Lo mismo ocurre con la magistrada Patricia Seitz, juez senior del sur de Florida, que ha atendido casos de traficantes deportados o extraditados desde Venezuela.
Ferrer, quien fue nominado por el presidente Barack Obama y juramentado en julio de 2010 como el fiscal de Estados Unidos para el distrito del sur del estado de Florida, se unió al despacho legal a fines de 1991 y permaneció allí tres años, según su perfil oficial publicado en el portal web del Departamento de Justicia de EEUU.
Esa ha sido su primera y única experiencia en la práctica profesional desde el sector privado.
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| El fiscal del Sur de Florida, Wilfredo Ferrer |
Posteriormente se integró al sector público como pasante en la Casa Blanca y casi inmediatamente se hizo parte del equipo más cercano de la fiscal general Janet Reno. En el año 2000, Ferrer regresó a Miami como asistente del fiscal de esa jurisdicción hasta escalar la más alta posición en 2010.
Actualmente Ferrer esgrime al menos un par de acusaciones por distribución de cocaína en EEUU contra varios exfuncionarios de Venezuela.
Una de las acusaciones apunta al mayor general Hugo Carvajal Barrios, exjefe de la inteligencia militar. En esta se le señala por haber conspirado para distribuir cocaína en EEUU entre 2004 y 2010 en combinación con el jefe del narcotráfico colombiano, Wilber Varela.
Contradictoriamente este hombre fue asesinado en 2008, pero aún así la acusación prolonga hasta 2010 la supuesta participación de Carvajal.
El otro caso es contra el abogado y empresario Benny Palmeri Bacchi, quien fue juez hasta 2005, y al jefe venezolano de Interpol, Rodolfo McTurk, por conspirar para distribuir cocaína en EEUU, esta vez en alianza con el líder del negocio de las drogas, Jaime Marín Zamora, entre 2009 y 2010.
Este hombre fue capturado por la Policía venezolana en septiembre de 2010 y deportado a EEUU dos días después.
En Florida fue juzgado por introducir 30 toneladas de droga entre 1999 y 2004, y condenado en marzo de 2012 a 16 años de prisión, por la juez Patricia Seitz.
Sin embargo, la acusación contra los venezolanos circunscribe la actuación al período entre febrero de 2009 y septiembre de 2010, por el cual no ha sido procesado ni fue condenado el colombiano. Mal podría sustentarse una acusación contra los cómplices si no se procede igualmente contra el ejecutor del delito.
En este último caso Palmeri es acusado también de conspiración para lavar dinero e interferencia con el comercio por extorsión y ambos delitos están relacionados con un negocio inmobiliario iniciado en octubre de 2006.
En resumen se trató de la compra de un apartamento en la urbanización Altos de Villanueva, municipio El Hatillo (Área Metropolitana de Caracas) que Palmeri hizo al cantante y compositor italiano Rudy Salvatore La Scala.
La negociación se hizo por la suma de 357 mil bolívares y contempló un pago en efectivo por 102 mil bolívares y el saldo de 255 mil se cancelaría con la cesión de un inmueble en Miami, perteneciente al abogado.
La transacción derivó en un largo y complejo proceso legal en los tribunales civiles del estado Miranda, que incluyó el secuestro o desalojo legal del apartamento tras la acusación de La Scala de incumplimiento del contrato. El compositor alegaba que nunca se le hizo entrega del inmueble en Miami.
Sin embargo, los abogados de Palmeri argumentaron que el corredor inmobiliario de La Scala había tomado control del inmueble, lo había arrendado y venía depositando lo facturado en una cuenta del músico ítalo-venezolano.
Este corredor aparece identificado como Juan Carlos Sánchez en una de las actas del juicio en Venezuela, y casi con seguridad es J.C.S., siglas del propietario de una empresa de bienes raíces, quien sería la víctima de la extorsión por la que procesan a Palmeri en Florida, según la acusación presentada por el fiscal Ferrer.
El escrito del fiscal dice que el venezolano ha amenazado con violencia y miedo al operador inmobiliario, su familia y amigos.
Coincidencialmente un corredor de inmuebles de igual nombre fue enjuiciado en 2013 por el mismo fiscal Ferrer por un fraude con la venta de viviendas en Fort Lauderdale, Miami.
