En una breve nota, firmada por el veterano periodista Javier Ignacio Mayorca, se afirma la operación antidelictiva "contó con la participación activa de informantes confidenciales, conocidos como `patriotas cooperantes´ ”.
E inmediatamente agrega que "los “dateros” son residentes de los distintos sectores, quienes se encargaron de señalar la ubicación de los inmuebles donde se encontraban los principales objetivos de la acción policial."
Para producir la información Mayorca cita como voceros a "Fuentes de la PNB y deudos de Alberto Rausseo", uno de los hombres acusado de ser delincuentes y que fue ultimado el pasado lunes.
Atribuir el dato a los familiares de uno de los abatidos no tiene ningún sentido en términos periodísticos, toda vez que no esas personas no intervinieron ni tienen conocimiento de la forma como las autoridades policiales planificaron su actuación.
Y en el caso de que alguna fuente policial hubiera revelado un dato tan delicado es de suponerse que un reportero con 25 años en la fuente, como es Mayorca, se hubiera abstenido de revelarlo porque pondría en riesgo la integridad de los vecinos.
Pero adicionalmente el uso del término "patriota cooperante", carece de sustento legal aunque se pretenda asimilar con la figura del agente de operaciones encubiertas, previsto en la ley contra el terrorismo y la delincuencia organizada.
En ese caso se trata de personal especializado perteneciente a cuerpos de seguridad y que actúa con la autorización de un tribunal.y no de simples ciudadanos cuya vida queda comprometida si se revela información como lo hace el diario capitalino.
Además el posicionamiento del término "patriiota cooperante" la han desarrollado los medios con posiciones de derecha y lo atribuyen a personas con posturas prochavistas, por lo que el señalamiento de Mayorca podría afectar fundamentalmente a militantes del chavismo o a miembros de las organizaciones del poder popular como los consejos comunales y las comunas.
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