“Recibí llamadas, mensajes y recados de su parte, pretendiendo llevarme a la fuerza al recinto a conversar"”, dijo Giorgelli, la hermana de la chica embarazada asesinada. Aseguró a #LaTabla que las amenazas buscan callar las denuncias formales y públicas de los privilegios del criminal sentenciado.
Exige la intervención del referido centro pues permite la libertad de desplazamiento del condenado femicida. ¡Durante el juicio llegaba a las audiencias manejando su propio carro! “Una comisaría policial no es lugar de reclusión permanente y menos para un sentenciado”, explicó.
Giorgelli, los familiares y amigos de la víctima, exigen que se cumpla la orden del Tribunal de Juicio y se realice el traslado al Centro Penitenciario de Oriente. Aseguran que los privilegios del asesino responden a su poder económico (es dueño de una mina de oro).
Desde el momento de su captura, el feminicida fue trasladado a la comisaría de Guaiparo, dependiente de la Policía de Bolívar. Esta comisaria es una de las más grandes del país (en cuanto a celdas y calabozos) y alberga a más de 200 personas. Existen denuncias previas de pago para evitar traslados a otros centros.
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