Ese año 2013 el investigador Luis Salas Rodríguez (quien enero de 2016 se convirtió en vicepresidente del área económica por 40 días) señaló que no tenía sentido seguir hablando de inflación y escasez, ya que “de lo que estamos hablando es de especulación, usura y acaparamiento”.
Y agregó que “No se trata de accidentes ni de desequilibrios, sino de prácticas deliberadas puestas en función de propósitos deliberados”. La historia pareció darle la razón.
A comienzos del mes de noviembre de 2013, el entonces jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza (quien huyó a EEUU en 2015 tras una investigación por corrupción) alertó sobre irregularidades en la determinación de precios de diversos productos que estaban a la venta en varios establecimientos, entre ellos Daka.
Daka es una cadena que vende todo tipo de electrodomésticos y contaba para esa fecha con dos tiendas en Caracas y otras tres en el resto del país.
Días después el presidente de la República, Nicolás Maduro, en cadena nacional, ordenó la ocupación de la red de electrodomésticos y poner a la venta los artículos, a precios justos.
La decisión formó parte de un paquete de medidas económicas anunciadas por el Jefe de Estado para combatir la especulación de precios, regular las importaciones y controlar la asignación de dólares a precio oficial.
Tras la inspección, el entonces ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres, informó que la empresa no solicitaba directamente las divisas, al Estado, sino que crearon varias empresas de maletín, que no tenían ni siquiera sede.
Explicó el funcionario que las investigaciones se iniciaron en su sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
La medida contra la empresa Daka fue aplaudida por gruesos sectores de la población, pero por supuesto fue duramente criticada por los partidos de derecha, quienes vincularon la medida con las elecciones presidenciales que se celebrarían un mes después.
Pero más allá de colocar algunos productos al alcance el pueblo, el ejecutivo buscaba dar un golpe a la usura, la especulación y al acaparamiento.
“La inflación se usa como herramienta de lucha política para presionar a gobiernos, imponer intereses o simple y llanamente conspirar desesperando a la población, desmoralizándola y atizando el odio al confrontarla entre ella”.
Además, el gobierno buscaba detener el fraude importador. Es decir, empresas que habían obtenido dólares preferenciales para importar determinado producto, pero vendían las mercancías a precios especulativos, o simplemente no importaban nada.
Así lo manifestó el presidente Maduro en una cadena nacional de radio y televisión desde el estado Anzoátegui, al anunciar la orden de vender a precios justos los productos que la empresa Daka mantenía escondidos en sus almacenes.
Pero Daka fue solo el comienzo. Luego, en los siguientes días y semanas, vinieron medidas similares contra otros establecimientos y expendedores de ropa y calzado.
En esa ocasión Maduro informó que la sobrefacturación de los productos alcanzaba el 1.000%.
Tras el operativo realizada en la sede de Daka en la urbanización Boleita, al noreste de la capital, García Plaza, aseguró que habían encontrado irregularidades “que nos permiten identificar la presunción del delito de usura”.
Luego vinieron investigaciones judiciales, toda vez que se determinó que el daño perpetrado al país era milmillonario. En la lista figuraban muchas "empresas de maletín" con accionistas y directivos desconocidos, pero también otras muy conocidas y legalmente establecidas que se nutrieron de abundantes flujos de divisas a una tasa oficial.
Los cálculos del fraude de las importaciones varían, pero Edmée Betancourt, ex titular del Banco Central de Venezuela señaló en 2015” que hasta $20.000 millones de dólares de los $59.000 millones destinados a importar productos en 2012 desaparecieron debido a transacciones fraudulentas”, según citó el diario estadounidense The New York Times.
Por su parte, la empresa de consultoría económica, Ecoanalítica, calculó en 2015 que desde el 2003 al 2012 fueron robados $69.500 millones mediante importaciones fraudulentas.
Agregó la empresa que 20 por ciento de las importaciones declaradas por compañías privadas han sido falsas, mientras que 40 por ciento de las importaciones realizadas por agencias gubernamentales y empresas del gobierno habían sido fraudulentas.
En 2015 se difundió el caso de la compañía Ursula Impor & Export, de los hermanos Ayoud (Adhan, Maruan, Samih y Akran) quienes crearon 68 firmas para apoderarse de divisas de Cadivi para importar alimentos, concretamente, leguminosas.
