En este caso La Tabla ha localizado datos que demuestran el interés de Jorge Echenagucia Vallenilla, ya no en las importaciones sino en el petróleo, lo cual es absolutamente consistente pues finalmente las divisas que son su objetivo provienen de esa fuente. Sin embargo este proceso ocurre en medio de un prolongado y cada vez más estricto bloqueo comercial que impide los negocios entre entidades creadas en EEUU y el gobierno de Venezuela.
Resulta que hace 13 meses el exitoso "emprendedor" creó una compañía en los Estados Unidos. Su nombre, Hot Oil Engineering LLC, indica claramente el área de negocios a la que está orientada, aunque su documento de constitución dice que se puede de dedicar a cualquier tipo de actividad permitida, pero en realidad se trata de una frase rutinaria en éste tipo de gestión.
El mismo día que se inscribió la compañía unipersonal de Echenagucia, que fue el 5 de marzo de 2019, también lo hizo una denominada JV Integral Services LLC, cuyo único directivo u oficial es Jesus Vera. Mientras 10 días después se inscribió otra llamada Confab Petroleum Solution LLC, al frente de la cual figuran Gerardo Casco Bosco, Mario Bosco y Christiaan Soto.
Estos son puntualmente lo datos de esas compañias registradas en el estado de Florida y cuya información es de consulta publica.
1) Hot Oil Engineering LLC con el documento
2) JV Integral Services LLC con el documento L19000063574
3) Confab Petroleum Solutions LLC con el documento L19000079311
El 5 de marzo también se creó una cuarta compañia, Crude Oil Integral Solutions LLC, con el documento L19000063731 que como una especie de consorcio reúne a las tres entidades citadas y a un cuarto participante como persona natural.
Se trata de Ali Sosa, un ingeniero de petroleo de dilatada experiencia (incluida Pdvsa) y alto perfil técnico, cuyas experiencias laborales mas recientes fueron en Vetra (creada por Humberto Calderón Berti en Colombia) y la venezolana Suelopetrol, socia de la estatal de energía en la empresa mixta Petrocabimas.
Todos los asociados, y el "consorcio", establecieron como domicilio una vivienda ubicada en Orlando, propiedad de Gerardo Bosco. Esta es su ubicación precisa: 11905 Yellow Fin Trail, Orlando, Florida 32827
Sobre Confab y sus representantes vale comentar que se trata de una vieja compañía (desde 1987 al menos) dedicada a la distribución de productos metalmecánicos y servicios de ingeniería en esa misma especialidad, todo esto enfocado al diseño de equipos y plantas para la produción de crudo y gas. Su ubicación en Caracas remite al Centro Profesional Santa Paula en El Cafetal, municipio Baruta y posee una planta de envergadura en el estado Aragua.
Confab desarrolla equipos y plantas para producción de crudo y gas
Por su parte Bosco, quien funge como presidente, es un ingeniero mecánico egresado de la privada Universidad Metropolitana y todo indica (al relacionar apellidos y edades) que es el heredero de la compañía. Mientras que Soto es ingeniero eléctrico de la misma universidad. Ambos muestran en sus perfiles sociales que su formación secundaria transcurrió en el Colegio Champagnat (Hermanos Maristas) de Caurimare.
Lo llamativo del asunto es que evidentemente la creación de las entidades no obedece al desarrollo natural de un negocio sino al cumplimiento de requerimientos legales y comerciales para abordar una contratación preestablecida.
¿Con quien seria tal contratación? Obviamente el "mercado" objetivo de todas las personas o empresas participantes en el consorcio es el gobierno de Venezuela y la estatal petrolera PDVSA. De hecho todos tienen antecedentes como proveedores del Estado y según el registro de contratistas Confab (como grupo empresarial venezolano) esta autorizado a contratar con entidades públicas.
Y aquí comienzan las inconsistencias: pretender hacer un negocio con el gobierno de Venezuela o su petrolera, con compañías recién formadas en jurisdicción estadounidense, en medio del esquema de sanciones, es simplemente imposible. "No tiene sentido", nos dijeron dos diplomáticos conocedores del tema, consultados para ésta nota.
Por su parte la abogada Maria Lucrecia Hernandez, quien forma parte de la organización SURES, de investigación y estudios en DDHH, le explicó a La Tabla que el principal instrumento jurídico estadounidense que restringe las relaciones comerciales con Venezuela es la “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil” Nº 113-278 publicada el 18 de diciembre de 2014 por el Congreso de ese país, y que prohíbe taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas en jurisdicción estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere. Esta Ley hace especial referencia al BCV y a PDVSA.
A la ley hay que sumar las siete órdenes ejecutivas dictadas con posterioridad por los mandatarios Barack Obama y Donald Trump, que son:
Orden Ejecutiva Nº 13692-2015: Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”, Orden Ejecutiva Nº 13808-2017 prohíbe al sistema financiero internacional participar en cualquier operación de compra, venta, negociación o renegociación de deuda, Orden Ejecutiva Nº 13827-2018 contra la criptomoneda Petro, Orden Ejecutiva Nº 13835-2018 contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela, Orden Ejecutiva Nº 13850-2018 contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela, Orden Ejecutiva Nº 13857-2019, que establece el bloqueo de los activos de PDVSA (CITGO) en EEUU, Orden Ejecutiva Nº 13884-2019, que decreta el bloqueo general de todas las propiedades del Estado venezolano en EEUU.