La estafa, donde habrían participado ocho personas, fue por el monto de 39 millones de dólares y se ejecutó entre enero de 2007 y noviembre de 2008 con la obtención de créditos para unidades del condominio Marina Oaks.
Sánchez fue declarado culpable en 2013 y condenado a 16 años de prisión en enero de 2014. El fiscal sabe que puede presionar a Sánchez para que acuse a Palmeri y ofrezca su testimonio a cambio de beneficios.
Una embajadora golpista
Por su parte, la diplomática de carrera Donna Hrinak ocupó la posición de embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Bolivia, Venezuela y Brasil.
En Venezuela estuvo entre 2000 y 2002, y desarrolló una política de confrontación con el entonces presidente Hugo Chávez, al punto de que en un encuentro con el jefe del Estado éste se vio obligado a pedirle que abandonara su despacho ante los requerimientos “ofensivos” de la diplomática.
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| Donna Hrinak, exembajadora en Venezuela y socia de la firma legal |
Posteriormente, tras el golpe de Abril de 2002, Hrinak fue acusada de organizar el derrocamiento de Chávez, según denunció el diputado Saul Ortega.
La exembajadora se incorporó al despacho legal de Miami en el año 2004, tras su salida de la Embajada en Brasil y su retiro del servicio exterior, como parte de una estrategia corporativa para ofrecer sus servicios en América Latina.
Ya la firma, fundada en 1925, contaba en su equipo con otro exembajador, Manuel Rocha, quien dirigió la representación de EEUU en Bolivia y la sección de intereses en Cuba.
Y la jueza también…
Patricia Seitz es una magistrada veterana nacida en 1946, jueza senior de EEUU en la corte del distrito del sur de Florida.
Ella ha estado a cargo de los juicios de varios de los capos colombianos deportados por el Gobierno venezolano.
Uno de ellos es Jaime Marín Zamora (alias Beto Marín), condenado en 2012, y otro es el de Diego Pérez Henao (alias Diego Rastrojo), cuya sentencia está a punto de ser dada a conocer.
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| La juez senior del Sur de Florida, Patricia Seitz |
Este último fue detenido por Venezuela en 2012 y extraditado en agosto de 2013. En enero de este año se declaró culpable ante la magistrada Seitz por un cargo de asociación ilícita para producir y distribuir toneladas de cocaína, y podría ser condenado a 10 años en la cárcel.
Lo llamativo del asunto es que la juez Seitz también fue socia del bufete Steel, Hector & Davis, según un perfil biográfico de alumnos de la Universidad de Georgetown (donde cursó sus estudios) premiados en 2013.
La nota dice textualmente que “antes de trabajar en la ONDP (una oficina de políticas antidrogas de la Casa Blanca) fue socia en la firma” en cuestión.
Lo cierto es que, por coincidencia o no, tres de los principales actores que en diversos momentos han intentado mostrar a Venezuela como un Estado delincuente, trabajaron para el mismo escritorio jurídico, al sur de la Florida.
Colombia en el juego
Poco más de un año después de su juramentación como fiscal para el sur de la Florida, Wilfredo Ferrer, estuvo en Colombia, participando activamente en la operación “Vuelo Final”.
Se trató de una acción realizada a fines de agosto, y que permitió destruir la red de aeronaves que utilizaba el capo colombiano Daniel Barrera, conocido como “El Loco”.
La incorporación de Ferrer fue tan estrecha que estuvo presente en la rueda de prensa en la que el presidente Juan Manuel Santos informó sobre el saldo de la operación.
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| Ferrer en Colombia con el presidente Santos, la fiscal y el jefe de la policía |
Y reveló que existe un gran nivel de “cooperación y confianza mutua extraordinaria, y un compromiso firme y leal de combatir el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia”.
Paradójicamente ha sido el Gobierno de Venezuela el que ha logrado capturar a los principales capos colombianos y deportarlos o extraditarlos bien sea a Colombia o a EEUU.
Con más de cien capturados desde 2006 y hasta 2013 no resulta convincente que desde el sur de la Florida se insista en la tesis de que los agentes de seguridad venezolana actuaban en complicidad con las organizaciones de traficantes.
Lo que buscan es posicionar la idea de un narco Estado en Venezuela.
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