El crimen de Mónica Spear entre la indiferencia y la complicidad o el paramilitarismo disfrazado de hampa común

 

El pasado sábado 14 de diciembre el "gobierno" (o sea, el CICPC y el SEBIN) decidió desmantelar una banda delictiva que desde el barrio Conchemango de El Sombrero en el estado Guárico, extorsionaba, robaba, vendía drogas y mataba.

Al menos cinco años llevaba operando el grupo que tenía (o tiene) su sustento en extorsiones a trabajadores de las obras del Ferrocarril del Llano (Tinaco-Anaco) y venta de drogas al detal y al mayor.

Vendían puestos de trabajo y cobraban cualquier actuación, disfrazados de "sindicalistas", a cualquiera que quisiera emplearse en la construcción a cargo de una compañía china. Todo eso se sabía desde hacía años pero nadie hacía nada.

Una vez en 2011 un grupo de mujeres de El Sombrero se instaló frente a la sede del Parlamento, denunciando que hasta les exigían favores sexuales por empleos temporales (colocaban a mano sistemas de estabilización de los taludes de las vías del tren) tramitados desde los consejos comunales, pero nadie les prestó atención. Finalmente les mandaron la policía para obligarlas a subir a un autobús y regresar a su infierno llanero.

Cuando el grupo comenzó a matar en la carretera entre El Sombrero y Valle de La Pascua tampoco nadie le paró bolas a la vaina. Total, los muertos eran culpa de Chávez o de la violencia heredada de la cuarta república, según la preferencia política de cada quien.


Así mataron a un muchacho de 14 años que, con sus padres y hermana, transitaba una madrugada de julio de 2010 por la vía. Los idiotas dispararon contra las puertas traseras del vehículo para abrirlas y le dieron al chamito que murió desangrado en los brazos de su hermana, que era también otra chamita. Ella escribió la dramática historia y me la envió para publicarla aquí http://goo.gl/07QMKx

Las extorsiones, los secuestros breves de personas y carros, los asaltos en la carretera siguieron ante la indiferencia de la sociedad guariqueña (quizas por temor) y la ignorancia absoluta del resto del país.

Todos decían que detrás de la banda estaban policías regionales y que en las extorsiones se involucraban funcionarios del CICPC. Había quienes relacionaban a funcionarios de seguridad acusados por varios asesinatos durante la gestión de Manuit, el gobernador que terminó como prófugo en Costa Rica. Recuerdo que en esa oportunidad una comisión parlamentaria especial, dirigida por Iris Varela, investigó los hechos y elaboró un informe que responsabilizaba al mandatario pero por "ordenes superiores" el informe fue engavetado y a Iris casi la botan del parlamento.

Posiblemente dos incidentes muy recientes rompieron la indiferencia. En agosto del 2013 el grupo asaltó un puesto de vigilancia de la Base Aeroespacial Manuel Ríos, desde donde se controla el satelite Simón Bolívar y le quitó tres fusiles AK-47 a los soldados centinelas. Y el otro fue en octubre cuando ocurrió el asesinato de un médico que asistía a un joven herido que trasladaban en una ambulancia desde Calabozo hasta el hospital de San Juan de Los Morros, capital de la entidad.

El joven aparentemente formaba parte de una banda delictiva y fue atacado por policías que dirigían los robos y extorsiones. En el caso está involucrado el propio jefe de la policía regional en Calabozo, cuyo vehículo fue usado para interceptar a la ambulancia.

Cuando el Gobierno, en voz del ministro Rodriguez Torres, anunció la operación diversos voceros opositores se burlaron. Otros aseguraron que se trataba de un "trapo rojo" para distraer la atención de los verdaderos problemas del país.

Mientras que del lado del chavismo la actitud fue de lejanía, casi indiferencia. Como que a nadie le importaba y si se podía minimizar pues sería mejor.

