Durante el juicio, las fiscales 8º nacional y 10º del segundo circuito de la jurisdicción, Mery Gómez y Yaurimara Parra, respectivamente, ratificaron la acusación contra el chileno Ricardo Landeros Burgos y los venezolanos Jazmín Josefina Maurera, Leomar Barrero y Humberto Guerra, por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir.
Adicionalmente, Guerra, quien era consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní, fue acusado por corrupción propia y forjamiento de documento público.
Asimismo, se ratificó la acusación contra los exconsejeros Gustavo González y Yulima Fermín, por forjamiento de documento público; además Deisy Pérez (exconsejera) fue acusada por corrupción propia.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales,que incluyeron mensajes de texto en lo que establecían pagos por la búsqueda de una niña, el Tribunal de Juicio de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz dictó una pena de 30 años de prisión para Landeros, Barrero, Guerra y Maurera.
En ese sentido, los hombres permanecen recluidos en el Internado Judicial de Vista Hermosa y la mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques.
Por su parte, la referida instancia judicial condenó a González, Fermín y Pérez a cinco años de prisión, cuya forma de cumplimiento será determinada por un tribunal de ejecución.
60 mil bolívares por una niña más gastos
Con el argumento de ofrecer ayuda a niñas de familias de escasos recursos de la ciudad de Puerto Ordaz, Jazmin Maurera, contactó a Rosalba Rondón, madre de la niña raptada el 30 de agosto de 2013.
Le insistió en que sólo eran artículos para niñas y la citó para el día del suceso con la exigencia de llevar a la bebé con el fin de tomar fotos de la donación. Otra madre, que llegó sin su hija, fue descartada para recibir el donativo prometido.
Ese día, Maurera y Barrero buscaron en un vehículo a la madre y a su hija en el sector El Roble de Puerto Ordaz. Al llegar a la zona industrial, Maurera le indicó a la mujer que se bajara del carro con el fin de firmar un documento, momento que aprovecharon para arrebatarle a la infante y huir del lugar.
Luego de formulada la denuncia, el mismo día, efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana localizaron la ubicación del automóvil a través de una llamada telefónica y lo interceptaron en un alcabala ubicada en el sector La Viuda en la vía hacia Maturín, estado Monagas.
Una vez capturada la pareja y rescatada la niña, los oficiales antisecuestro lograron que Yasmin Maurera llamara al ingeniero Landeras, residenciado en Maturín, y donde era el gerente de operaciones de la maderera chilena Masisa, para que fuera a buscar a la pequeña.
Este llego al sitio con enseres para el cuidado de niños y con dos portabebes. Aparentemente esperaba recibir otra niña, hija de la mujer que acudió sola a la cita en Puerto Ordaz,
La investigación realizada tras las capturas, permitió establecer la realización de pagos de parte de Landeras a Maurera y de esta a otras personas que facilitaron el forjamiento de documentos.
El mismo chileno confesó haber transferido 60 mil bolívares a la mujer y el dia del rapto le depositó en su cuenta 2 mil bolívares para los gastos de estar con la bebé.
Asimismo en un allanamiento a la vivienda de Maurera se localizó un certificado de nacimiento correspondiente a la niña emitido por el ambulatorio de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, pero donde colocaron como padres a Landeros y a su esposa María Cecilia Romero. Este documento fue obtenido a través del consejero de derechos del niño, Humberto Guerra, según se evidenció en los mensajes de texto entre este y Maurera y registrado en el acta judicsial.
Allí también encontraron 68 carpetas, entre las que se localizaron medidas de protección con alteración de datos.
González, Guerra y Pérez fueron aprehendidos en septiembre de 2013; mientras que Fermín fue detenida el 22 de octubre de ese año, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público.
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