Lavado de capitales marca historia delictiva de Yonny Bolívar

El asesino confeso de la joven interprete de señas, ultimada en medio de la violencia de la derecha, está relacionado con un conglomerado de empresas importadoras de tecnología, establecidas en el sur de la Florida, EEUU,  que nunca han requerido de divisas otorgadas por el Estado

Los vínculos de Yonny Bolívar, el asesino de la intérprete de señas Adriana Urquiola, con actividades de legitimación de capitales se remontan al menos a hace 10 años y el propio pistolero lo confesó en una audiencia judicial del proceso que se le siguió por el secuestro de un comerciante en los alrededores de Barquisimeto.




Por lo tanto no parece ser casual que ahora las investigaciones en torno a su fuga, tras el crimen de Adriana Urquiola, hayan arrojado diversos elementos que apuntan justamente a negocios relacionados con el lavado de activos a través de importaciones y compra y venta de divisas.

El dato más reciente se conoció el martes pasado cuando el presidente Nicolás Maduro informó en su programa semanal En Contacto con Maduro, que el número al cual Bolívar intentó telefonear cuando fue capturado en la ciudad colombiana de Barranquilla, correspondía al de un abogado de Caracas, colaborador cercano del enjuiciado dirigente opositor Antonio Ledezma.

Se trata de Leopoldo Henrique D'Alta Barrios, quien desde 2009 comenzó a trabajar oficialmente para la Alcaldía Metropolitana de Caracas, luego del triunfo de Ledezma, un exdirigente del partido socialdemocrata Acción Democrática, que creó su propia organización, Alianza Bravo Pueblo, y quien durante los años 90 fue gobernador del extinto Distrito Federal y alcalde del municipio Libertador.

D'Alta, de acuerdo con los informes oficiales “mantenía la estructura operativa del asesino Yonny Bolívar en bolívares durante las guarimbas y también mantenía sus gastos en dólares en su casa en Barranquilla, Colombia, con gastos que están siendo auditados”, explicó el jefe del Estado.

El abogado, quien fue creador de un cuerpo parapolicial, Guardianes Metropolitanos, en la alcaldía metropolitana, fungió como director de la Corporación Metropolitana de Seguridad desde 2009, y luego se convirtió en director de ambiente de la institución. Un documento manuscrito, que ha circulado en medios digitales, deja constancia de su renuncia a este último cargo el 31 de diciembre de 2012.

De acuerdo con una nota informativa del TSJ, Leopoldo D'Alta fue privado de libertad por un tribunal del estado Miranda por el delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

De las investigaciones preliminares se desprende que D'Alta habría sostenido comunicaciones telefónicas que lo relacionan con Yonny Bolívar. También se analiza una serie de transacciones bancarias hechas por el abogado, la procedencia de varios inmuebles a su nombre, así como de una cantidad de dinero en moneda extranjera que tenía al momento de ser aprehendido.

El tribunal también decretó, entre otras cosas, la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes a Leopoldo D' Alta, y la inamovilidad de sus cuentas bancarias.


“Me ganaba cientos de millones”

En marzo de 2006, Yonny Eduardo Bolívar Jiménez, fue condenado por el tribunal Mixto de Juicio N° 4 de la circunscripción penal del estado Lara, a la pena de 23 años, 7 meses y 5 días, por el secuestro del comerciante Amadeo Pastor Gudiño, hecho ocurrido entre diciembre de 2003 y febrero de 2004.

Además del secuestro se le condenó por usurpación de titulo militar, ocultamiento de arma de fuego, aprovechamiento de acto falso y obtención de pasaporte con falsedad ideológica.

Cabe destacar que Bolívar se presentó vestido como militar para ver una finca que tenía en venta el comerciante secuestrado, y que cuando le dijo que estaba detenido alegó que era por una investigación por lavado de dinero.

Adicionalmente en una declaración ante un tribunal explicó que “sólo soy una persona que he aprovechado oportunidades para realizar buenos negocios. Lo que yo hacía era comprar y vender dólares me ganaba cientos de millones de bolívares“, lo que evidencia la conexión con actividades de legitimación de capitales desde esos años.

