Y luego de dirigir una especie de “estado de sitio” contra la llamada “ciudad de la cordialidad”, se encuentra preso desde el pasado miércoles por los delitos de rebelión civil y agavillamiento.
Estudiante cohorte 2007
Ceballos es hijo de Miguel Omar Ceballos y de Nancy Zulay Morales Caicedo.
Él es de Bailadores, importante centro productor de hortalizas. Ella, de San Cristóbal, según la biografía “oficial” que circula en la web.
Todo indica que el ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), no es miembro directo de la burguesía tachirense, sino de una familia de origen campesino y en proceso de ascenso social.
Su irrupción en la política tuvo lugar en mayo de 2007 cuando el Estado no renovó la concesión a la empresa RCTV, y él dirigió una serie de violentas manifestaciones en la capital de la entidad.
A casi siete años de esos hechos, Ceballos no desconoce su actuación delictual, pero sí evade su responsabilidad.
“Hicimos muchas movilizaciones con confrontaciones contra el Estado y allí se dieron detenciones, con policías y estudiantes heridos, y se destruyeron bienes públicos y privados, pero era una protesta, allí no hay responsabilidad individual”, afirmó en una entrevista con el diario La Nación, luego de las elecciones del 8-D,
¿Diputado del contrabando?
En 2008 resultó electo como legislador regional por el circuito 6, donde fue postulado por la alianza opositora.
Obtuvo más de 72 mil votos y fue el parlamentario con mayor número de electores, según los datos del CNE.
Desde su curul, se dedicó a cuestionar las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para combatir el contrabando de bienes venezolanos con destino a Colombia.
En junio de 2011 presentó una solicitud de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, se abstuviera de aplicar una serie de medidas de control para evitar la extracción de combustible.
Pedía tajantemente “la suspensión en forma inmediata del sistema automatizado para surtir combustible en el territorio del estado Táchira, a los fines de surtir de combustible en la forma y modalidad que se aplica en el resto del territorio nacional”.
relación con Colombia sin controles
Apenas se convirtió en alcalde el 8 de diciembre, advirtió sin mesura que no iba a permitir que “se les viole un derecho más a los tachirenses”. Y agregó con un llamativo énfasis que la “frontera del Táchira, sus 29 municipios, esta su capital, se respetan.”
“No más decretos, no más controles, no más persecución, no más ofensas llamándonos delincuentes ni contrabandistas, queremos que apoyen nuestra producción, queremos seguridad y mejores relaciones con Colombia”, expresó esa noche.
Mucho más recientemente, en una entrevista efectuada el lunes de esta semana, retomó el tema como para no dejar dudas.
Precisó que Táchira es la entidad con la mayor cantidad de controles económicos, y cuestionó el decreto que limita el horario de circulación de motorizados hasta las 9 de la noche.
Y todo indica que los controles para combatir el contrabando y reducir la fuga de divisas se convirtieron en la pólvora de la protesta. El 5 de febrero, luego de una visita del presidente de la AN, Diosdado Cabello, que permitió decomisar casi 1 mil tonelada, estalló la rebelión.
Secesión
Ya desde hace semanas, en las calles y las redes sociales de Táchira se habla abiertamente de secesión.
Incluso, cuenta alguien que debe cuidarse de la persecución, han pintado el mapa de la nueva nación en algunas paredes, y la misma incluye a parte de Zulia, Trujillo, Mérida, Barinas y Apure.
En twitter celebran la reintegración de Crimea a Rusia, mientras que el académico Marco Polesel, con 46 mil seguidores en la red, mantiene una reiterada prédica separatista relacionada con Táchira.
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