VICTOR HUGO MAJANO
CUATRO F
Desde el propio día después de las elecciones parlamentarias, el 7D, las organizaciones que agrupan a los propietarios de autobusetes que prestan servicio de transporte público urbano y suburbano (entre ciudades cercanas) anunciaron un aumento unilateral e ilegal de sus tarifas.
El transporte público, en todas sus variedades, está regulado y sus tarifas deben ser fijada por los municipios, en el caso de las rutas dentro de las ciudades, y por el Ministerio de Transporte Terrestre (conjuntamente con otros despachos) en el caso de las otras modalidades extraurbanas.
Así, desde al menos el pasado lunes 14, todas las rutas de transporte en casi todas las ciudades del país y sus áreas metropolitanas, amanecieron cobrando aumentos de entre el 30 y hasta el 100 por ciento.
En el caso de Caracas, la tarifa urbana pasó de 15 a 20 bolívares, mientras que en suburbanas, como las que conectan los Altos Mirandinos (Los Teques y San Antonio) con Caracas, los aumentos fueron de 46 a 70 bolívares, equivalente a un 50 por ciento. Mientras que entre las ciudades de los Valles del Tuy pasó de 25 a 50 bolívares.
El incremento, en un servicio cuyo precio mundialmente se reconoce que debe ser fijado por el Estado, refleja una escalada de la guerra económica y constituye un enorme desafío para el gobierno, ya que puede constituir un hito en el proceso de caotización y liberalización, por la vía de los hechos, de la economía venezolana.
El argumento de las agrupaciones de empresarios del transporte (que se presentan como asociaciones de trabajadores) es el incremento de los precios de los repuestos e insumos requeridos por su actividad, proceso este impulsado desde los sectores de la burguesía importadores de tales rubros.
Si bien el argumento parece ser razonable, aceptarlo como sociedad y Estado, al omitir cualquier acción de protesta ciudadana o no ejerciendo la autoridad, significaría avalar la propuesta neoliberal que han venido impulsando los importadores con sus acciones de guerra contra el pueblo.
Tal omisión se convertiría en el factor que legitime la especulación y la fijación arbitraria de precios por cualquier actor económico que sea propietario de un medio de producción o de instrumentos de comercialización.
Eso nos pondría en el inicio de una carrera sin límite de aumentos de precios sin sustento legal ni sentido económico, que en la lógica del capital se conoce como hiperinflación, pero que no es otra cosa que un “sálvese quien pueda”, que en realidad no puede salvar a nadie sino a hundir irremediablemente cualquier dinámica social.
Pero además se trata de un carrera en la que los asalariados son los principales y primeros perdedores, pues al no poseer sino su propia fuerza de trabajo, es imposible que se sumen a la escalada de precios pues estructuralmente son los únicos que no pueden fijar el precio de su mercancía.
Pero no son los únicos. En esa escalada son vulnerables los actores económicos que poseen menos o más precarios medios de producción: pequeños comerciantes, artesanos, técnicos por cuenta propia y los propios transportistas, si nos limitamos al caso concreto.
Es decir, se trata de una lógica autodestructiva.
Pero por otro lado la omisión, venga de cualquier actor político y social, es inadmisible pues el financiamiento de la mayor parte de la flota de transporte en manos privadas ha sido otorgado por el Estado, con tasas y plazos favorables por tratarse de un servicio esencial. Aunque sea propiedad de particulares el fin de esos recursos es social y su mal uso atenta contra la estabilidad del resto de la sociedad y pone en riesgo la actividad productiva.
Además el gobierno ha hecho un esfuerzo adicional con la creación de proveedurías especiales para abastecer a los empresarios del transporte público de los principales insumos y repuestos. Y aunque se alegue que esos suministros no cubren la totalidad de las necesidades, lo cierto es que se han visto favorecidos por ese trato preferencial.
Por lo tanto es consistente que de parte del sector transporte haya un reconocimiento a ese compromiso asumido por el gobierno con recursos que son de todos. Y si no lo hay, la sociedad y l a s autoridades están en el derecho y el deber de exigirlo.
Por otro lado hay que destacar la inversión que el Estado ha venido haciendo en sistemas masivos de transporte superficial o Bus Ciudades, incorporando unidades de gran volumen de la marca china Yutong, en el marco de los acuerdos con esa nación.
Eso demuestra la decisión del gobierno revolucionario de no abandonar al pueblo en medio de la profundización de la agresión económica, y permite comprobar que la vía correcta de potenciación del transporte colectivo pasa por asegurar y profundizar el desarrollo de sistemas de gran capacidad bajo control directo del Estado y de la sociedad.
Sin embargo, mientras se consolida el nuevo modelo, es imperativo actuar y detener el ataque contra nuestro pueblo.
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