Son los elementos clave que me gustaría abordar.
1.- Lo que se plantea es una “militarización” de la producción y la circulación de la información y el conocimiento. En la medida en que los procesos productivos concretos depende más de los sistemas de manejo de datos, la única manera efectiva de mantener el control sobre los mismos será interviniendo en esa metadata.
2.- Esa “militarización” tiende a ejecutarse a través de mercenarios, tal como ocurre en la guerra real con los contratistas de seguridad. La privatización de la guerra se ancla en las limitaciones que el mismo desarrollo del Estado moderno (aún cuando sigue siendo el “Estado del Capital) le ha impuesto. De allí surge entonces el “paramilitarismo” de lo cual no escapa el campo de batalla de la información y el conocimiento. Por eso Snowden es empleado de Booz Allen Hamilton, tal como los asesores de seguridad en Colombia son asalariados de Blackwater o los escoltas de los ejecutivos de las transnacionales en Venezuela son de Armor Group.
3.- Lo alarmante del modelo de militarización es que se trata de operaciones de infantería: se aplica por tanto lo que bien se ha definido como “ley marcial”. El control es total, es decir involucra a todos los actores (ciudadanos, organizaciones, empresas y otros Estados) y a todos los procesos (registros, transacciones, búsquedas, comunicaciones, incluso transacciones sobre esa data…).
4.- Eso implica que todos los datos de todos que no involucran la seguridad y el funcionamiento del Estado quedan en posesión o control de actores que no operan institucionalmente. Así como el Estado tiene el monopolio de la violencia podría ser aceptable que también pueda ejercer un cierto monopolio sobre la información y el conocimiento. Pero es inaceptable que esos monopolios los comiencen a ejercer particulares o corporaciones que pueden hacer inevitablemente uso indebido de los mismos.
5.- Aquí entramos en el tema de la seguridad de los datos. El modelo paramilitar (y paralegal) de obtención y manejo de los datos no ofrece ninguna seguridad ni resguardo para sus propietarios legítimos. Así como Snowden pudo obtener acceso a los mismos, cualquier otro particular o corporación lo puede hacer para propósitos ilegítimos. O en todo caso es evidente que puede ocurrir cualquier catástrofe de datos que interrumpa o distorsione procesos claves. (En Venezuela pasó en noviembre de 2013 cuando un incendio dejó fuera de operación la plataforma Suiche 7B de interconexión de cajeros electrónicos).
6.- Un punto a considerar es que la agenda de la privacidad se pone en manos del usuario: si alguien tiene acceso a sus datos la culpa es suya. Aunque las grandes corporaciones de la información estén entregando (o dejando que la NSA tome) la información de sus usuarios y clientes. Ese modelo es similar al de las compañías productoras de envases desechables que culpan al consumidor de los desechos sin control. Asi evaden su responsabilidad.
7.- La creación de esa maquinaria de opresión se sustenta en la “legítima” necesidad de la seguridad del Estado. Sin embargo eso justifica la actuación al margen de la ley y sin el respeto al “debido proceso”. Los Estados tienen los recursos legales para tener acceso a la información de los ciudadanos, organizaciones, empresas y hasta otros Estados. Incluso pueden decretar “suspensiones de garantías” o “estados de excepción”. Pero no es aceptable un “toque de queda” permanente en la materia de información y conocimiento. En Venezuela el acceso a la información por razones de seguridad de Estado (de un Estado sometido sin duda a una agresión constante) se ha realizado conforme a las disposiciones del COPP.
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