En la batalla, que duró más de 24 horas, al menos un policía del CICPC murió, otros tres resultaron heridos y entre los choros se registraron cinco o seis muertos. El resto del grupo, incluyendo al supuesto líder de 25 años, apodado El Picure, logró escapar y se mantiene en fuga.

Los tuiteros opositores se burlaron aún más y los chavistas redoblaron su silencio. Pero nadie insistió en que se terminara con la captura de la banda.

Eso ocurrió ya hace un mes y todos nos hemos olvidado del tamaño de "peo" que tenemos encima con la proliferación de bandas juveniles con integrantes adolescentes enloquecidos por la droga y dirigidos o "asesorados" por funcionarios policiales corrompidos.

Por esa indiferencia que se ha mantenido y por la resistencia a aceptar que existe una aberración incompatible con la vida y con la Revolución, nos sorprende la tragedia de Mónica Spear y su familia. No comprendemos porque no sabemos, y no sabemos porque los medios masivos (comerciales y públicos) no nos dicen (por ejemplo) que dos días después del crimen de la actriz mataron en Lara a un campesino comunero que llevaba al mercado su cosecha de café. Como mataron meses antes a otros comuneros o hace tres años al chico de 14 años en la carretera de Guárico. No decir esto ahora sería complicidad e irresponsabilidad en lo personal y en lo político.

Tan complice e irresponsable como lo es la promoción y uso publico en eventos festivos de canciones con letras que reivindican la existencia de esas bandas y de una subcultura que al menos justifica la violencia. O como lo es también ese coqueteo con los códigos estéticos y discursivos de las bandas y que parecen fascinar a algunos voceros oficiales que hasta exhiben con orgullo videos donde saludan a integrantes de estos grupos. ( Una muestra del homenaje a la banda de Conchemango se puede ver aquí http://goo.gl/lAT29k )

El hecho es que no se trata de una situación aislada. ya que en todo el país funcionan y crecen grupos delictivos con poder de fuego y suficiente locura para matar a la primera. Y que además han sido legitimados artística, cultural y socialmente. Basta con ver la cantidad de carajitos y carajitas que se toman fotos exhibiendo, en las redes sociales,  armas con el rostro descubierto.


En este proceso de estructuración de la violencia se combina el acceso a enormes recursos financieros, dirección especializada por policías corrompidos, drogas sin límite y arrojo juvenil ha conformado una maquinaria gigantesca de muerte y destrucción en todo el país.

Muchas veces los recursos vienen del tráfico de drogas, pero otras tantas los obtienen al tomar control de obras públicas financiadas por el Estado para extorsionar a contratistas, proveedores y trabajadores. 

Se trata, si ensayamos una definición, de una versión del paramilitarismo colombiano disfrazada de hampa común. Pero su propósito es el mismo: evitar que la sociedad, que la gente, tome el control de sus espacios.

Por eso atacan y matan a productores agrícolas del municipio Iribarren en el estado Lara, donde avanza la formación de una comuna. Al igual que lo hacen en el Valle de Tucutunemo. en el estado Aragua

Por eso participan con los terratenientes en desalojos ilegales de campesinas y campesinos, como ocurrió en El Sombrero, estado Guárico, en mayo de 2013.

Y por eso hacen inviable la vida creadora en comunidades populares urbanas donde interfieren con la producción y la reproducción del metabolismo social, al imponer restricciones horarias entre otras.

Por eso actúan para excluir y convertir en "barrios forajidos" a comunidades donde operan para que sea imposible su interrelación con las estructuras del Estado y de la sociedad.  

Es la misma violencia monopólica que siempre ha ejercido la burguesía sobre el resto de la sociedad. Antes lo hacía a través de las instituciones, pero una vez rotos los paradigmas burocráticos y legales se les dificulta el uso de la policia o la fuerza armada para doblegar a la gente. Y ahora lo hacen con "soldados" reclutados con drogas, dinero y promesas de muerte.

Sin duda es el momento para tomar conciencia de la crisis que vivimos y comenzar a hacerle frente.

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