En pleno paro petrolero de 2002 registraron compañía de los electrodomésticos acaparados

Una compañía registrada a finales del año 2002 (en pleno paro petrolero) es la propietaria de los cerca de 50 mil artefactos electrodomésticos decomisados la tarde de este sábado por las autoridades de Venezuela en materia económica, según se pudo verificar en documentos de un juicio mercantil publicados en el portal www.tsj.gob.ve del poder judicial de la nación sudamericana.


La firma Distribuidora y Ensamblajes de Venezuela, C.A., fue inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 26 de diciembre del 2002, bajo el N° 62, tomo 63-A.

Llama la atención que el registro se haya efectuado en una fecha del año en la que normalmente las actividades legales de carácter mercantil se reducen a las mínimas indispensables por las festividades navideñas. Y que, adicionalmente, en ese año se desarrollaba un duro paro del sector petrolero que dejó sin gasolina a buena parte del país.

No se pudo precisar el contenido del documento mercantil de inscripción, ya que en Venezuela esos datos aún no están digitalizados y disponibles en la web, aunque son públicos y pueden ser consultados en la oficina correspondiente.

La empresa, ubicada en la ciudad de Valencia, en el central estado de Carabobo, incurrió en los delitos de acaparamiento de 49.373 electrodomésticos, especulación y contrabando, informó este sábado el intendente de la Protección de los Derechos Socio Económicos, Luis Motta Domínguez, según reportó la televisión pública en una transmisión en vivo.

Añadió que la Distribuidora y Ensamblajes de Venezuela C.A proveía electrodomésticos a grandes comercializadoras del país como las tiendas de Mundo Samira y Makro.

La firma, dedicada exclusivamente a la importación de equipos para el hogar como cocinas, neveras y similares, obtuvo desde 2004 hasta el año 2012 más de 97 millones de dólares, a través de 683 solicitudes tramitadas ante Cadivi, el órgano que administra el acceso a la dívisas, tras el control cambiario adoptado en febrero de 2003.

Aunque el funcionario a cargo de la operación indicó que hay una orden de captura contra el propietario de la compañía, quien huyó a Curazao el 28 de enero, no reveló el nombre.

Hasta la elaboración de esta nota no ha sido posible obtener los datos sobre la identidad del empresario, pues todas ls gestiones legales, administrativas y operativas siempre las realizaron trabajadores y empresas contratadas.

La contadora que figura como persona contacto y representante en varios registros aseguró que ya no trabaja para la empresa y se negó a suministrar información sobre los propietarios o quienes la contrataron.

Mientras que un agente aduanal, que figura en diversos trámites de importación, aseguró que hizo el trabajo de consolidación de carga sin conocer la composición accionaria de la compañía.


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