A su vez ese marco legal (ley y órdenes ejecutivas) han permitido (según el registro de SURES) 43 actos administrativos de la OFAC desde 2017 hasta marzo de 2020 que son los que establecen las prohibiciones expresas de comercialización de personas y entidades/empresas con Venezuela.
Otro tipo de disposición administrativa a cargo de la OFAC son las llamadas licencias, que es una especie de flexibilización de las prohibiciones generales para casos específicos. Es lo que ha ocurrido con Chevron, Rosneft o los operadores de tarjetas de crédito entre otras 28 licencias hechas públicas hasta la fecha.
A la interrogante sobre el interés de Echenagucia y el "consorcio" Crude Oil Integrated Solutions en crear esas entidades en medio del bloqueo, la jurista plantea tres posibilidades. ,
Uno, que esperan que se les adjudique alguna licencia que emite la OFAC o alguna otra figura que autorice algunas operaciones comerciales. Sin embargo eso dependerá del interés de EE.UU. o de sus aliados comerciales, y no es algo que puede ser solicitado como un derecho (a través de un "procedimiento contradictorio" con pruebas y alegatos) pues tiene carácter discrecional.
Dos, que intenten superar el bloqueo económico esperando que el gobierno de EE.UU. permita informalmente las transacciones sin tener que reconocerlo formalmente en público. Esto (agregamos nosotros) implica un gran riesgo comercial y financiero pues las restricciones seguirían en vigencia.
Y tres, que sea parte de un esfuerzo por rebasar el el bloqueo a través de una arquitectura jurídica que evada las regulaciones, lo que sería poco probable debido a la forma en que aparentemente se articuló
Una cuarta posibilidad, (visualizada apenas hicimos el hallazgo), es que los negocios previstos no eran con el gobierno que encabeza Nicolas Maduro, sino con el hipotético de Juan Guaidó, que a pesar de ser de "fantasía" tiene el control del principal activo venezolano en EEUU, la corporacion de refinacion y distribucion de combustibles, Citgo. Vale recordar que antiguos proveedores de PDVSA desde el primer momento comenzaron a ser contratados por la "administración Guaidó" que controla desde febrero de 2019 a Citgo.
O que simplemente los asociados jugaron posición adelantada y compraron la promesa de un rápido derrocamiento de Nicolás Maduro.
Ahora eso lo tendrá que determinar la investigación que debería desarrollarse a partir del descubrimiento que se expone en esta nota.
El interés petrolero de la familia Echenagucia
Pero el de marzo de 2019 no ha sido el único ensayo de Jorge Echenagucia para entrar al negocio petrolero. Lo hizo en 2016 en dos oportunidades con la creación de dos compañías en Panamá.
Una llamada Gasport International Company, S.A., creada el 11 de julio de ese año, presidida por el propio Echenagucia, y en cuya directiva figuran Mario Orlando Gatto y Alexandra Basso (residenciados en el norte de Anzoategui), y (¡oh suprise!) Eduardo Capriles Gonzalo, primo hermano de Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial de la oposición en 2012 (es hijo de Armando Capriles García, hermano de Henrique Capriles García).
No hemos localizado registros de operaciones de esta entidad o referencia a contrataciones con PDVSA o cualquier otro componente de la República Bolivariana de Venezuela.
La otra iniciativa corresponde a la firma Bettoil International Company, Inc., inscrita el 11 de octubre de 2016 y también presidida por el "dueño de la fiesta". Lo acompañan en la directiva Marcel Eduardo Mancera y Rafael David Moros Gámez. Este último aparece mencionado en noviembre de 2018 en la "presentación en sociedad" que hizo el Ministerio Público sobre el fraude por más de 14 millones de dólares a través de cuatro compañias (Produquiven entre otras) que recibieron divisas a tasa oficial de Cadivi y Cencoex.
Sin embargo lo más interesante de Bettoil es que en realidad es una compañía creada para comercializar un "invento" del padre de Echenagucia, para procesar crudos pesados y extrapesados.
Jorge Echenagucia Cioppa es un ingeniero químico de 71 años que trabajó en PDVSA y que llegó a ser, entre 1998 y 2000, el gerente general del Terminal de Embarque de Jose, por dónde se exporta el mayor volumen de crudo pesado de Venezuela.
La técnica que Echenagucia padre propone la denomina transformación térmica rápida (TTR), y según algunas consultas preliminares se aleja de las tecnologías más desarrolladas como la coquificación retardada, que permite una recuperación del 60 por ciento, o la conversión profunda, que lleva esa tasa al 90 por ciento. Si bien la cantidad de información en la web de Bettoil es muy escueta, puede aportar algunas pistas que deberían ser evaluadas por expertos.
El hecho es que en este caso la incursión parece haber sido exitoso, al menos en la concreción de alguna contratación con PDVSA, al menos en forma de experimento. La misma página muestra que Bettoil instaló y opera (o al menos lo hizo en algún momento) una planta piloto en el patio de tanques F6 del Campo Tía Juana Pesado, en la División Occidente (Costa Oriental del Lago) con una capacidad de 240 barriles/día.
No se ha ubicado otra referencia sobre la experiencia (ni documental ni testimonial) y conocedores del tema advierten que lo lógico sería un ensayo sobre la Faja, donde se procesa el mayor volumen de crudos pesados y extrapesados, y no en la cuenca del Lago, donde prevalecen petróleos livianos y medianos.
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