Las citaciones, emitidas a petición de los presuntos extorsionadores, también requiere los testimonios del gobernador de Aragua, Tareck El Aissami; al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Luis Reverol y al ex ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.
“Se le ordena que comparezca en la hora, fecha y a la hora especificada abajo para testificar y para la toma de testimonio relacionado con el caso previamente mencionado”, indican las citaciones dirigidas a los tres funcionarios venezolanos.
La información fue brindada en una rueda de prensa realizada en la sede de Doral News, donde el presidente editor del grupo, Gianfranco Napolitano, y la periodista venezolana Patricia Poleo se defendieron de los alegatos planteados contra ellos en la demanda.
El litigio fue calificado por los demandados como la continuación de una campaña de “descrédito y de calumnias” emprendida contra el grupo de medios y contra su personal, y Poleo fustigó la cobertura realizada por el Nuevo Herald, acusándolo de “reproducir chismes” al citar el texto de la demanda.
Cabello, El Aissami y Reverol fueron citados para comparecer ante la corte el lunes 10 de agosto a las 10 de la mañana, para ser consultados sobre sus vínculos con el empresario venezolano Gianfranco Rondón, quien aparece como demandante en el caso.
En caso de no presentarse a la audiencia, los demandados dijeron que enviarán abogados a Venezuela para tomar sus declaraciones en el país sudamericano.
Rondón, quien no pudo ser contactado para que hiciera comentarios, alega en la demanda que una serie de reportajes publicados por el grupo de medios de Doral donde él aparece como un empresario ligado al chavismo forma parte de un esquema para extorsionarlo y que Napolitano quería que le pagara $5 millones a cambio de dejar de publicar las historias.
“Napolitano inició un esquema para usar el periódico de Doral y la estación de televisión de Doral y sus empleados o agentes […] para extorsionar al demandante [Rondón] al publicar una serie de historias falsas y difamatorias para afectar negativamente los negocios del demandante, salvo que el demandante le pagara al acusado Napolitano, cinco millones de dólares para detener los pronunciamientos difamatorios y nuevas historias despectivas”, indica el texto de la demanda.
Poleo y Napolitano calificaron esas acusaciones como parte de una campaña de difamación.
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