Polichacao investigado por muerte de Ricardo Durán visitó Caricuao 12 horas antes del crimen

Uno de los funcionarios de la Policía de Chacao, investigado por su relación con el asesinato del periodista Ricardo Durán, estuvo de visita en Caricuao (lugar del crimen) durante la mañana del 19 de enero pasado, es decir doce horas antes de que dieran muerte al comunicador y militante del chavismo.

Se trata de César Mijares Oviedo, de 31años, agente de Polichacao, quien además durante ese día sostuvo comunicaciones con varios personas que trabajan en dependencias del Gobierno del Distrito Capital, ente en el cual Duran había asumido la dirección de prensa.

Ricardo Durán
La información está contenida en las actas de la investigación, a las cuales tuvo acceso el sitio web de periodismo de datos La Tabla, y está basada en el análisis de las comunicaciones que a través de su telefono móvil sostuvo Mijares y que dan cuenta de su ubicación a lo largo del día en que el periodista fue atacado en el estacionamiento del bloque 22 del sector UD4 de Caricuao, en el suroeste de la capital venezolana.

Mijares junto con otros 13 funcionarios de policía del municipio capitalino Chacao, había sido imputado como facilitador del asesinato de Durán luego de que la pesquisa, adelantada por el CICPC, determinara que el arma usada había sido decomisada por agentes de Polichacao 40 días antes, es decir el 9 de diciembre de 2015.

Se trata de una pistola 9 mm marca Tanfoglio, la cual fue utilizada previamente para asesinar a un agente de la Policía de Los Salias el pasado 1 de marzo de 2015.

El arma permaneció en poder de integrantes de una banda de secuestradores hasta que el pasado  9 de diciembre de 2015 parte del grupo fue localizado por funcionarios de Polichaco y los despojaron de una gran cantidad de dinero y de la pistola que un mes despues sería usada para acabar con la vida de Ricardo Durán.

El pasado mes de junio, en una rueda de prensa, el entonces ministro del Interior, Gustavo González López, explicó que tras una investigación realizada por la división de balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se “determinó que el cráter de percusión observado en la concha localizada en el sitio del suceso (asesinato de Durán), fue realizado por la misma arma de fuego involucrada en el homicidio de un ex funcionario de la Policía del municipio Los Salias, estado Miranda, de nombre Gustavo Daniel Castillo Pérez de 32 años de edad”, hecho ocurrido el 01 de marzo de 2015.

La pesquisa sobre las comunicaciones de Mijares determinaron que entre 8 y 11 de la mañana permaneció en el sector UD2 de Caricuao, lugar al cual que había visitado en meses anteriores.

Desde allí sostuvo contacto con al menos cuatro número telefónicos móviles, los cuales resultaron ser de funcionarios del Gobierno del Distrito Capital. Si bien ninguno de los funcionarios laboran directamente en la dirección de prensa, donde Durán acababa de asumir la jefatura, el hecho llamó la atención de los investigadores.

Asimismo, esa noche, poco antes del crimen, Mijares recibió un mensaje de texto de uno de lo hombres con los que se comunicó en Caricuao, en horas de la mañana.

Los 14 funcionarios de Polichacao fueron imputados, a mediados de junio, por su presunta participación como facilitadores en el delito de homicidio calificado con alevosía y agavillamiento, con base en las actuaciones dirigidas por los fiscales 36° nacional, así como el 55° y auxiliar del Área Metropolitana de Caracas, Miguel Hernández, Farik Mora y Edward Berroterán, respectivamente, presentaron los elementos de convicción.

En ese sentido, el Tribunal 7° de Control del Área Metropolitana de Caracas, luego de analizar los elementos de convicción, dictó la medida privativa de libertad para los 14 policías, quienes fueron recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, en Caracas.

Sin embargo, transcurrido el lapso para la audiencia preliminar, fuentes ligadas a la investigación han revelado que la Fiscalía no ha solicitado la acusación contra los funcionarios, quienes podrían quedar en libertad pese a los indicios recabados que los vinculan con el asesinato.


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