Su postura puede resumirse en cuatro puntos fundamentales.
1) El contrabando de combustibles: en forma global se estima que alcanza los 45 mil barriles de gasolina al año, de acuerdo con cifras citadas por Asdrubal Chávez, hasta hace unos días ministro de Petróleo. Sólo en Táchira, tras el actual cierre de la frontera, se dejaron de vender un promedio de 1 millón de litros de gasolina al día. Las pérdidas económicas para Venezuela suman 200 millones de dólares al año, pero además hay un significativo impacto sobre la productividad de la gente de la región que debe hacer colas de al menos 4 horas para abastecerse de combustible. Lo esencial del fenómeno radica en que Colombia deliberadamente no abastece a la región con las cantidades requeridas de combustible por lo que “obligatoriamente” este debe ser obtenido del contrabando desde territorio venezolano.
2) El contrabando de alimentos y bienes básicos: esta actividad desde Táchira, con la participación más o menos masiva de pobladores de la frontera, se agudizó al menos desde hace hace tres años. Y está impulsado por un mecanismo cambiario para devaluar artificialmente el bolìvar y comprar más productos a menor costo, y fue desarrollado por las mafias paramilitares. Se estima que la mitad de los alimentos básicos enviados a Táchira desde los centros de distribución nacional son desviados hacia el Norte de Santander.
3) La ofensiva cambiaria contra el bolívar: la clave de la expansión del contrabando es una estructura de cambio informal y sin control que fija arbitrariamente la tasa de cambio entre pesos y bolívares, y que deliberadamente favorece la moneda colombiana devaluando el bolívar. De esa manera las mafias del contrabando pueden adquirir mayores cantidades de alimentos con la misma cantidad de pesos. Es decir, mientras en diciembre de 2014 por un billete de 100 bolívares los cambistas informales pagaban 1400 pesos, en agosto de 2015 sólo pagaban 480. Esa modalidad de cambio está avalada por la Resolución 8 del Banco de la República, aunque su uso abierto comenzó mucho después, una vez que Venezuela ha profundizado los controles de acceso a las divisas. Para el gobierno venezolano este es el aspecto clave y su exigencia apunta a la derogación de la norma y la ilegalización del mecanismo, lo que debe acarrear el cierre de esas agencias de cambio y por lo tanto un duro golpe al sustento del contrabando de extracción. De lo contrario no habrá reapertura de la frontera.
4) La violencia paramilitar: el elemento catalizador de estos mecanismos ilegales de acceso a recursos es la violencia paramilitar. Son estas estructuras criminales-empresariales las que organizan y le dan sustento operativo y político a las prácticas delictivas enmascaradas como negocios. Dichas actividades en la zona de frontera además experimentaron un auge una vez que el gobierno colombiano impulso la llamada “desmovilización” de los ejércitos privados del tráfico de drogas durante los gobiernos de Alvaro Uribe. Al menos dos de las grandes agrupaciones criminales (Los Urabeños y Los Rastrojos) se establecieron, con la anuencia de las autoridades en esa región. La fórmula delictiva-empresarial ha conformado un modo de organización de la producción que bien podría denominarse “economía de la violencia” y que ha requerido una expresión política constituido por una especie de Estado paralelo, con su propios mecanismos de sanciones. De allí que la extorsión, el secuestro y el sicariato sean lo que en el Estado convencional identificaríamos como impuestos y sanciones administrativas y penales.
Nueva frontera de paz
La correción de estas cuatro distorsiones, producto de esa “economía de la violencia”, es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado una “nueva frontera de paz en la que los ciudadanos ya no se sean víctima del modelo capitalista, neoliberal y paramilitar que se trasladó desde Colombia al país"
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