El plan, cuya existencia fue revelada la noche del lunes, por el presidente Nicolás Maduro, contiene las "Medidas inmediatas del Gobierno de la Transición Democrática y de Unidad Nacional" que aspiraban implantar los golpistas tras el derrocamiento del gobierno constitucional, y va en consonancia con lo planteado en el llamado acuerdo para la transición, publicado hace tres semanas el diario opositor El Nacional.
“Conformar organizaciones civiles que colaboren con los órganos de seguridad ciudadana en la persecución, represión y castigo del crimen, especialmente aquellos de carácter violento”, dice textualmente y sin ambigüedad el punto número 2 de las llamadas “Medidas para atender la emergencia social y los sectores vulnerables”.
Se trate del uso de una modalidad que deja fuera del control formal del gobierno la gestión de la
seguridad pública y privatiza el “monopolio de la violencia” que es una potestad del Estado moderno.
Experiencias similares en otros países, como es el caso de Colombia y México, han derivado en severas violaciones de derechos humanos y han alimentado escenarios de guerra civil.
Asimismo el listado de medidas ratifica su carácter violento y confrontacional al asumir que existen
“colectivos” armados afectos al gobierno, los cuales deberían ser neutralizados “por la vía que fuese
necesaria”.
Cabe destacar que las medidas están estructuradas en las tres agendas o bloques planteados en
el documento de acuerdo para la llamada transición publicado el pasado 12 de febrero.
Sustitución gradual de misión cubana
Uno de los aspectos llamativos del plan es que propone la expulsión gradual de los funcionarios cubanos por “profesionales venezolanos” en las tareas de las misiones sociales en las que participan.
El mecanismo planteado es supuestamente “en aras de garantizar la continuidad de los sistemas de salud, educación, deporte y quehacer cultural del país”. Eso constituye un abierto reconocimiento a la eficacia y alcance del trabajo de los colaboradores de la nación caribeña en Venezuela.
Privatización y aumento de impuestos
En materia económica la propuesta requiere en su primer punto la solicitud de asesoría al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, para elaborar el programa económico.
Asimismo plantea la privatización inmediata de la Gran Misión Vivienda Venezuela que establece como premisa el retorno de los recursos invertidos por el Estado. Es decir, el pago completo del costo de los inmuebles.
Una de las medidas claramente enunciadas es la de facilitar sin límite aparente, recursos, divisas y condiciones, para que el sector privado pretendidamente reactive la economía del país.
De igual modo se establece la privatización inmediata de las empresas de servicios básicos como agua, electricidad, gas doméstico, aseo urbano y transporte público.
La derogatoria de las medidas de control y el establecimiento de plena libertad cambiaria está entre las medidas, al igual que la eliminación de las regulaciones de precios. Sin embargo se mantiene el control del salario de los trabajadores hasta que ocurra el saneamiento de la economía.
No dejaron por fuera la devolución de empresas y tierras expropiadas, todo ello acompañado de aumentos en las tasas de impuestos sobre la renta, valor agregado y unidad tributaria.
Por supuesto, el gran objetivo expresado es la privatización de la industria petrolera con una política expansiva de inversión doméstica como extranjera, con estímulos al capital como baja tributación.
Sin Bolívar ni Chavez
El plan también incluía medidas en la Fuerza Armada:
1.- Eliminar el término “Bolivariano”
2.- Prohibir consignas, imágenes, fotos y emblemas del Comandante Hugo Chávez
3.- Suprime la Milicia Nacional Bolivariana
4.- Reduce el número de efectivos militares, profesionales y tropas
5.- Suspende la adquisición de armamento a China y Rusia
6.- Retoma la colaboración con organismos como la DEA para el combate del tráfico de drogas.
Lea/descargue el Plan de 100 días
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