“Mi presencia aquí, en primer lugar, es para darle un respaldo a los colombianos de la Venezuela democrática. Estamos avergonzados de lo que está pasando en la frontera y debemos repudiar cualquier violación de los derechos humanos”, explicó, la mujer que reemplaza actualmente al mandatario, privado de libertad por un tribunal que lo enjuicia por terrorismo.
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| Helen Fernández, encargada de la alcaldía metropolitana |
Las afirmación de Fernández obedecen a la decisión del gobierno de su nación de cerrar un sector de la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, para contener el contrabando de extracción de combustibles, alimentos, medicinas y otros suministros básicos, que son llevados al vecino país y genera un alarmante desabastecimiento en las poblaciones del occidente de Venezuela.
Asimismo la medida busca detener una ofensiva para devaluar artificialmente el bolìvar venezolano en la zona de frontera, que se desarrolla desde hace poco más de dos años, al igual que la violencia paramilitar con extorsiones, secuestros y sicariato alentada por las bandas criminales (bra-crim) organizadas en territorio colombiano.
“Vengo de parte de la gran mayoría de venezolanos a darles a los colombianos un abrazo fraterno y vamos a avanzar para abrirles las puertas a la frontera”, exclamó Fernández, asumiendo una postura equivalente a la promovida por las autoridades colombianas y en especial por los factores que se ven beneficiados por tales actividades ilícitas en la subregión, según lo destaca el diario El Colombiano.
La funcionaria interina afirmó que la decisión de impedir los ilìcitos es una estrategia del gobierno para distraer a la gente de las colas que tienen que hacer a diario para acceder a los productos básicos, así como evitar el proceso electoral del 6 de diciembre, al ver que el Gobierno ha tenido unos pésimos resultados en las encuestas, según reseñó el diario La Opinión, de Cúcuta.
La mandataria le pidió al Papa Francisco que intervenga en la difícil situación que se está viviendo en la frontera, así como a los organismos internacionales.
Paradójocamente el titular del cargo, Antonio Ledezma, realizó, cuando fue gobernador del extinto Distrito Federal, entre 1992 y 1993, deportaciones ejecutivas de ciudadanos colombianos y haitianos, quienes eran apresados en las calles y expulsados del país en apenas horas. Obviamente no podían hacer oposición administrativa y mucho menos judicial a la medida.
En el caso de los colombianos su expulsión se realizaba en autobuses que salían de Caracas con destino a Táchira, donde era obligados a entrar en territorio del vecino país.
Mientras que en el caso de los haitianos eran aprehendidos en la calle y en casas donde residían grupos familiares y los trasladaban a la base aerea de Aragua. Allí era embarcados en aviones militares de transporte y enviados apenas con la ropa que llevaban puesta a la nación caribeña.
En la comunidad haitiana abundan las historias de niños que quedaron sólos en sus viviendas mientras sus padres volaban forzosamente al país de donde habían salido huyendo de la pobreza y la represión militar.
Por su parte, el alcalde del municipio del Hatillo, del área metropolitana de Caracas, David Smolansky, (miembro de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López) afirmó que la difícil situación que vive Caracas en cuanto a seguridad “no es precisamente por lo que ocurre en la frontera, la raíz de este problema es porque en el país hay un poder judicial que hace década y media dejó de ser autónomo, que desde hace década y media dejó de impartir justicia y lo que imparte es impunidad”.
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