Yurleydis cumplió 18 años el pasado 27 de agosto mientras se encontraba presa en una sede de la policía del Zulia, tras ser capturada 11 días antes en el fundo “Buena Esperanza”, en el municipio Caracciolo Parra de Mérida, cuya capital es Tucaní.
La adolescente, que estudia segundo año de Medicina Integral, forma parte de un colectivo campesino de mujeres que exigía el rescate del predio improductivo (tiene 87 reses en 1 mil hectáreas) y a pesar de su minoría de edad, fue procesada como adulta.
La acusaron, con otras 10, de abigeato e invasión y salieron en libertad con una medida de presentación tomada por una juez de Santa Bárbara del Zulia que ratificó este último delito, pese a que el TSJ en 2011 había desaplicado el mismo cuando se tratara de conflictos agrarios.
Ella es nieta de un peón de la hacienda que nunca pudo obtener un pedazo de tierra donde sembrar. Lo mismo ocurre con sus compañeras de lucha.
La historia no es única y se repite, con cambios de nombres y paisaje, en muchos lugares del país: hay un ofensiva contra los campesinos que buscan rescatar tierras para producir alimentos tal como lo establece la Ley de Tierras creada por el comandante Chávez en 2001.
Los nombres de hatos y fundos como Gavilán-La Chaqueta (en Barinas), El Arca y Garzón (en Portuguesa) y La Magdalena (en Mérida) son algunos de los espacios donde, tal como lo advertía el presidente Nicolás Maduro, han ocurrido atropellos y desalojos de campesinos.
En las acciones, impulsadas por grandes propietarios, participan funcionarios del INTI, fiscales del MP y jueces en complicidad con miembros de cuerpos policiales y militares. La ANC tiene la tarea de investigar lo que está pasando por mandato del presidente.
Pero ahora, en el municipio Caracciolo Parra (en el Sur del Lago merideño), ha surgido un elemento perturbador adicional en la persona de la constituyente territorial Yoleida Uzcátegui que ha movilizado a nueve cooperativas de campesinos sin tierras con la pretensión de que el probable rescate de Buena Esperanza también los beneficie.
El problema es que el ingreso a las tierras y el supuesto intento de integrarse al proceso ha sido dramáticamente violentas.
Hoy Norka, una de las voceras del Consejo Campesino Maisanta (que reúne a tres cooperativas y 106 mujeres) informó que el día viernes unas 400 personas algunas de las cuales llevaban armas cortas y largas, especificamente escopetas "pajizas" ingresaron al área en resguardo .
Al mando de la acción, acusa, se encontraba la señora Uzcátegui, quien dirigió una asamblea realizada el jueves. El viernes, cuando hubo el incidente violento, no estuvo.
El otro elemento preocupante es que el predio en inevitable proceso de rescate tiene poco menos de 1 mil hectáreas, lo que equivale a un promedio de 10 hectáreas por grupo familiar. Incorporar nuevas familias haría inviable la producción además de propiciar un conflicto entre campesinos.
Yo estuve, junto a mi compañera Lilian, en el lugar hace un mes y conozco con detalles las historias. Estuve con Norka y Judith (las voceras del Consejo, porque ahí mandan las mujeres) y con Caballo, el esposo de esta última. Además de un centenar de compañeras y compañeros con quienes comimos y bebimos café en el campamento de resguardo.
La desafortunada iniciativa de la constituyente Uzcátegui pareciera buscar que no se inicien nuevos procedimientos de rescate de tierras ociosas en otras fincas y concentrar el conflicto estructural de uso del suelo en el Sur del Lago en un solo predio.
Visto en perspectiva el fomento de una confrontación intracampesina es el mecanismo más eficiente de proteger el latifundio en las que pudieran ser (por razones geo-climáticas) las mejores tierras del país.
Yo no dudo en salir en defensa de las más de 100 mujeres de Maisanta, y en el reconocimiento a su derecho a ese pedazo de suelo por el que han luchado durante una década.
Los otros compañeros también tienen derecho a la tierra y para eso hay centenares de fincas improductivas que esperan por ser reivindicadas para la producción en manos del pueblo.
Ojala las organizaciones políticas que vienen tutelando a esos colectivos campesinos entiendan esto y actúen con espíritu revolucionario.
Actualización 14/06/2018
El conflicto es viejo y está conectado con otros rescates como el de La Magdalena y El Marullo. Algunos datos he comenzado a conocer en detalle y además visité el predio hace un mes.
Agrego que además no es la única oportunidad en que han sido hoostigados por otros actores "políticos" a quienes tuvieron que sacar a coñazos cuando se cansaron de pagar "vacuna" e izar la bandera partidaria en uno de esos estúpidos juegos de guerrilleros y policías.
Efectivamente en el intento de rescate inicialmente participaron 11 colectivos o cooperativas. Sin embargo al menos 9 se desligaron de ese predio tanto por desgaste, temor legítimo a la represión y por traiciones y pactos de algunos líderes con los terratenientes y funcionarios del INTI.
Lo cierto es que, para no alargar el cuento, algunas cooperativas terminaron en La Magdalena y el resto en El Marullo. Eso fue producto de una traición auspiciada por gente del Inti en la gestión de Avila, que estaban al servicio del propietario de Buena Esperanza. Los llevaron a un lugar inundable y de compleja y costosa operación para proteger a Buena Esperanza.
Esos compañeros llevados a un enfrentamiento en Buena Esperanza habían sido forzados a renunciar a ese predio para recibir adjudicación en El Marullo. Por tanto su regreso a Buena Esperanza es ilegal y políticamente cuestionable por configurar un intento de enfrentar campesinos.
Ayer las compañeras Judith y Norka me informaron que la constituyente Uzcátegui participó en una nueva asamblea y ordenó construir cambuches frente al fundo en un intento de profundizar el conflicto.
Mientras que el coordinador regional del INTI dijo que adjudicarán a todos los solicitantes en Buena Esperanza aunque sólo corresponda media hectárea por grupo familiar.
Víctor Hugo Majano / LaTabla
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