La ley, bautizada con el nombre de su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, pretendía asegurar que “ya no va a ser gratis atentar contra el orden público", según el mandatario que hoy viene a Venezuela a dar clases de Derechos Humanos.
Estas son algunas de las novedosas iniciativas propuestas por este ilustre defensor de los derechos de los humanos, es decir de los de su clase social.
- La principal novedad del proyecto sería la tipificación del delito de “saqueo”. De inmediato, parlamentarios oficialistas emplazaron al Congreso a aprobar proyecto de ley y “apoyar con firmeza las proposiciones que el Presidente de la República ha dado a conocer, y que lo único que pretenden es parar este espiral de violencia (sic), utilizado por el lumpen, el anarquismo a través de los saqueos, el caos, las barricadas, la destrucción de la propiedad pública y privada”. (Suena como las guarimbas).
- Convierte en delito “invadir u ocupar ilícitamente diversos inmuebles, como: viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o de cualquier otra índole, sean privados, fiscales o municipales.” Es decir, una de las formas más tradicionales y emblemáticas en que se afirman las movilizaciones sociales será considerada un crimen. La sanción sería una pena de cárcel de hasta tres años para los manifestantes que participen en tomas ilegales de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades, informó el diario La Tercera.
- También constituirá delito “impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”(es decir, el corte de calle) y la “interrupción de servicios públicos” entendiéndose por tales los “hospitalarios, de emergencia, de suministro eléctrico, agua potable, combustibles, comunicaciones o transportes”.
- Uno de los agravantes en las penas será el actuar “encapuchado”.
- Se crea una División de Estudios, e encargado de elaborar y desarrollar estrategias contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, pero también de “monitorear conflictos sociales y huelgas, en cualquier punto del territorio, que puedan tener impacto en el orden público”, de acuerdo a fuentes del ministerio citadas por La Tercera.
La propuesta finalmente fue rechazada en la mayoría de sus aspectos, aunque durante todo su gobierno Piñera intentó utilizar normas antiterroristas heredadas de la dictadura dirigida por Pinochet.
En 2013 la ONU solicitó a Chile la aplicación de estas normas, que se venían usando para actuar contra el pueblo mapuche.
"Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante", señaló Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas,
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