Hoy la Fiscalía del Distrito Nacional logró que un juez emitiera una orden de captura internacional contra los tres principales directivos de la entidad, los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de mil 300 millones de pesos, unos 29 millones de dólares.
¿Quienes son?
José Luis Santoro es un empresario venezolano, perteneciente a la burguesía regional de centro del país (Aragua y Carabobo), donde desde los años ochenta estuvo al frente de compañías y negocios de su familia.
Actualmente, o en fecha reciente, es el jefe del grupo empresarial Santoro, integrado por estas firmas: Tic Televisión, Croma, c.a., Doral Rent-a-Car, Construye y Crea MARACAY, c.a., Estación de Servicios Montaña Fresca, Cablecentro y Plásticos Celia.
Fue presidente de la Cámara Venezolana del Juguete y de la Federación Nacional de la Pequeña y la Mediana Industria. Desde esa posición gremial respaldó el paquete de medidas neolíberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989.
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| Santoro a la izquierda y Jiménez a la derecha |
Gabriel Jiménez Aray, es un abogado oriundo del estado Aragua, quien destaca por haber sido socio del penalista Ricardo Koesling, un anticomunista furibundo vinculado al exilio cubano en Venezuela y sus agentes en los cuerpos de seguridad de Estado en la llamada IV República.
En 2000 representó, junto a Koesling, a Juan Alvaro Rosabal, un supuesto agente de la inteligencia cubana, quien ofreció una rueda de prensa para denunciar actuaciones irregulares en el país.
Asimismo hay publicaciones que lo señalan de haber participado en el intento de asalto a la embajada de Cuba en Caracas, durante el fallido golpe de Estado de 2002, que alejó brevemente del poder al presidente Hugo Chávez.
El fraude con el Banco Peravia
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, informó hace un mes que la Junta Monetaria instruyó a esa institución para que inicie el proceso legal para someter a los accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a las leyes 183-02 y 72-02 y al Código Penal dominicano.
Explicó que esta disposición está contenida en la tercera resolución del 29 de enero del presente año de la Junta Monetaria, la cual además señala que la Superintendencia de Bancos debe depositar ante la Fiscalía del Distrito Nacional un informe contentivo de los hallazgos contenidos en ese informe hasta el 10 de enero pasado, así como otros documentos necesarios que permitan edificar a la Fiscalía sobre el proceso que podría iniciar.
Informó que entregó ayer el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia a la Fiscalía del Distrito Nacional, y dijo que ahora solo falta esperar que el ministerio público se tome unos días para estudiar la parte aportada por la Superintendencia de Bancos, con el corte al diez de enero.
“El caso fue conocido el jueves pasado en la Junta monetaria, tal y como correspondía en el reglamento de disolución”, agregó.
Detalló que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos a realizar acciones legales contra los responsables del desfalco del Banco Peravia.
Asunción Álvarez adelantó que la próximas semana entregarán sus ahorros al 95.4% de los clientes que tenían cuentas en el quebrado Banco, al tiempo de garantizar que su dinero está asegurado.
“Eso está conformado que será así. Entregaremos alrededor de RD$44 a RD$45 millones a más de 6 mil ahorrantes garantizados de 7 mil, y seguimos el levantamiento correspondiente en los hallazgos que podamos tener allí”, dijo.
La Fiscalía informó que ya fue a la Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, a fines de que sean ejecutadas las ordenes de captura y los imputados puedan ser presentados ante la Fiscalía para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente.
¨En la actualidad, se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación¨ expresó la fiscal Yeni Berenice Reynoso, en un comunicado.
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