Del total de empresas había 15 plenamente identificadas, aunque solo siete de ellas tenían sede en Venezuela. Las otras ocho, eran de Panamá.
Este grupo habría logrado apoderarse entre 2010 y 2013 de un monto de 4,9 millones de dólares, según refirió el portal Cayauriuma en junio de 2015.
Algo similar sucedió con Inversiones GP Internacional, de los hermanos Mansour Hammed, que en febrero de 2014 estuvieron involucrados en el decomiso de más de 50 mil electrodomésticos acaparados en Valencia. Se trata de equipos con las marcas GPlus y Electrosonic
El portal Con El Mazo Dando publicó en abril de 2016 que la empresa trasnacional Proter And Gamble (P&G) había incurrido en el delito de sobrefacturación, aunque la empresa le daba por llamar “precio de transferencia”.
La sobrefacturación estaría por el orden del 200% en los productos que importa la propia P&G desde su filial de Brasil, es decir los productos de la empresa tenían un costo en su sede en Brasil, pero cuando eran exportados al país costaba tres veces más.
El diferencial por cada producto lo pagaba el estado venezolano y las divisas resultantes no iban a parar a Brasil, sino a una cuenta que tiene Procter & Gamble Internationals Operations en Suiza (paraíso fiscal).
Otro caso citado por el portal tenía que ver con importaciones en el sector salud y refieren que el país pagaba 4,6 mil millones de dólares anuales para que se produzcan los productos de salud.
Realizaron la comparación con Colombia, donde hay 18 millones de habitantes más, y encontraron con que el mercado de venta de los productos de salud (ganancias + costos de producción) es de 4 mil millones de dólares.
Mencionó el portal que empresas como Pfizer, Abbot, Bayer, Novartis, Merck y Wyeth, entre otras, había recibido más de mil millones de dólares desde que existe el control cambiario en Venezuela hasta ese momento (2016).
Algunos casos
En septiembre de 2017 fueron detenidos en Valencia Carabobo María Zigala Muñoz y Ricardo Peña Riera, cuando pretendían abodar un vuelo para huir a Aruba,
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que estaban involucrados en los delitos de fraude y sobrefacturación, en la asignación de divisas para la empresa Azucarera Río Turbio otorgadas por Cadivi y Cencoex.
Anunció que ambos serían enjuiciados en relación al sobreprecio en 235% de una obtención de aproximadamente 60 millones de dólares.
Dijo también que habían incurrido en actos ilícitos las compañías, Corporativa Fortaleza da Brazo, Magma Mineral Ground y Bates Hill C.A.
Esta última empresa en una importadora de químicos para la elaboración de placas funerarias, la cual sobrefacturó entre 14.000% y 130.000%, lo que se corresponde un desfalco de 15,56 millones de dólares entre el 2011 y 2014.
“Cotizaron a 650 y 724 dólares por kilo, cuando su precio en el mercado internacional oscilaba entre 0,5 y 5 dólares por kilo”, explicó Saab.
Otras empresas citada por el fiscal general que también cometieron ilícitos contra la Nación fueron Magma Mineral Group (sobrefacturaciones por casi $9 millones entre 2008 y 2011), la Cooperativa Forteza da brazo RL (robó 28 millones de dólares entre 2005 y 2013).
El pasado 7 de septiembre de 2017 el presidente Nicolás Maduro durante una intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, anunció algunas medidas económicas, presentó para su discusión ocho leyes y además anunció la reactivación de investigaciones sobre el caso Cadivi y los grandes capitales amasados durante la guerra económica.
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Recordó que la comisión presidencial creada para investigar irregularidades en Cadivi, que era presidida en su momento por la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, no dio resultado alguno, y solicitó al Fiscal General Tarek William Saab reabrir las investigaciones.
Reivindicó la manera cómo se enfrentó la guerra económica en 2013, cuando “el dakazo” y recordó que el modelo de guerra económica, implica romper ciclos productivos y caotizar los mecanismos de fijación de precios de todos los bienes de la economía
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En ese sentido, denunció que “en Venezuela ocurre la liberalización de los precios en manos de la especulación. Nos han impuesto el capitalismo en nuestras propias narices. El ‘sálvese quien pueda’: quien pueda comprar, que compre. Quien no, que se ‘fuña'”.
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