Además en el momento de su captura a Bolivar se le incautaron bienes como un automóvil marca Porsche, una lancha y una vivienda en una urbanización de clase alta de la capital del estado Lara.

En abril de 2005 una juez temporal, Menfis Alvárez, acordó otorgar medidas sustitutivas a la privación de libertad asi como la devolución de los bienes decomisados. La magistrada, quien había sido juramentada en tribunal 5to. De juicio del estado Lara,el miércoles 27 de abril, tomó la decisión el viernes 29 de abril en la tarde. La intervención de la fiscalía y de la víctima del secuestro impidieron que Bolívar quedara en libertad.

Cuatro años después la juez fue destituida del Poder Judicial, por un dictamen de la llamada Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, pero nunca fue procesada penalmente.


Importadores de celulares desde Florida

El 23 de marzo de 2014, cuando Bolívar disparó contra Adriana Urquiola, se movilizaba en una camioneta marca Toyota, modelo 4Runner, año 2012, y de color negro, con las placas AD442FD. Ese vehículo era propiedad de la empresa distribuidora de teléfonos celulares Only GSM, domiciliada en Maracay, estado Aragua.

La camioneta, que fue retenida por la policía luego de que allanara el apartamento donde residía Bolívar en San Antonio de Los Altos, formaba parte de un lote de cuatro vehículos similares que fueron importados por la firma de celulares usando sus propias divisas, según una licencia de importación automotriz otorgada en 2012 por la ministra de Comercio de entonces, Edmée Betancourt, por una suma cercana a los 200 mil dólares.

Los documentos que sustentan la transacción, y que vinculan a Bolívar con Only GSM, fueron divulgados en abril pasado por el diputado electo por la oposición, Ricardo Sánchez, y podrían permitir establecer la fuente de financiamiento del homicida que se mantuvo en fuga por 445 días.

Entre los documentos revelados se encuentra una carta donde se indica que Yonny Bolívar es socio de la compañía y que tiene ingresos mensuales por la suma de 50 mil bolívares.

Only GSM es administrada por José Ramón Simones Puerta, un ex oficial de la Aviación Militar, que figura a su vez como socio o relacionado con unas siete empresas registradas en estado de Florida y domiciliadas todas en un edificio comercial de la ciudad de Doral, condado de Miami-Dade.

Se trata de Likuid Investments, LLC, Forst Investments, LLC, Only Gsm, LLC, Mancar Investments and Supplies, LLC, Irj Service's Corp., Cynertech, LLC y Collage Investments, LLC, cuya dirección es 11437 NW 34th St Doral, FL 33178.

En Venezuela al menos es posible ubicar registros de operaciones realizadas por Only GSM e IRJ Servicios, esta última especializada en sistemas de ascensores. Ambas firmas están asentadas en el edificio Centro Andres Bello, piso 3, oficinas 307-308, avenida Las Delicias de Maracay. Asimismo comparten los números de teléfono.

Llama la atención que las operaciones comerciales de las dos compañías requieren fundamentalmente de equipos importados, lo cuales han sido evidentemente adquiridos sin que ninguna de las dos firmas hayan requerido de autorización de divisas a través de Cadivi o Cencoex.

Incluso Only GSM ha sido proveedor de teléfonos de última tecnología para el operador de telefonía móvil, Digitel, según una reseña publicada en la página web del mayorista de equipos móviles.

Asimismo el grupo empresarial radicado en Doral logró desarrollar una marca comercial, Likuid, para una línea de teléfonos inteligentes y tabletas con tecnología Android, fabricados en Hong Kong, y distribuidos inicialmente en Venezuela y actualmente en Costa Rica.

Obviamente una actividad como esa demanda de grandes sumas de divisas, las cuales provienen o de recursos propios depositados fuera del país o de alguna fuente segura y constante, toda vez que la conversión de los bolívares obtenidos por las ventas en Venezuela, puedan convertirse nuevamente en dólares.

Esta es ahora otra de las preguntas que las investigaciones judiciales deberán responder, asi como la que explique el por qué un hombre con una condena, que culminaría casi en el año 2030, se encontraba en libertad en marzo de 2014 sin que mediara ni una boleta de excarcelación.
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