Fue un ensayo de las acciones que desembocarían en el golpe de abril en 2002.
La acción movilizaba no solo a la burguesía agraria, poseedora de grandes extensiones de tierras en el campo, sino también a grupos vinculados a la actividad inmobiliaria en las costas del país.
Junto con la Ley de Tierras en noviembre de 2001 se aprobó la Ley de Zonas Costeras, la cual estableció franjas de protección de 80 metros de ancho, que se establecían como espacios de dominio público de la República.
La medida tenía el propósito de proteger el ambiente y evitar daños a personas que se asentaran en las orillas de los cuerpos de agua en caso de inundaciones.
En este caso, las objeciones surgieron de los gremios que agrupaban a las empresas inmobiliarias, que alegaban que la norma implicaba una “expropiación legislativa”, según un estudio elaborado por Fedecámaras.
El jurista Allan Brewer-Carías, corredactor del llamado decreto Carmona, que avaló el golpe, argumentó que “se trataba de la confiscación de propiedades más profunda de que se tenga conocimiento en la historia reciente de Venezuela”.
Pedro Carmona Estanga, presidente del gremio empresarial, dijo que la ley truncaba la posibilidad de las empresas de turismo de optar al financiamiento bancario y mostraba la preocupación del sector bancario por la falta de garantías que suponía la prohibición de enajenar y gravar.
VÍCTOR HUGO MAJANO
CIUDAD CCS
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