Hurto de batería por trabajadores causó incendio en subestación eléctrica en Carabobo / Cuando la corrupción se convierte en sabotaje

Un vulgar robo de la batería de uno de los sistemas de protección en una subestación eléctrica Santa Clara ubicada en la ciudad de Mariara, dejó sin servicio eléctrico por varios días a poblaciones de los estados Aragua y Carabobo, tras incendiarse el complejo transformador el viernes pasado poco antes del amanecer.

De acuerdo con un nota de prensa del Ministerio Público, un equipo del Sebin (policía de seguridad de Estado) detectó que una de las baterías de corriente fue suplantada por una de menor amperaje, la cual estaba dañada, lo que provocó una falla que ocasionó el incendio.

El incendio de la subetsación Santa Clara dejó sin luz a más de 150 mil  personas

Por su parte el comandante de la Zona de Defensa Integral de Carabobo (Zodi Carabobo), G/B Carlos Augusto Leal Tellería, fue más preciso el domingo pasado cuando explicó que "los funcionarios (qe hicieron la investigación), detectaron la sustracción de las fuentes de energía de los protectores que impidieron soportar la sobre carga del flujo eléctrico, ocasionando el lamentable hecho”.

Si bien inicialmente las autoridades de la estatal energética atribuyeron el hecho a un sabotaje clásico, resulta probable que (con base en las evidencias) se trató del hurto de una batería con el fin de utilizarla o revenderla vistos los costos y la escasez de este tipo de equipos.

Sin duda el propósito no era provocar un accidente, ya que quedaría al descubierto el robo, sino apropiarse de la batería y esperar que la usada como reemplazo fallara en algunos días o semanas y sin consecuencias de tal magnitud.

Con base en los resultados de la pesquisa la fiscalía logró privativa de libertad para los operadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Javier Navas (30) y Edder Olivar (27), por su presunta responsabilidad en la falla eléctrica.

En la audiencia de presentación, la fiscal 5° de esa jurisdicción, Celia González, imputó a los dos hombres por presuntamente incurrir en los delitos de daños a las instalaciones del sistema eléctrico nacional y hurto de equipos o materiales eléctricos, previstos y sancionados en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados y a solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 8° de Control de Carabobo dictó medida privativa de libertad contra Navas y Olivar, quienes permanecerán recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en el municipio Naguanagua.

De acuerdo con la investigación preliminar, en horas de la mañana del citado día, se generó una explosión que ocasionó un incendio en uno de los transformadores de corriente que surte de electricidad a varios municipios del estado Carabobo.

Ante lo ocurrido, representantes de Corpoelec informaron de la situación a funcionarios del Sebin, quienes se acercaron al lugar para verificar la irregularidad.

Ese mismo día, los funcionarios del Sebin aprehendieron los dos trabajadores de Corpoelec, quienes se encontraban de guardia durante el hecho y, a su vez, no habrían notificado el cambio o la pérdida de dicha batería

Las pérdidas se estimaron inicialmente en caai 2 millones de dólares


Tras la explosión se suspendió el servicio eléctrico en los municipios Diego Ibarra y San Joaquín del estado Carabobo, así como en la población de Ocumare de la Costa del estado Aragua.

Asimismo el costo de estimado de los daños causado está en el orden de la suma de 1 millon 800 mil dólares, según el presidente de Corpoelec y ministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez.

Cabe destacar que un examen de eventos o situaciones que en los últimos años han afectado procesos productivos esenciales o han puesto en riesgo la seguridad de la nación y su estabilidad política y económica han sido generados por actos de corrupción.

Ese fue el caso, por ejemplo, de la infiltración en un campo de tiro, de un grupo de ciudadanos de Trinidad, presuntamente relacionados con el Estado Islámico, en marzo de 2014. Al menos cinco hombres nativos de la nación atlántica y de religión musulmana fueron llevados dos veces al polígono de tiro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para darles entrenamiento en el uso de armas de combate. En el incidente están involucrados un funcionario del Sebin, especializado en operaciones de comando, y el segundo comandante de la unidad de acciones especiales de la PNB.

Ambos están procesados por el delito de traición a la patria y pueden ser condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, aunque es muy probable que su actuación haya estado motivada por el acceso a alguna compensación financiera, incluyendo, posiblemente, pagos en divisas.


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