originalmente en www.15yultimo.com
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